Casi al mismo tiempo, en Mendoza y en Chubut, la lucha popular –con marchas, vigilias, cortes de rutas– frenó el avance de normativas que buscaban favorecer la megaminería a cielo abierto con el consecuente daño ambiental. Pero el conflicto nunca es sólo local: cada proyecto extractivista –solamente en Mendoza hay 19– que involucra el uso de sustancias tóxicas contamina ríos que atraviesan varias provincias, poniendo en riesgo a gran parte del país. Una organización proteccionista alertó sobre el tema y le puso nombre: «La cuenca del cianuro».

«La megaminería de extracción por lixiviación (convertiendo los metales en sales solubles por medio de reactivos químicos), además del uso de sustancias altamente tóxicas como el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio, necesita una socia esencial, que es el agua. Cuando hablamos de agua, hablamos de un bien natural que en la zona de Cuyo transita por cursos que conforman una cuenca hidrográfica que es la segunda más importante del país, y que se denomina Cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, que confluye y se integra con la Cuenca del Colorado, atravesando ocho provincias. Hablamos de ‘la cuenca del cianuro’ para hacer una representación de como una actividad extractiva y contaminante que no cuenta con licencia social atraviesa una gran parte del país con muy probables implicancias ambientales negativas interjurisdiccionales», explica Fernando Cabaleiro, abogado e integrante de Naturaleza de Derechos, un «espacio de creación e interacción jurídica por la protección de la naturaleza, la biodiversidad y la defensa de los derechos humanos en la Argentina».

Cabaleiro advierte que es necesario «ver al agua y a los ríos como bienes naturales en sí mismos y no como meros recursos productivos, sin medir los riesgos que se generan a partir de actividades extractivistas, como la megaminería y el agronegocio».

La gran mayoría de los proyectos megamineros de explotación y exploración en la Argentina –gerenciados por multinacionales como Barrick Gold, Pan American Silver, Patagonia Gold, Yamana Gold, por nombrar sólo algunas– están asentados sobre la Cordillera, por ser el mayor abastecedor de agua, poniendo en riesgo no sólo el consumo de ese recurso escaso en las poblaciones más cercanas –los ejemplos más desesperantes son los de San Juan y Mendoza–, sino la posible afectación de otras provincias a través de los ríos que bajan.

«De los 19 proyectos que hay en Mendoza, el más importante es el de explotación de cobre en Uspallata, a cargo de la minera San Jorge, que va a provocar uno de los mayores daños ambientales porque afecta a la cuenca del río Mendoza. En el sur de la provincia, hay otros proyectos que van a traer problemas con La Pampa. Por ejemplo, en Malargüe, en la cuenca del río Atuel. El año pasado salió una sentencia de la Corte Suprema que obligó a Mendoza a pasarle una cuota de agua a La Pampa, pero todavía no la cumplió. En San Juan, los más afectados por la contaminación de Veladero no son los que viven en Iglesia (la localidad donde está la mina), sino los de Jáchal, el primer pueblo que está debajo. Los que están más en riesgo, tanto por la falta de agua como por la contaminación, son siempre los pueblos río abajo», define Julieta Lavarello, abogada de las Asambleas por el Agua Pura de Mendoza (AMPAP).

El problema con el Atuel, cuyo caudal no llega a La Pampa, es un conflicto histórico, pero no es el único. La cuenca del río Desaguadero confluye con el Colorado, que oficia de límite entre Río Negro y La Pampa, y que en sus nacientes (en la frontera entre Neuquén y Mendoza) también queda expuesto a los riesgos de la contaminación de la minería, por la presencia del megaproyecto Potasio Río Colorado, que si bien no utiliza cianuro, sí insume exorbitantes cantidades de agua, generando también cantidades industriales de residuos.

«Lo que planteamos es revertir esa mirada de la megaminería como una cuestión puntual de cada provincia, y avanzar hacia un enfoque integral y regional. Ello nos lleva a exigir que los riesgos y los impactos deban evaluarse en forma estratégica y acumulativa, y no en forma aislada, como si los proyectos mineros fueran compartimentos estancos, cuando casi todos se encuentran inmersos en una misma cuenca de la cual se sirven y que a su vez pueden contaminar, como ya ha sucedido en varios casos», sostiene Cabaleiro.

Luego de que las multitudinarias manifestaciones en Mendoza forzaran el anuncio del gobernador Rodolfo Suárez de derogar las modificaciones de la Ley 7722 que permitían el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto, la atención se desplazó a Chubut, ante la posible derogación de la histórica Ley 5001, que prohíbe «la actividad minera metalífera en el ámbito de la provincia». Finalmente, los diputados suspendieron este viernes el tratamiento, mientras afuera, miles que habían participado de una vigilia «en defensa de la vida, el agua y la tierra», celebraban.

Desde que se conoció el proyecto que incluía la derogación de la Ley 5001, promulgada en 2003, cuando a través de un plebiscito el 82% de la población se manifestó en contra del extractivismo, en todas las ciudades chubutenses hubo marchas y asambleas. «No nos importa si somos la única provincia antiminera», avisaron.«

Suárez dio marcha atrás y derogó la ley

«Gobernador @rodysuarez: ¡el agua de Mendoza no necesita más debates! Necesitamos que convoque AHORA a sesiones extraordinarias a la Legislatura provincial para derogar la ley que permite el uso de químicos contaminantes en la megaminería #ElAguaNoSeNegocia #NoaLaLeyDelCianuro» fue el mensaje replicado en redes sociales. La misma insistencia hubo en las calles de Mendoza, donde miles de manifestantes no se quedaron tranquilos con el anuncio de no reglamentar la nueva Ley 90.269 que modifica la norma anterior que prohibía el uso de ciertas sustancias tóxicas, como cianuro, ácido sulfúrico y arsénico.

La movilización de los mendocinos dio sus frutos el viernes por la noche cuando, a última hora, el gobernador anunció que derogaría las modificaciones a la ley 7722. «Después de escuchar a los intendentes decidí enviar la derogación de la ley 9209, si bien es legal no tiene la legitimidad del pueblo», señaló el gobernador tras reunirse con los jefes comunales. Mañana la legislatura provincial lo tratará en ambas cámaras.