- ¿A qué se dedica Vicentin?
Fundada en 1929 y radicada en Avellaneda, provincia de Santa Fe, su principal negocio es el procesamiento y exportación de granos y subproductos (harinas y aceites). Según un informe de la Bolsa de Cereales de Rosario, Vicentin ocupa el sexto lugar en el ranking de empresas agroexportadoras con ventas al exterior por 8,4 millones de toneladas, sólo superada por Aceitera General Deheza entre las firmas de origen nacional. En la última década la compañía se expandió: incursionó en el mercado del biodiesel, en el rubro algodonero y hasta participa en el manejo del puerto de Rosario. A fines del año pasado la facturación global de la compañía y sus controladas rondaba los U$S 4.200 millones anuales. Sorpresivamente, en diciembre del año pasado dijo que no podría afrontar sus deudas a causa de la devaluación y se declaró en default.
2. ¿En qué se basa el gobierno para intervenirla y querer expropiarla?
El presidente Alberto Fernández dijo que busca “garantizar el funcionamiento de la economía y los puestos de trabajo”. El DNU 522/20 detalla que la empresa está “técnicamente en cesación de pagos” y que está “en grave peligro la continuidad de operaciones de la firma concursada”. Esto pone en peligro 2.195 puestos de trabajo directos de la empresa y otros 3.433 de firmas algodoneras, vitivinícolas y frigoríficas vinculadas a la principal. La decisión se aceleró a partir de las demoras en el proceso judicial para diligenciar el concurso de acreedores, lo que podía arrastrar a un centenar de cooperativas agrícolas que habían entregado sus granos y no los habían cobrado.
3. ¿Qué pasa si el Estado no actúa?
Un riesgo que el gobierno quiere evitar es que empresas extranjeras que ya dominan el sector (Cargill, Bunge, Dreyfus y Cofco, entre ellas) puedan comprar Vicentin, agravando el proceso de desnacionalización en un sector que es el mayor generador de divisas de la economía nacional. Según voceros del oficialismo, ya existían ofertas de compra de dos grupos internacionales. Además, el gobierno quiere asegurar la continuidad de la empresa para que los bancos y organismos públicos no se queden sin cobrar: entre el Banco Nación y el de la Provincia de Buenos Aires suman acreencias por $ 20 mil millones, mientras que la AFIP también reclama $ 10 mil millones por deudas impositivas y aduaneras.
4. ¿Por qué se la vincula con el macrismo?
En el mundo de la política circula el rumor de que gran parte del crecimiento de Vicentin en los últimos tiempos estuvo vinculado con las facilidades que recibió desde que Cambiemos llegó al poder, a fines de 2015. El CEO y accionista de la firma, Gustavo Nardelli, fue precandidato a gobernador de Santa Fe por el macrismo, aunque luego tuvo que declinar su postulación. El Banco Nación, a instancias de su presidente Javier González Fraga, le otorgó préstamos por prefinanciación de exportaciones por alrededor de 300 millones de dólares, hecho que generó resistencia en la línea gerencial por la elevadísima exposición crediticia. Tanto González Fraga como Nardelli y Alberto Padoán, otro de los principales directivos de Vicentin, fueron imputados por el fiscal Gerardo Pollicita, que estudia si el otorgamiento de esos préstamos fue irregular. En octubre, el diario La Nación informó que la firma había aportado $ 13,5 millones a la campaña presidencial de Mauricio Macri.
5. ¿Por qué se considera que es una empresa estratégica?
El gobierno entiende que al hacerse cargo de Vicentin, a través de YPF Agro (la línea de negocios para el campo de la petrolera con mayoría estatal), podrá normalizar el ritmo de la actividad y sobre todo de la liquidación de las divisas provenientes de la exportación. Esto último redundará en una mayor previsibilidad en el mercado cambiario, ya que la mayor parte de las divisas ofrecidas proviene del sector agroexportador. Además, permitirá al Estado participar en el proceso de formación de precios de los cereales y aceites, lo que redunda en la cadena de precios de gran parte de los productos alimenticios de consumo masivo. “Creemos que tiene una capacidad importante para establecer algunas pautas de mercado, para dar previsibilidad, para evitar la volatilidad y la especulación”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
6. ¿Cuáles fueron las reacciones?
El gobernador Omar Perotti dijo que acompaña la medida “en resguardo de los intereses de todos los santafesinos” y UATRE, el gremio de trabajadores rurales, celebró que “se garantiza la continuidad de todos los trabajadores”. La dirigencia del sector agrario está dividida. La Sociedad Rural Argentina, que nuclea a los grandes productores, se quejó de que “las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones”. Pero Eduardo Buzzi, ex titular de la Federación Agraria Argentina, celebró que “haya una intervención virtuosa del Estado, que recupere y rescate” y pidió la participación del movimiento cooperativo para “ayudar a que haya una empresa rectora mixta que intervenga en la comercialización hacia el mercado doméstico y que intervenga también a la hora de fijar precios al mercado externo”. Un grupo de bancos extranjeros que acumulan créditos por U$S 500 millones expresaron su “disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales relevantes para discutir la regularización de la deuda de Vicentin”.
7. ¿Por qué hay sospechas de conducta fraudulenta?
Desde antes de asumir su actual cargo como director del Banco Nación (una de las entidades más perjudicadas por el cese de pagos de Vicentin), el ex diputado nacional Claudio Lozano viene pidiendo que se investigue la relación entre las empresas y sus subsidiarias en Paraguay y Uruguay. “Estamos hablando de exportaciones entre empresas vinculadas, una operación que tiene como destino triangular y liquidar menos retenciones, subdeclarar exportaciones y utilidades”, denunció. Para Lozano, es inexplicable que la firma entrara en default luego de las utilidades declaradas en sus últimos balances.
8. ¿Cuánto le costaría al Estado la expropiación?
El decreto conocido este martes sólo dispone la intervención de Vicentin. Pero el proyecto de ley que prepara la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti declara a la firma “de utilidad pública y sujeta a expropiación”. La valuación debe ser realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Como parte de pago, el Estado podría utilizar las deudas que la empresa mantiene con la AFIP y el Banco Nación.
