El vaciador de medios de comunicación Mariano Martínez Rojas llegó este viernes a la mañana deportado desde los Estados Unidos para responder en media docena de causas, entre ellas la agresión a trabajadores de Tiempo Argentino (el diario que dijo haber comprado y del que nunca se hizo cargo) e inmediatamente pidió al Poder Judicial que lo incorpore al programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia. Martínez Rojas está imputado esencialmente en las causas vinculadas con lo que se llamó en la jerga mediática y judicial “mafia de los contenedores”, operaciones simuladas de importación y exportación mediante las cuales durante las restricciones a la compra-venta de dólares durante el anterior gobierno una organización conseguía obtener y sacar billetes estadounidenses del país.
En una de esas causas, a cargo del juez Daniel Meirovich, Martínez Rojas fue trasladado esta mañana desde el aeropuerto de Ezeiza a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes, en el barrio porteño de Retiro. La Policía Federal se encargó de difundir las fotos y videos: se lo ve con todo el cotillón que el Ministerio de Seguridad dispone para estos casos: chaleco antibalas, casco (grande para su cabeza, por cierto) y varios efectivos rodeándolo.
Lo acompañó su nuevo abogado, Daniel Mercado. Anteriormente lo defendía Alejandro Sánchez Kalbermatten, pero la relación entre ambos se interrumpió por desacuerdos económicos sobre los servicios profesionales del letrado.
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El juez Meirovich, en presencia también del fiscal Claudio Navas Rial, le describió los cargos que pesan en su contra y Martínez Rojas se negó a declarar. Pero adelantó que lo hará cuando sea incorporado al programa de protección especial que depende del Poder Ejecutivo Nacional.
Mientras, permanecerá detenido en la Alcaidía de “Investigaciones”, en la calle Cavia, de la Capital Federal. Desde allí será trasladado en los próximos días para declarar en otros expedientes en los que está imputado, entre ellos una causa que lleva el juez Marcelo Aguinsky, también por la “mafia de los contenedores”, ante el juez Daniel Rafecas por la irrupción violenta en la planta transmisora de radio América, lo que provocó la interrupción de la señal, y ante Marcelo Martínez de Giorgi por la invasión al comando de una patota de la redacción de Tiempo Argentino, los destrozos y las lesiones causadas a trabajadores.
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El vaciador –en rigor, un eslabón de una cadena más grande y aún impune- fue detenido a fines de enero pasado en Miami por una infracción migratoria, y pese a que gestionó ser admitido como refugiado, bajo un status especial que le permitiera permanecer en Estados Unidos, finalmente fue deportado después de un trámite que normalmente demora algunos días y, en su caso, se extendió por casi seis meses.
