El extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas puede fugarse para eludir la acción de la Justicia en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Esa es la principal razón por la cual el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé le rechazó el permiso de salida del país con el doble objetivo de reunirse con su familia en Brasil y viajar a Europa para continuar con su actividad de representación, compra y venta de futbolistas. En coincidencia con un dictamen de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, la resolución subraya que Brasil no tiene convenio de extradición con la Argentina, que la familia viajó a San Pablo subrepticiamente, cuando ya existía un pedido de procesamiento y, además, Arribas posee medios económicos y relaciones sociales y políticas que le permitirían mantenerse prófugo.
Mientras la investigación avanza por varios carriles simultáneos (la Unidad de Información Financiera –UIF– pidió acceso al expediente y el fiscal Gerardo Pollicita requirió información sobre el celular de Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri, por la causa Vicentin), Arribas fracasó en su intento de salir legalmente del país. Pretendía hacerlo en un vuelo privado y con una suerte de ticketera abierta para visitar a su mujer y a su hija y desplazarse por el mundo sin brindar demasiadas precisiones sobre sus destinos.
“El grupo familiar del imputado viajó recientemente, cuando ya era conocida por el nombrado la existencia de este proceso. Para ese entonces, Arribas había prestado declaración indagatoria, la Fiscalía había solicitado su procesamiento con prohibición de salida del país y retención de pasaporte, y existía la consecuencia posible de que el juez hiciera lugar a la medida solicitada. Entonces, el motivo esgrimido no resulta suficiente para hacer lugar al permiso de ausentarse del país por casi dos meses, y menos aun para autorizar a circular con destino incierto por diferentes países, lo cual constituye un claro peligro procesal. (…) El acusado solicita autorización para visitar un país, Brasil, con el que no posee Argentina convenio de extradición, no informa los sitios en los cuales presuntamente residirá, solicita autorización por más de dos meses, cuenta con una notable capacidad económica, medios y contactos en el extranjero, que le permitirían fácilmente eludir el accionar de la Justicia”, se opusieron los fiscales y suscribió el juez.
El viernes último, el juez Augé fijó fecha para el 9 de octubre para ampliar la declaración indagatoria de Arribas. El exjefe de los espías había prometido volver a la Argentina el 20.
Razones adicionales motivaron las sospechas del Poder Judicial sobre una eventual ausencia permanente de Arribas. Un dato extraoficial, no incorporado formalmente a la causa, hablaba de una reciente conversación con el entorno más cercano al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Además, el ex “Señor 5” anunció que “viajaría a otros sitios que en esta instancia no puede precisar, puesto que depende de cómo se desenvuelva el mercado de pases de los distintos deportistas que representa”. Sobre el particular, la respuesta fue: “No parece una razón suficiente aguardar a que culminen las negociaciones de los mercados de pases de jugadores de fútbol, con posterioridad al 20 de octubre, para realizar el acto procesal que permitirá avanzar en este proceso”.
Según consignaron los fiscales, “el trayecto inicial lo realizará en un avión privado”, cuyo plan de vuelo se desconoce. Por mucho menos, el empresario Lazaro Báez lleva casi cuatro años y medio preso.
Cómo sigue la investigación
La causa por espionaje ilegal enfrenta escenarios complejos.
El martes habrá una audiencia clave para tratar la recusación que presentó la ex subdirectora de la AFI Silvia Majdalani contra la fiscal Incardona. Y Fernando Sicilia, el defensor del exespía Leandro Araque, denunció que el teléfono que le fue secuestrado y del que vertieron los datos que desnudaron el espionaje ilegal, “fue manipulado por personal del juzgado que intervino anteriormente sin la debida guarda ni cadena de custodia”. Los dardos apuntan al primer juez de la causa, Federico Villena, apartado por la Cámara Federal de La Plata. Y la suposición se basa en un documento que figura en el propio expediente. Parece inminente un planteo de nulidad desde la página 1. El juez Augé le comunicó al fiscal porteño Gerardo Pollicita que tiene a disposición “una copia forense del contenido del celular de Darío Nieto a través del sistema Ufed Premium y que es posible efectuar una búsqueda por voces”. Pollicita y el juez Julián Ercolini tramitan la Causa 268/2020, caratulada “Sandleris, Guido y otros s/ defraudación”, en la que se investigan los millonarios préstamos a la empresa Vicentin. El domingo pasado, Tiempo reveló cómo Nieto, presuntamente a instancias de Macri, operó sobre los diputados de Juntos por el Cambio para voltear un salvataje a la cerealera que priorizaba la situación de los pequeños productores y cooperativistas.
Sobre el secretario de Macri, citado a indagatoria para el 6 de octubre, el juez resolvió el viernes formar el legajo de prueba FLP 14149/2020/85 caratulado «Participación en la organización de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional», al que incorporó «la prueba relativa a los exfuncionarios imputados en autos Darío Nieto y Susana Martinengo, u otros que surjan con el devenir de la investigación».
Además, en las derivaciones de Vicentin el expediente denota la posibilidad de una maniobra de lavado de dinero. En ese contexto, Claudio Javier Castelli, titular de la Dirección de Litigios Penales de la UIF, pidió «tomar vista de las actuaciones a fin de evaluar la posibilidad de presentarse como querellante». «
