La causa Odebrecht, en la que se investigan el supuesto pago de sobornos y sobreprecios en torno de las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, continúa salpicando al entorno presidencial. Dentro de ese marco se conoció en el día de hoy la solicitud de embargo que el fiscal federal Franco Picardi extendió en contra de Angelo Calcaterra, extitular de la firma IECSA y primo de Maurico Macri, por más de 54 millones de pesos.
La Fiscalía pidió además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi una serie de embargos complementarios a otros empresarios y exfuncionarios, entre los que se incluye al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime por $ 4.350.000, al exsecretario de Obras Públicas José López, al empresario Jorge «Corcho» Rodríguez (expareja de la diva de la televisión Susana Giménez), y a los directivos de Odebrecht. El pedido hecho por el fiscal fue a raíz de que la Cámara Federal -en un fallo reciente- dispuso que se evalúe adoptar medidas cautelares. Dicho escrito representa un anticipo de lo que la Fiscalía solicitará en breve con pedidos de indagatorias de una de las causas del escándalo Odebrecht en Argentina.
La investigación apunta a determinar si existió pago de sobornos por parte del consorcio que encabezó Odebrecht y que también integraron las empresas IECSA, Ghella y Comsa, para acceder a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, cuya licitación se inició en 2006. En paralelo el fiscal pidió también designar a un veedor a fin de controlar las obras que se realizan en la línea ferroviaria que se extiende hacia el oeste de Buenos Aires.
Para la Fiscalía existió un «direccionamiento» a favor de la selección en las obras de esas empresas y «modificaciones» del contrato original a favor del consorcio, detrás de lo que se esconden los supuestos sobreprecios. Siempre según la Fiscalía dichos sobornos se pagaron a través de la empresa CAESA, cuyo titular es Manuel Váquez, exasesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, por un monto que ronda los 600 mil pesos, y por desembolsos provenientes de empresas offshore radicadas en el exterior.
Es oportuno recordar que durante los primeros meses de 2017 la prensa brasileña divulgó una serie de correos electrónicos que vinculan de manera directa a la constructora IECSA en el supuesto cobro de coimas por parte de Odebrecht para la reactivación del soterramiento del Sarmiento. La información forma parte del dossier elaborado por el Ministerio Público Fiscal brasileño, en el marco de la investigación por el denominado «Lava Jato». El ingeniero de IECSA quedó envuelto en el escándalo por anotaciones registradas en la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, histórico ejecutivo de Odebrecht en la Argentina.
