La subtrenmetrocleta está cada vez más cara. El Año Nuevo llega con aumentos tarifarios que van del 35 al 55 por ciento. Sin embargo, el gobierno plantea un horizonte inflacionario del 23% para 2019. Colectivo, tren, subte, luz, gas y agua ya son subas confirmadas para los primeros meses del año, junto con prepagas en febrero. Probablemente se sumen combustibles. El gobierno pretende que el calor del verano diluya el costo político de los brutales aumentos, con el ojo puesto en las elecciones de octubre.
Pese a reiterados argumentos oficiales sobre el bajo impacto que las tarifas tienen sobre la inflación, en 2018 quedó demostrado todo lo contrario. Los tarifazos estuvieron a la par de la devaluación, a la hora de explicar una suba general de precios en torno al 50 por ciento.
Hernán Letcher, titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), explicó a Tiempo: «El tarifazo va a tener un sensible impacto sobre la inflación. Probablemente, tenga un impacto en términos macroeconómicos que confirme y consolide el proceso recesivo que vivimos los argentinos».
Letcher, economista y concejal en el partido de San Martín (FpV-PJ) advirtió: «Son aumentos muy significativos, que se acumulan a los preexistentes, y que están por encima de los valores de 2017. Por tanto, ese rebrote de la economía que prevé el gobierno para 2019 difícilmente pueda ocurrir. Sobre todo, en un escenario en que la economía se vislumbra muy negativa, a partir de un presupuesto de ajuste».
Las consultoras Fundación Capital y Eco Go estimaron que el impacto de los tarifazos veraniegos sobre la inflación se ubicará en el 5%. En tanto, Orlando Ferreres y Asociados colocó esa cifra en un 2,5 por ciento.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) estimó la inflación de los últimos 12 meses en 48,5%. Los ítems que más impulsaron ese porcentaje fueron «Transporte» (68,2%) y «Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles» (66,7%). Cada uno de estos ítems pesa cerca del 10% de la canasta que mide el Indec.
Luego de cada aumento tarifario, esos son los ítems que se disparan. En febrero, abril, junio, agosto, septiembre y octubre, el índice de «Transporte» estuvo por encima de la inflación general. En varias oportunidades, casi llegó a duplicar la cifra. Por citar un caso, en junio la inflación general fue del 3,7%, mientras que «Transporte» dio 5,9 por ciento.
La misma tendencia se descubre con los aumentos en electricidad. Al finalizar el bimestre inmediatamente posterior a un aumento, el ítem «Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles» superó por varios puntos porcentuales a la inflación general. Tal fue el caso de los meses febrero, abril y octubre.
Si bien estos traslados dependen también de otros factores, los aumentos en la energía y el transporte también se trasladan a otros rubros, como «Alimentos y Bebidas», de manera indirecta. Por ello, los 5 puntos porcentuales que los analistas prevén que agregarán estos tarifazos son el piso. Luego vendrán los aumentos de segunda vuelta.
En 2018, los aumentos en colectivos fueron del 116% (ver infografía), en seis tramos. En 2017, no hubo subas en el rubro; el gobierno amagó varias veces con aumentar, pero las aspiraciones electorales fueron más fuertes y los freezaron. En 2016, había subido un 100%. El escenario electoral jugará de otra manera en 2019. El gobierno coloca los mayores aumentos en los primeros meses del año con el fin de que se conviertan en un recuerdo borroso para octubre.
En el caso de la electricidad, 2018 fue un año bisagra. La cartera pasó de ser un ministerio a una secretaría y pasaron por ella tres titulares: Juan José Aranguren, Javier Iguacel y el flamante Gustavo Lopetegui. Aranguren pegó el portazo a pedido de Mauricio Macri, en medio de una serie de cambios en el Gabinete. Iguacel se fue luego de los extraños anuncios de los próximos aumentos, el viernes último (ver aparte). En los últimos 12 meses, la factura de electricidad se incrementó en un 122% promedio: un 43% en diciembre 2017 (correspondía a octubre, pero se corrió por las elecciones), un 24% en febrero 2018 y un 25% en agosto 2018 (ver infografía).
