Reza una letra de tango: «Y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín», una canción de Cadícamo y Aguilar. Muchos tangos han sido una importante fuente de crítica social y política. Pero los últimos datos conocidos sobre el aumento de la inseguridad alimentaria en nuestro país superan dolorosamente el comentario tanguero: el trampolín debe usarse para obtener los alimentos más básicos, y no siempre se llega.
Los datos son parte del informe «El estado de la seguridad alimentaria y la malnutrición en el mundo», producido en forma conjunta por varias oficinas de la ONU. La inseguridad alimentaria moderada o grave se define como «la falta de acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes que las personas que la padecen están en un mayor riesgo de malnutrición y mala salud».
En nuestro país, este indicador pasó del 19,1% entre los años 2014- 2016, al 32,1% en el período 2016-2018. Para América del Sur los datos pasaron del 23,8% al 30,8%. Si bien la situación latinoamericana también indica un aumento importante, el deterioro en Argentina es mucho mayor. Las cifras son además preocupantes por la cantidad de personas involucradas, ya que se pasó de 8,3 a 14,2 millones de personas: esto significa un aumento del 71% en situación de inseguridad alimentaria a partir de las políticas implementadas durante el gobierno de Mauricio Macri. La elevada cifra para el período 2016 a 2018 nos ubica en valores similares a los de países como Albania, Armenia, Bangladesh, Cabo Verde, Georgia y Tayikistán, entre otros. Esta es sin duda la verdadera cara del ajuste implementado por el actual gobierno, luego reforzado con la colaboración del FMI.
Entre las acciones para reducir la inseguridad alimentaria, el informe de la ONU incluye «políticas dirigidas a estabilizar los precios de los alimentos» y recomienda que «al mismo tiempo, deben evitar recortes en los servicios sociales esenciales». Sin duda, estrategias que no figuran en el ideario macrista.
Este deterioro de las condiciones de vida de la población está estrechamente vinculado a los niveles de empleo y a la capacidad adquisitiva de los salarios, especialmente en períodos de recesión, tal como todos sabemos y lo ratifica, además, el informe de la ONU citado. En ese sentido, las recientes cifras conocidas a nivel local sobre ocupación de trabajadores registrados indican un empeoramiento del empleo. Con los datos de mayo, se comprueba que en el mes se destruyeron 17 mil empleos, con una baja de 36 mil puestos en el sector privado, y un aumento en el sector público. La evolución de la estructura del mercado de trabajo indica la precarización del mismo. Desde los inicios del gobierno de Macri, los asalariados privados cayeron en 164 mil puestos y los públicos aumentaron en 56 mil (estos dos grupos representan los puestos de mayor calidad, el empleo decente como cita la OIT), mientras los monotributistas aumentaron en 128 mil puestos, y el personal de casas particulares en 50 mil. Las cifras indican un aumento del trabajo precarizado y una disminución del empleo de calidad.
No obstante esta evolución, los grandes empresarios y sus representantes, aprovechando la campaña electoral, han vuelto a insistir sobre la necesidad de una flexibilización laboral. La anterior semana hicieron punta el titular de la Cámara de la Construcción, Julio Crivelli, y el empresario Martín Cabrales, aludiendo a la necesidad de despedir sin causa. En esta semana, fue Daniel Funes de Rioja quien consideró que para los empresarios es necesaria una reforma laboral que les permita «descontratar» empleados si le va mal a la compañía. El término no está en los diccionarios de castellano, pero bien le vale el neologismo para evitar hablar de despidos, aunque es lo que quiere referir. Cabe recordar la importante representación institucional con que cuenta Funes de Rioja, ya que es el vicepresidente encargado de asuntos laborales e internacionales de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de su departamento de Política Social.
Esta cita hace acordar a la observación del entonces secretario de Empleo y ex CEO del grupo Techint, Miguel Ángel Ponte, realizada en enero de 2017, cuando Jorge Triaca estaba a cargo del Ministerio de Trabajo. Ponte sostuvo que incorporar o despedir personal debería ser para las empresas natural como «comer o descomer». Más allá de lo escatológico de la cita, indica claramente una misma orientación respecto a las reformas laborales que persiguen. Imposible no pensar estas cuestiones junto con las cifras de la inseguridad alimentaria.
Viene al caso otra frase de Funes de Rioja: «Cuando no tiene más producción, ¿qué va a hacer con la gente?», refiriéndose al empresariado. Quizá sin quererlo, con esta frase puso en foco el verdadero problema: no son los empleados o sus derechos los que hacen naufragar a las empresas, es el nivel de actividad económica y la falta de demanda interna, fruto de las políticas que se aplican.
En ese sentido, y en la misma semana, un expresidente de la UIA, Héctor Méndez, se pronunció en forma crítica hacia el gobierno: «Esto es comparable con la época de Martínez de Hoz. Aunque es más duro por las expectativas que generó. Uno no esperaba de Martínez de Hoz una acción mejor, sí la esperaba de Macri». No sólo se expresó «defraudado» por el gobierno, sino que además criticó la política hacia la industria: «La verdad es que lo que puso (Macri) no fue amor con el sector industrial».
Calificando
En la semana quedó claro que los mercados no esperaron al 12 de agosto para expresar su voto (recordamos que el 11 vota la ciudadanía) y ya comenzaron a jugar sus cartas, algo que presumiblemente se intensificará a medida que se acerque el proceso eleccionario. Esta vez quienes salieron a escena fueron las calificadoras de riesgo.
Standard and Poor’s (S& P) sostuvo que «las endebles condiciones persisten debido a que continúa la intensa volatilidad que empezó en abril de 2018, exacerbada por la incertidumbre política relacionada con las elecciones presidenciales de octubre».
En el caso de Moody’s, la agencia advirtió que «el aumento de riesgo de cambio de política podría poner en peligro el acceso a los mercados». Según Moody’s, «las empresas estarán expuestas al debilitamiento de la economía y la moneda, así como también a la incertidumbre sobre el futuro de las políticas gubernamentales».
Con respecto a la incertidumbre política, no estaría mal recordar que el gobierno perdió el acceso a los mercados hace ya más de un año, en gran parte por la volatilidad que impusieron sus políticas y por el elevado endeudamiento externo que produjo desde su asunción. Cabe plantearse a la luz de lo dicho por Moody’s, si con la aprobación de las reformas estructurales que se piden hay garantías de acceso a los mercados. Y muchas menos garantías habrá si el FMI es quien define las políticas económicas del país y lo hace cada vez más vulnerable.
Precisamente el vocero del FMI, Gerry Rice, indicó que el análisis del organismo se basa principalmente en las cuestiones económicas: «Las causas de nuestra proyección hacia la baja (del PBI argentino) obedecen a la caída del consumo interno y las revisiones a la baja del crecimiento de socios comerciales regionales en particular Brasil».
En síntesis: la política a lo sumo exacerba algo que está en la base, y que no es otra cosa que una fragilidad que tiene que ver con el modelo y sus prácticas. Una debilidad que se explica en primer lugar por la contracción de los ingresos de la población y del mercado interno. Las elevadas cifras de inseguridad alimentaria son uno de los más crueles efectos de la gestión del gobierno macrista.«
