Ocurrió hace poco más de ocho meses, a 220 kilómetros de la Capital Federal, en un lugar que durante la última dictadura cívico militar fue un Centro de Detención Clandestino y que, todavía hoy, paradójicamente, está señalizado como un sitio de Memoria, Verdad y Justicia. Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Latorre murieron por la inhalación de monóxido de carbono durante el incendio en un calabozo de la comisaría primera de Pergamino. Las familias de los detenidos habían sido alertadas un rato antes a través de mensajes de celular y por eso algunos llegaron a tiempo para escuchar, desde la calle, los desesperados gritos de socorro, los mismos que no lograron alterar la pasividad de los seis policías que estaban cumpliendo funciones ese día.
Familiares y amigos de las víctimas, junto a organizaciones civiles, participaron este jueves de una audiencia pública en el Anexo de la Cámara de Diputados con el objetivo de visibilizar el caso, insistir con el reclamo de Justicia y advertir que lo que se llamó «La Masacre de Pergamino» no fue un hecho aislado, sino parte de una política penitenciaria que viola sistemáticamente los Derechos Humanos de los detenidos.
«En todo este tiempo se acumuló la impotencia nuestra y la incomprensión de una parte importante de la sociedad que dice por algo estaban ahí adentro. Yo le digo a esa gente que justamente estaban en ese lugar porque estaban privados de su libertad, esa era su pena y la estaban cumpliendo, pero el Estado debía velar por su seguridad y no lo hizo. Los dejó morir bajo el fuego. Es todo muy triste y encima nadie se hace cargo. Lo que estamos sufriendo las familias que perdimos a nuestros hijos, hermanos o padres es difícil de explicar; es como si nos hubieran pasado diez topadoras por encima, dice Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto y una de las oradoras de esta tarde en el Congreso.
De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes en los demás calabozos había otros 12 detenidos y las pericias realizadas, ninguno de los agentes que estaba aquel 2 de marzo en el destacamento intervino para prevenir el siniestro ni para auxiliar a los presos una vez que el incendio se desató.
El fiscal Néstor Mastorchio imputó por abandono seguido de muerte a los oficiales Alexis Eva, Carolina Guevara y Ezequiel Giuglietti; al sargento César Carrizo y al teniente primero Juan Rodas. También acusó el máximo responsable al momento del hecho, el comisario Alberto Donza, pero hasta el día de hoy continúa prófugo.
Pero la huida de Donza no es lo único que provoca la indignación en las familias de las víctimas. El juez de Garantías César Solazzi les concedió el arresto domiciliario con monitoreo satelital a través de una tobillera a los otros cinco imputados. La Cámara de Apelaciones ratificó esa medida para cuatro de los cinco policías (Alexis Eva se encuentra alojado en un calabozo VIP de una comisaría de Rojas bajo el argumento de que no hay lugar en una Unidad Penitenciaria).
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudió la decisión de la Justicia y advirtió una vez más «la selectividad y privilegios que reciben, en muchos casos, los integrantes de la fuerza de seguridad».
En ese sentido, el organismo recordó: «Desde el primer momento, la policía valiéndose del carácter corporativo de las fuerzas de seguridad intentó entorpecer la investigación. Entre las pruebas que existen en la causa, se determinó que adulteraron los libros de la comisaría; una vez imputados, ellos y sus defensores realizaron cuestionamientos generales sobre los actores del departamento judicial y denunciaron amenazas que nunca pudieron ser comprobadas».
«Desde el minuto cero concluye Cristina sabíamos que este reclamo no nos iba a devolver a nuestros hijos, pero queremos hacer algo por los otros jóvenes que están en peligro. Nosotros podemos manifestar y aprovechar espacios como el del Congreso, pero es la Justicia la que tiene que cambiar la historia y castigar a los responsables. Si no van a haber otras masacres y se van a seguir tapando con la excusa del motín».
