Por primera vez en la historia, la sociedad española será testigo el próximo lunes de la entrada de peritos forenses al Valle de los Caídos, tumba y mausoleo construido por el dictador Francisco Franco, para la exhumación de cuatro víctimas de la Guerra Civil española, pertenecientes a ambos bandos.
La lucha tenaz de la familia de dos hermanos anarquistas conseguirá algo inédito: perturbar la tumba del dictador, enterrado bajo una lápida de cinco toneladas en el altar de la basílica del Valle de los Caídos desde su fallecimiento en 1975.
A las 9.30 hora local (4.30 de la Argentina) del lunes 23 de abril, los forenses y arqueólogos entrarán en la que se considera la mayor fosa común de España para realizar los trabajos «preliminares» científicos para determinar cómo extraerán los cadáveres, antes de proceder a la exhumación.
«Pasarán por encima de Franco, literalmente», aseguró el abogado de los familiares, Eduardo Raz, en declaraciones a Télam, al referirse a los trabajos de los forenses.
El mito sobre el que se sostiene el monumento a la dictadura franquista, y uno de los muros de silencio -y hormigón- que aún se levantan en torno de las víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura (1939-1975) comenzará así a derrumbarse.
Pese a que en el recinto puede leerse el lema «Caídos por Dios y por España», la realidad es que miles de las personas que se encuentran allí enterradas son republicanos ajusticiados por miembros de la Falange y cuyos restos fueron robados de fosas comunes en toda España para rellenar los columbarios.
Las exhumaciones se harán dos años después de que la Justicia española reconoció el derecho a «digna sepultura» y autorizó la exhumación de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, dos anarquistas ejecutados hace más de 80 años en la localidad aragonesa de Calatayud.
El juez del caso, José Manuel Delgado, recuerda en su sentencia que «el derecho a recibir sepultura digna está indisociablemente unido a la dignidad propia de todo ser humano», tal como lo recoge el artículo 10 de la Constitución española.
A raíz de la resolución, junto a los hermanos Lapeña, que fueron asesinados tan pronto comenzó la guerra, también serán exhumados los restos de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno, dos personas reclutadas por el «bando nacional» caídas en combate, cuyas familias se sumaron al reclamo.
«Serán las primeras exhumaciones que se realizan con sentencia firme y la sociedad española en su conjunto podrá dar cuenta de este hecho histórico», subrayó Raz, quien estuvo detrás de esta causa durante más de seis años.
La aplicación de la resolución judicial se dilató debido a que fue resistida por el prior de la abadía benedicta del recinto, que se negaba a que se realizaran las exhumaciones alegando que el Valle de los Caídos no era un cementerio público, sino religioso.
Finalmente, después de que el religioso no acudió a una consulta del Senado español, la Conferencia Episcopal desautorizó al prior, que cedió, y Patrimonio Nacional- la institución que gestiona el reciento- puso fecha para el inicio de los trabajos de exhumación.
«Ahora se abre el camino para que más familiares se reencuentren con sus seres queridos olvidados», remarcó el letrado.
Los registros -la dictadura archivaba todo- dicen que hay 33.847 personas enterradas en el Valle de los Caídos, que fueron trasladadas allí desde 1959 hasta 1983. De ellos, 21.423 están identificados y pertenecen al «bando nacional» (franquistas) y 12.410 son desconocidos.
Los hermanos Lapeña están entre los restos repartidos en nueve cajas registradas en 1959 con la etiqueta «desconocidos».
Algunos familiares cuentan con documentos que certifican que la víctima se encuentra allí, de ahí que los que lo deseen podrán solicitar por la vía administrativa a Patrimonio Nacional que autorice nuevas exhumaciones.
Según Raz, «la ejecución de la sentencia tiene una carga moral imbatible», porque, además de permitir a las familias recuperar la dignidad de las víctimas, también se conoce la verdad, al entrar en la mayor fosa de la Guerra Civil, y de abrir un debate para seguir los pasos para que el Valle de los Caídos se convierta en un centro de Memoria como la ESMA» de Argentina.
En tanto, María Purificación Lapeña Garrido, quien impulsó la demanda para exigir la recuperación de los restos de su abuelo y tío abuelo, asesinados tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra la Segunda República española, recibió la noticia con una «alegría moderada», puesto que considera que el proceso culminará cuando le de digna sepultura a sus familiares.
Manuel y Antonio Lapeña comparten actualmente sepulcro con su verdugo, el dictador Francisco Franco, y con José Antonio Primo de Rivera (1936), fundador del movimiento fascista Falange Española, convertido en el partido único del régimen franquista.
