Nos encontramos frente a una situación de múltiples emergencias, tanto nuevas como heredadas, y el gobierno continúa firme en la defensa del interés de la Nación, en particular poniendo el foco en los sectores más vulnerables. Esto implica tener bien en claro cuáles son las prioridades y las herramientas disponibles. El margen de acción no es el mismo que poseen las principales economías, pero el esfuerzo es muy importante.
Un esfuerzo que apunta a fortalecer el papel de lo público y del propio Estado, y que despierta rechazo en algún segmento de la sociedad, que recurre a variopintos argumentos.
En un artículo reciente de un conocido periodista se indica que, dado que se desplomaron los despachos mayoristas de cemento, pero aumentaron los minoristas, “las familias que tienen alguna capacidad de ahorro huyen del peso y atesoran bolsas de cemento”. Una forma extraña de atesorar, dado que, con el tiempo, el cemento se endurece y pierde su valor. Quizá la razón es que, con el aislamiento, muchos deciden realizar obras en sus casas.
Pero el comentario va más allá de lo anecdótico, puesto que el columnista persigue la idea de que existe atraso cambiario. Se pregunta “¿por qué la gente quiere dólares o cosas que están ´hechas de dólares´?”, y se responde: “porque huye del peso, una moneda cuyo valor se deteriora cada día un poco más”. En verdad, fue desde el Rodrigazo que la gente comenzó a pensar en el dólar como moneda de resguardo de valor. Además, ¿qué mayor pérdida de valor del peso que la que tuvo lugar en 2019, con 11 meses con inflación interanual mayor al 50%, con su pico en mayo con el 57,3%?
Pareciera que todo vale para intentar instalar la necesidad de una devaluación. Sin embargo, el Tipo de Cambio Real Multilateral, que mide el poder de compra internacional de nuestra moneda, se ubica en estos días en un índice de 116, cuando el promedio entre enero 2016 y julio 2019 fue de 100,5, lo que indica que hoy hay más competitividad y por lo tanto no puede hablarse de atraso cambiario.
Tampoco se puede desconocer que uno de los focos en los que se está actuando activamente es en el cuidado de las reservas internacionales, un recurso estratégico para poder administrar el tipo de cambio y hacer frente a las necesidades de divisas de la economía real, aunque se lo trate de presentar del modo contrario.
Por eso, el Banco Central dispuso (Comunicación A7030), entre otras cuestiones, que las empresas que cuenten con activos líquidos originados en la formación de activos externos deban disponer primeramente de esos recursos para el pago de obligaciones con el exterior. El espíritu es que se utilicen los dólares que los privados disponen antes de recurrir a las reservas del BCRA. Es algo absolutamente lógico.
No obstante, en la semana, en una nota un matutino tituló: “Las empresas advierten que el nuevo cepo profundiza la recesión”, haciendo alusión a un documento interno de la Unión Industrial Argentina. En el texto se señala que entre las dificultades centrales que se plantean a partir de la norma, y “dada la coyuntura argentina de la última década, en múltiples casos a las empresas nacionales se les exige el pago anticipado de la importación, y este acceso sería limitado”. Y acto seguido se dice: “No existe necesariamente una relación lineal entre las importaciones y las divisas solicitadas. Una porción de las divisas solicitadas en 2020 fue para cancelar deudas por importaciones del año previo”. No queda claro si tenían que enviar anticipadamente los dólares al exterior para poder comprar, o si necesitaban dólares para pagar a quienes les financiaron la compra. Suena contradictorio.
Luego el documento dice: “Las empresas poseen stocks financieros en el exterior por múltiples razones: para preservar su capital de trabajo que les permitiría hacer frente a la caída abrupta de la demanda y afrontar sus obligaciones locales; cobertura de cambios para el riesgo cambiario; inversiones en filiales que se hicieran en el exterior. Privilegiar que estos stocks se utilicen para el pago de saldos externos dejaría a las empresas con menos posibilidades de cubrirse ante cualquier emergencia”. La pregunta surge sola: si la actual situación no es de emergencia, de caída en la demanda, ¿cuál sería entonces una situación de este tipo? Difícil de entender.
Vuelvo a repetir: el Estado está adoptando una posición activa en un marco muy complejo, en el que está presente, como siempre, la restricción externa. El Banco Central no le está poniendo limitaciones a una empresa para acceder al mercado único de cambios y comprar dólares para pagar las importaciones, sólo tiene que utilizar primero las divisas que tenga en el exterior o los dólares billete que haya acumulado en función de las franquicias regulatorias que la administración anterior generó. Franquicias que permitieron que se fugaran unos 86 mil millones de dólares en cuatro años.
Por eso no es casual que se vuelva a la carga con noticias sobre el mal denominado “cepo”. No estamos hablando de nada parecido a un instrumento de tortura. Es sencillamente la administración de un recurso imprescindible y, sobre todo, escaso. No hay que perder de vista que en la Argentina parte de lo que genera la restricción externa es la insostenibilidad de la deuda. Por ello, es una cuestión de interés común, también para importadores y exportadores, que el proceso de negociación de la deuda se resuelva favorablemente, es decir, generando un horizonte viable para el país.
La nueva fecha de la invitación a canjear bonos finaliza el 12 de junio. La última propuesta argentina ha incluido algunas mejoras en distintos bonos, se adelantan algunos vencimientos e inicios de las amortizaciones, pero no se cambia lo sustancial, que es el mantenimiento del período de gracia y las bajas tasas de interés. Lo fundamental es que se mantiene en el margen de lo que es posible para el país: que Argentina pueda asumir los servicios de la deuda sin recurrir a ajustes que recaigan sobre su población, y que permita un crecimiento sustentable con equidad social.
En un reciente documento, funcionarios del FMI sostuvieron que “el análisis del personal técnico demuestra que la propuesta revisada de reestructuración de la deuda de las autoridades argentinas sería consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad”. De allí se desprende que no hay espacio para mayores concesiones. Otra opinión que suma, en un contexto en el que la problemática de la deuda se agrava a escala global. Por un lado, por problemas propios, Chile y Perú, acaban de conseguir la aprobación del FMI para recibir un préstamo por 24.000 millones de dólares y 11.000 millones, respectivamente. Por el otro lado, el G7 se sumó formalmente a la suspensión del servicio de la deuda que había anunciado el G20 y el Club de París, hasta finales de 2020, o más, si fuera necesario. En el comunicado se afirma que la pandemia “ha exacerbado las vulnerabilidades de deuda existentes en muchos países de bajos ingresos, lo que muestra la importancia de la sostenibilidad y transparencia de la deuda para la financiación a largo plazo del desarrollo”. En esta línea, no estaría mal que además de pensar en el Covid-19 y sus efectos en el 2020, asumieran lo funcional que ha sido la deuda para otro tipo de pandemias de más larga data, como el desempleo, la desigualdad y la pobreza, y que tomaran acciones más decididas con los países más pobres, como, por ejemplo, la reducción o condonación de sus acreencias.
