Centenares de manifestantes frente a los tribunales y taxistas con banderas contra el cobro de peajes dentro de la ciudad lanzaron este «superlunes» de protestas sociales en Chile, donde empezó la tercera semana de una crisis sin salida a la vista y que desgasta al gobierno de Sebastián Piñera.

Desde temprano Santiago se vio no obstante con más tráfico y peatones que los dos lunes anteriores, cuando los daños a la infraestructura de transporte público y los desmanes por saqueos e incendios semiparalizaron la rutina de estudiantes, empleados y comercios.

«La lucha sigue pero tenemos que levantar el país, a nadie le conviene que caigamos en picada», dijo a la AFP Olga Pérez, una contadora que acudía a su trabajo después de una hora y media de viaje en autobús desde su casa. «Todavía no tenemos el metro habilitado», dijo esta habitante de Puente Alto, un suburbio de clase trabajadora golpeado por el vandalismo.

«Esto aún no termina» es el lema en redes sociales para este «superlunes» en Chile, uno de los países más estables de América Latina hasta este estallido social sin precedentes que sorprendió a un poder político que todavía no sabe cómo controlar la crisis.

Las protestas cuestionan un Estado ausente en educación, salud y pensiones dentro de un modelo económico de libre mercado, donde una minoría controla la riqueza del país. De esta manera se han multiplicado las voces de izquierdas y derechas que piden cambiar la Constitución, una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El presidente Piñera, que canceló la organización de la APEC y la cumbre de clima de la ONU COP-25 previstas para este mes, afirma que prefiere antes que nada «un diálogo amplio».

Una encuesta de Cadem divulgada el domingo, reveló que un 87% está a favor de que se cambie la actual Constitución.

Piñera paga con una caída estrepitosa de popularidad sus errores y tropiezos en la gestión de la crisis desde el primer viernes de protestas violentas.

En un fin de semana de saqueos e incendios de infraestructuras y desmanes, decretó el estado de emergencia, sacó a los militares a las calles e impuso un toque de queda, todas medidas que se pensaban sepultadas desde la época de mano dura de Pinochet.

Con 13% de aprobación, según el estudio de Cadem, es el jefe de Estado con las cifras más bajas desde el regreso a la democracia en Chile en 1990.

Este lunes se conoció que la economía chilena creció 3% en septiembre en comparación a igual mes del año anterior, completando su mejor trimestre del año, pero tras el estallido social el gobierno prevé una baja en las cifras de aquí a fin de año, con una caída de hasta 0,5% en octubre.

«Lo que nosotros esperamos para el cuatro trimestre es una situación completamente distinta producto de los eventos que todos hemos conocido», dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) indicó que el 46% de las empresas del sector ha sufrido daños directos y han enfrentado costos por menores ventas. 

Activistas, encabezados por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, emplazaron el lunes al presidente Piñera a frenar las «graves y sistemáticas» violaciones a los derechos humanos denunciadas en el marco de la crisis, pese a voces locales que descartan un plan represor.

Las protestas dejaron 20 muertos, cinco de ellos a manos de agentes del Estado y se reportan unos 150 manifestantes con heridas oculares por el uso de perdigones en las manifestaciones callejeras.

Esta crisis empezó con una protesta estudiantil contra el alza de tarifa del metro de Santiago, pero destapó un profundo descontento de las clases trabajadora y media, que ven sus expectativas incumplidas en un sistema que promueve el endeudamiento para salir adelante.

Hasta ahora se trata de un movimiento heterogéneo, sin banderas políticas y sin liderazgo identificable.

Las actividades se reanudaron en Santiago y las principales ciudades del país aunque los chilenos están atentos a las manifestaciones masivas que se convocan en redes.

El Metro de Santiago, que transportaba unos 2,6 millones de pasajeros en días laborales, alargó sus horarios hasta las 20H00 locales, y se recupera de a poco tras sufrir graves daños en 118 de sus 136 estaciones, entre ellas 25 incendiadas, sobre todo en zonas muy pobladas y de clase trabajadora.

Los daños en esta red subterránea, una de las más modernas en la región, se estiman por encima de 350 millones de dólares. Los desmanes en pymes y comercios, además de las infraestructuras públicas, superan los 900 millones de dólares, según cifras oficiales.