En 2019, los clientes de Edenor y Edesur tendrán subas del 26% en febrero, del 14% en marzo, del 4% en abril y del 4% en agosto. En total, será un aumento del 55%, con las alzas más fuertes en los primeros meses.
En el caso del gas, durante 2018 las tarifas subieron un 78%, en dos tramos: un 32% en abril y un 35% en octubre. Para este año, sin dar mayores precisiones, el gobierno calculó un aumento del 35%, aunque aclaró que «es una primera estimación».
El agua aumentará un 48% en 2019, en dos tramos: un 17% en enero y un 27% en mayo. Según explicó José Luis Inglese, titular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), en la audiencia pública de noviembre último, el 27% sería para cubrir la inflación de 2019. Pero otros oradores, en su mayoría defensores del Pueblo y miembros de organismos de defensa al consumidor, cuestionaron el número ya que el Presupuesto 2019 estima una inflación del 23% de punta a punta. El 17% restante sería para cubrir la diferencia entre el aumento y la inflación de este año: un 26% contra un 45%, estimado.
Hay otros aumentos que no son impulsados por el gobierno, pero cuya concreción depende de él. Tal es el caso de la medicina privada, cuyos abonos subieron en un 40,8% durante el corriente año, previa aprobación del Ejecutivo. Ayer trascendió que la Superintendencia de Servicios de Salud ya autorizó un alza del 5% en febrero próximo.
Algo similar ocurre con los combustibles. Durante 2018, la nafta súper de YPF subió un 60%: pasó de $ 23 a $ 37. En diciembre último, el precio tuvo una baja producto de la caída en el precio internacional (barril Brent) y de la estabilidad que mostró el peso con respecto al dólar. Sin embargo, durante diciembre los impuestos que paga el sector –ITC, que ajusta por inflación, y un gravamen sobre las emisiones de dióxido de carbono– subieron. Ambos tributos tienen un peso del 25% sobre el precio del combustible en el surtidor, por lo que no se descartan nuevos aumentos.
En todos los casos, los incrementos en las tarifas están muy por delante de las subas salariales. Según CEPA (ver infografía), el peso del transporte en el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), pasó de ser del 2,8% en enero, a ser del 5,3% en diciembre. En marzo próximo, representará el 6,7 por ciento. «
Crece el rechazo
Los ruidazos del viernes pasado, protagonizados por vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo de los tarifazos, marcaron una tendencia que se plasmará en diferentes ámbitos.
Esta semana, tras los feriados de las Fiestas, se pondrán en marcha diversas presentaciones legales y políticas que apuntarán a impugnar las subas dispuestas por el gobierno nacional.
Entre los que se presentarán en la Justicia se encuentra el armado de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un grupo de 40 jefes comunales que ya recorrió en octubre último el mismo camino cuando el entonces secretario Javier Iguacel decretó compensar a las petroleras por la devaluación con cargo de los usuarios del servicio de gas.
También evalúan recurrir a la Justicia algunas organizaciones de defensa del consumidor que cuestionan la falta de transparencia de los anuncios en materia de electricidad y gas (ver al lado).
Desde este sector recuerdan que la Corte Suprema le impuso al gobierno, en 2016, que cuando lleve adelante tarifazos debe brindar «información adecuada, veraz e imparcial».
En tanto, entre los legisladores nacionales, la diputada Victoria Donda anunció que buscará la sanción de una ley que congele las subas: «Frente a estas nuevas medidas salvajes, a las que hay sumar el aumento del 40% en el transporte público, adelanto que presentaré un proyecto para congelar las tarifas y que voy a acompañar todos los amparos que van a presentar los intendentes en la Justicia», señaló.
Nadie dio la cara
El anunciado tarifazo en gas y electricidad acumula singularidades que lo ubican en una zona cercana a la ilegalidad.
