Dos postales reflejaron estos días los límites del modelo. La primera, del miércoles 20, cuando se conoció que nuestro país se situará en el grupo de los mercados «emergentes». Una medida festejada con bombos y platillos por el gobierno, aunque la efervescencia bursátil se redujo a un par de jornadas. En la segunda, tan sólo una semana después, la imagen muestra al presidente Macri reconociendo en un acto, la difícil situación que atraviesan las pymes. Los dos acontecimientos tienen algo en común: ponen en evidencia que el gobierno sólo trata de conformar a los mercados externos y a las grandes empresas locales, mientras deja indefensas a las pymes.

El mito del «mercado emergente»

Según Morgan Stanley Capital Investment (MSCI) Argentina deja de ser mercado de «frontera» y pasa a la categoría de «emergente». La noticia coincidió con la aprobación, por parte del directorio del FMI, del desembolso de los primeros 15 mil millones de dólares. No obstante, el miércoles pasado, por caso, se dio la mayor caída de las acciones del Merval en una década (casi 9% en dólares) y la evolución del dólar también mostró importantes oscilaciones en la semana. No debe extrañar: es una consecuencia de la apuesta por los mercados externos. La desregulación redunda en una fuerte exposición financiera del país.

El MSCI es una empresa de EE UU que confecciona índices de mercados de valores, y otras herramientas de análisis de carteras, utilizados por grandes inversores globales para decidir dónde localizar sus fondos. En caso de que la reclasificación generara algún efecto positivo para Argentina, algo dudoso, sería a mediados de 2019 y no ahora, ya que en junio próximo ingresaríamos al grupo de mercados «emergentes». Para peor, el MSCI sólo incluiría a 16 empresas argentinas, muchas de las cuales ya cotizan en Wall Street.

Es decir, las pymes y la ciudadanía no cosecharán los frutos de la membresía. Una economía que apuesta a la especulación está en las antípodas de ser un entorno propicio para que las pymes puedan desarrollarse.

Un ambiente hostil

Los datos de la economía real dan cuenta de un contexto muy adverso. Por ejemplo, las ventas en supermercados, un indicador aproximado del consumo interno, registraron caídas en términos reales en los últimos meses, y durante todo el año pasado. La caída de los salarios reales producto de la escalada inflacionaria, no equiparada con las paritarias, respalda este proceso.

En paralelo, el coeficiente de Gini (0 implica igualdad absoluta y 1 desigualdad total) registró 0,44 en el primer trimestre contra el 0,437 de idéntico trimestre de 2017.

Es importante subrayar que esto ya ocurría desde antes de las turbulencias cambiarias. El traslado a precios de la devaluación, más los aumentos autorizados por el gobierno en las tarifas de servicios públicos, en los combustibles, en la medicina prepaga y en la educación privada, para nombrar sólo algunos, achicarán aún más el ingreso disponible de los trabajadores y, por lo tanto, su capacidad de consumo. Para el segundo y el tercer trimestre, ya se anticipa una caída de la actividad económica.

Carlos Pagni (LaNación+, 29 de junio) expuso sin pudor: «Los problemas estructurales se corrigen con mucho dolor (…). Hasta que no haya una recesión, el mercado no se va a convencer de que los ajustes se realizaron». Un mirada que no hace más que mostrar el verdadero alcance de lo firmado con el FMI.

¿Preocupación oficial?

En este marco, la supuesta preocupación que muestra el gobierno por las pymes forma parte de un maquillaje cada vez más ineficaz. El mismo gobierno que primero convalida una tasa de Lebac del 47%, luego aparenta estar inquieto por la cadena de pagos de las pymes. Poco verosímil.

Las contradicciones quedaron otra vez en evidencia el miércoles 27, en un acto para conmemorar el Día Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes), fecha establecida por Naciones Unidas el año pasado, a propuesta del gobierno argentino. Luce paradójico. En la web de la ONU se puede ver: «Estas empresas son responsables de una generación de empleo (entre el 60 y el 70% del total) e ingresos importantes en todo el mundo y son un factor clave en la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo (…); tienden a emplear a una gran proporción de trabajadores pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad, como mujeres, jóvenes y personas de hogares desfavorecidos. En muchas zonas rurales, son casi la única fuente de empleo (…). Son responsables del 50% del Producto Bruto Interno (PBI) a nivel mundial». En Argentina los porcentajes se mantienen en una línea similar.

Sin embargo, la lógica microeconómica prevalece a la hora de pensar en las herramientas para apoyar a tan importante sector: formalización y acceso al crédito son las dos únicas herramientas que menciona la ONU en su página. Un enfoque que sólo pone énfasis en solucionar las fallas del mercado, pero que nada dice del rol del Estado en preservar el mercado interno y en proteger a las industrias sustitutivas de importaciones, no es sustentable para las pymes en el mediano y largo plazo.

En el acto, los funcionarios de la alianza Cambiemos no se corrieron un ápice del recetario ortodoxo. Anunciaron una flexibilización financiera que no va al fondo de la cuestión. Para las empresas que alcancen los beneficios será apenas algo de oxígeno, pero por un tiempo no muy prolongado. Horas después, Eduardo Fernández, titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), afirmó que las pymes están en «situación de gravedad» y que «hacen falta medidas en la emergencia; planes de financiamiento a mediano y largo plazo, que se administre el comercio exterior para impedir el ingreso de mercadería que sustituya a productos locales».

Si bien el presidente Macri anunció que se comenzará a trabajar en una nueva ley pyme, difícilmente el gobierno aporte una verdadera solución, más cuando acaba de pactar un fuerte ajuste con el Fondo. Cabe subrayar que la última reforma data de tan sólo dos años atrás y por lo visto no tuvo efectos positivos.

En mi intervención en la Cámara de Diputados (2016) había dejado en claro mi postura sobre aquella ley. Realicé observaciones que hoy poseen plena validez, en un contexto que luce aun mucho más agresivo. Afirmaba entonces que la ley aprobada debería haber sido denominada «de emergencia mipyme» y mencionaba que «el fortísimo incremento de las tarifas de servicios públicos, los altos costos de financiación generados a partir de la decisión de incrementar las tasas de interés, de controlar la inflación a partir de un enfriamiento de la economía y de la liberalización de las importaciones, constituyen un «combo» que perjudica a los sectores económicos más vulnerables y al conjunto de las mipymes en particular». Señalaba, además, que no se resuelve el verdadero problema de las mipymes que es la crisis derivada de las políticas de ajuste. Vuelvo a afirmar ahora que el problema es el modelo, que deja todo en manos del mercado. Una clara decisión política.