Organizaciones ambientales de Entre Ríos presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir un fallo que habilita las fumigaciones cerca de las escuelas rurales.
En octubre del año pasado, el máximo tribunal de justicia provincial falló a favor del decreto del gobernador Gustavo Bordet que permitía la aplicación de agrotóxicos a cien metros terrestres y 500 aéreos. La Corte Suprema entrerriana revocó así una sentencia del juez Virgilio Galanti, de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de la ciudad de Paraná, quien a fines de septiembre de 2019 había declarado inconstitucional el decreto firmado por Bordet en agosto.
Para la abogada de María Fernández Benetti, de la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos, la decisión de la Justicia de Entre Ríos es «arbitraria y sin fundamentos porque omite el tratamiento y consideración de la abundante prueba científica aportada por las organizacion»s”.
Benetti hace referencia a más de cien páginas de evidencia científica que daba cuenta del daño genético registrado en niños y niñas de zonas rurales de la provincia.
Desde la organización también destacaron que «ya en cinco oportunidades» el Supremo Tribunal se había opuesto al decreto del gobernador, aunque lo había hecho «con otra composición de jueces». «