El tarifazo fue anunciado a los medios de comunicación por «fuentes de la Secretaría de Energía». No hubo conferencia de prensa de Javier Iguacel, quien hasta ese momento oficiaba como secretario del área. Tampoco un comunicado oficial de esa secretaría. Llamó la atención que el Ministerio de Hacienda, del que depende Energía, no emitiera su propio texto. Una posibilidad es que este aumento no fue consensuado entre los funcionarios.
En algunas ocasiones, los miembros del gobierno optan por difundir sus decisiones a través de la agencia estatal de noticias Télam. Pero Télam no contó con ningún privilegio en ese sentido: tres cables en la tarde del jueves remitían los anuncios de los tarifazos a las mismas fuentes anónimas.
Además, la información que se dejó trascender desde esa secretaría es poco clara. Algunos medios consignaron que la suba de la luz de febrero se debía a un alza del precio mayorista de la electricidad, mientras que la de marzo se debería a un incremento de la parte que le corresponde a las distribuidoras. Otros lo dieron al revés.
Provincias quieren más fondos
«Dietrich debería venir a Chubut a dar explicaciones y no a recibir cruceros de placer», dijo, ofuscado, el gobernador Mariano Arcioni el jueves pasado ante la quita de los subsidios al transporte urbano de pasajeros. Arcioni expresó la posición de muchos gobernadores disconformes con el fondo de $ 6500 millones que recibirán en 2019 en reemplazo de subsidios por $ 45 mil millones.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, explicó ese día, junto con el anuncio del tarifazo, cómo se hará el traspaso de los subsidios, tal como quedó asentado en el Presupuesto 2019 y en la adenda del Compromiso Fiscal, ambas piezas clave para lograr el déficit cero acordado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario.
Según la explicación oficial, «las provincias pasan a tener autonomía plena en el financiamiento de sus propios sistemas de transporte»: las líneas de colectivo con recorridos municipales recaerán en los municipios; las que circulan entre dos o más municipios, en las provincias y, para las líneas que atraviesen los límites provinciales, en el gobierno nacional. Dietrich destacó que el gobierno nacional mantendrá la tarifa social en las 37 ciudades en las que rige el sistema SUBE.
Ante la certeza de que los fondos de la Nación no alcanzarán, algunas provincias ya crearon partidas especiales para sostener el subsidio. Buenos Aires destinará $ 25 mil millones; el gobierno porteño, 8000 millones; Córdoba, 2000 millones; Tucumán, 1500 millones; Santa Fe, 1300 millones; Entre Ríos, 328 millones y Neuquén, 198 millones. Otras, como Chubut, reclaman más fondos, aunque sin éxito.
Breve audiencia virtual
El Ministerio de Transporte ha puesto en marcha un método muy particular de audiencias públicas. Se trata de eventos virtuales no vinculantes realizados a través de la página web de la cartera que dirige Guillermo Dietrich y en los que cada uno puede dejar sus opiniones.
Ahora, pondrá en discusión desde el miércoles 2 de enero los tarifazos de colectivos y trenes de pasajeros que entrarán en vigor dos semanas después.
Los que quieran intervenir en el debate deberán apurarse ya que sólo dispondrán de tres días hábiles para presentar sus propuestas. El viernes 4 Transporte cerrará esta posibilidad.
Así lo determinó la resolución 1142/2018, publicada el viernes pasado y en la que figura, en forma de anexo, la propuesta de adecuación tarifaria que anticipó Dietrich en la conferencia de prensa del jueves. Notablemente, el texto en discusión no incluye ninguna referencia a la situación económica de las empresas concesionarias del transporte, por lo que no se explican las razones de tamaño tarifazo.
Disparidad
Un estudio del IERAL, centro dependiente de la Fundación Mediterránea, mostró la notable dispersión en los incrementos de los combustibles de YPF durante 2018, según el tipo y la región. Comparando los precios finales al público en las capitales provinciales, la premium subió un 63,1% en Chaco, mientras que el gasoil en La Pampa trepó un 118,1%. En GNC, en cambio, el rango fue menor: en Buenos Aires sólo subió un 40,5%.
