Mientras el presidente Alberto Fernández recibió al presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner; el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller; y el ministro de Economia, Martín Guzmán para “analizar” el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, la vicepresidenta consultó a la Corte Suprema por la validez constitucional para sesionar a través de medio electrónicos.

Les Fernández avanzaron así con la posibilidad de financiar al Estado en medio de la crisis sanitaria y económica que generó la pandemia del coronavirus. Si bien la iniciativa ya había sido anunciada por el propio presidente en un reportaje dominical hace dos semanas, la potestad de gravar es del Poder Legislativo.

Allí tejen puentes Máximo Kirchner y Heller, autores político e intelectual respectivamente. En tanto, fue la presidenta del Senado la encargada de testear ante el máximo órgano de poder judicial, si no habrá obstáculos que puedan obstruir la sanción de la ley a través de amparos judiciales por la modalidad virtual a través de la cual deberán sesionar diputados y senadores.

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Heller, el redactor junto a Darío Martínez, sostuvo que los destinatarios serán «los que tienen muchísimo patrimonio o han ganado muchísima plata». En ese grupo podrían caer grandes fortunas personales y corporaciones, bancos, laboratorios y cadenas de supermercados que se vieron beneficiadas ampliamente durante el macrismo.

Sin embargo, tampoco se sabe el monto a partir del cual se fijará el gravamen. «Estamos armando una base de datos con los patrimonios de las personas jurídicas y físicas, cuáles fueron sus ganancias, y ahí veré dónde hay que poner la raya para definir quién debería pagar y quién no. Va a ser una raya suficientemente alta para que afecte a muy pocas personas físicas y jurídicas, y que la mayoría de la gente no tenga nada que ver con esto», afirmó Heller.

Según publicó Tiempo, entre las personas físicas afectadas, de seguro estarán los que entraron en el último ranking anual de la revista Forbes como «billionaires» o poseedores de fortunas superiores a los 1000 millones de dólares. Los cinco argentinos que allí figuran son Paolo Rocca, de Techint (U$S 3300 millones); Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy (U$S 2700 millones); Marcos Galperin, de Mercado Libre (U$S 2400 millones); Alberto Roemmers, de la industria farmacéutica (U$S 2300 millones); y Gregorio Pérez Companc, que dejó en manos de sus hijos el holding alimenticio Molinos Río de la Plata (U$S 1700 millones). Por una u otra razón, todos ellos mantienen diferencias con el gobierno. El episodio más reciente fue el de Rocca, quien desafió el decreto oficial de prohibición de despidos y en plena pandemia echó de su empresa a 1450 trabajadores.

Por lo pronto, el Frente de Todos ratificó el último lunes que la iniciativa que presentará a fin de semana en la Cámara de Diputados para crear un impuesto a las grandes fortunas «no afectará» a la clase media, ni a las pymes y al sector productivo, según expresaron los legisladores oficialistas. En esa idea trabaja el diputado nacional por Entre Ríos Marcelo Casaretto, que afirmó que está «de acuerdo con la creación de un impuesto extraordinario» para patrimonios de más de un millón de dólares.

También Jorge Antonio Romero, diputado de Corrientes, se mostró de acuerdo con la iniciativa, así como su par Aldo Leiva, para quien «se trata de devolver una parte, que sería mínima y hasta casi simbólica, ante una situación de crisis económica global que impacta muy fuerte en nuestro país tras la hecatombe económica y financiera dejada por el nefasto gobierno de Mauricio Macri, donde no fue casualidad que algunos sectores obtuvieron riquezas mucho más que importantes», argumentó.