El paraguas que brinda el FMI y la nueva realidad regional y mundial colaboran en el objetivo del oficialismo de profundizar las políticas neoliberales. Siempre con la mirada puesta en ganar el afecto del establishment local e internacional; políticas que nunca han beneficiado a los trabajadores, a los jubilados, ni a las pymes.
En este marco, ¿cómo encaja la reforma laboral de la que ya se empieza a hablar? En un reciente informe de Orlando Ferreres & Asociados (OJF) se señala que el gobierno debe lograr un cambio en «el marco regulatorio del mercado laboral, el cual deberá fomentar el ingreso de trabajadores al sector formal privado (…), desalentando el trabajo en negro, y reduciendo la participación del empleo público». Respecto de los dos primeros puntos, casi nadie podría estar en desacuerdo, aunque el problema son los «cómo», no tanto los «qué». En cuanto al empleo público, la lógica es otra, y no tiene tanto que ver con la productividad: está en línea, más bien, con la búsqueda de un país con menos Estado y por ende con mayor austeridad fiscal.
OJF elogia la reforma laboral brasileña basada en la «libertad de contratación» (acuerdos entre empleador y trabajador, en desmedro de los convenios colectivos), la reducción en la «indemnización por despido en un 30%», y «la incorporación de autónomos que no impliquen una relación de dependencia», entre otros puntos.
Queda claro que la flexibilización laboral no apunta a mejorar las condiciones de empleo sino a que haya empleo de baja calidad y peor remunerado. De hecho, ¿cómo tomar el ejemplo de Brasil y no decir que la reforma está permitiendo el trabajo de embarazadas en ambientes insalubres? ¿Es acaso este el horizonte de país deseado?
La flexibilización laboral afecta en principio al segmento de los asalariados del sector privado, que sufrirían la pérdida de derechos. Para los que hoy están al margen del mercado laboral, o que se desempeñan informalmente, el acceso a un nuevo empleo vendría con menos aportes a la seguridad social y con menor estabilidad en el puesto. Nada de nivelar para arriba, más bien lo contrario.
España, por ejemplo, realizó una reforma amplia en 2012 y dos años después comenzó a registrarse cierta baja del desempleo (hoy en el 15,5%, casi el doble del existente en 2007), aunque en realidad la merma obedeció a una mejora de la actividad económica. La realidad muestra hoy un mercado laboral que descansa en prácticas como la temporalidad de los contratos, la tercerización, y la contratación a tiempo parcial.
Como toda flexibilización, el objetivo final no es mejorar la situación laboral sino ejercer presión para la baja de los salarios (amenaza de desempleo mediante) y de otros costos como el de despido.
Para las empresas basadas en el mercado interno, hay que decirlo, cualquier mejora coyuntural de la rentabilidad, derivada de la flexibilización asociada a menores salarios, sería revertida, más temprano que tarde, por un nuevo achicamiento del consumo. Desde este plano, sólo le cierra a unos pocos sectores que están en condiciones de exportar y que, al igual que pasa con la devaluación, ven en la baja del salario una manera de mejorar su competitividad en dólares.
Todo esto va en línea con algo que siempre digo: para que la devaluación sea efectiva tiene que darse una modificación de los precios relativos de la economía. En otras palabras, con este modelo, el que debe perder es el salario, manteniéndolo rezagado respecto de los otros precios, tal como viene ocurriendo.
La pelea por la competitividad regional a través de la baja de salarios y la flexibilización laboral podría resultar, seguramente, una lógica que sólo conduce a más ajuste. Es preciso cambiar de raíz este modelo económico de apertura irrestricta a los mercados externos. Un esquema que cada vez es más concentrador y excluyente.
Preocupaciones del establishment
Se realizó en París el encuentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de donde emanaron algunas frases interesantes. Al hablar de la situación global, Laurence Boone, economista jefe, afirmó que «los riesgos son suficientemente altos para incrementar la alarma y prepararnos para alguna tormenta más adelante. Cooperación en política fiscal a nivel global y del euro serán necesarias».
Según la economista, para apuntalar a la economía global también se debe «responder a las preocupaciones de la gente sobre la falta de mejora en los salarios, en el nivel de vida y en las oportunidades». Pero, de nuevo, hay que ir a los «cómo» para anticipar los resultados. Boone sostiene: «hay que promover la competencia para incrementar la dinámica empresarial, ya que eso puede ayudar a incrementar la posición negociadora de los trabajadores y bajar los precios que enfrentan los consumidores. Invertir en conocimiento es además crucial. Esto incrementa la productividad y el ingreso y reduce la desigualdad entre los trabajadores». Difícil de creer.
Por caso, la OCDE menciona en un detallado informe sobre Brasil: «la incertidumbre política sigue elevada, pero retomar las reformas, particularmente la de las pensiones, ayudaría a mejorar la confianza» (de los mercados, naturalmente). La línea implícita está clara, y es la misma que se baja para todo el mundo y la región: más allá de la «calidad democrática», lo que verdaderamente importan son las reformas y el ajuste neoliberal.
Las preocupaciones del establishment se vinculan a su pulsión por obtener ganancias. Se vieron en Wall Street (ante las pérdidas que mostraron las empresas tecnológicas), y aquí en Argentina. Eduardo Costantini, por ejemplo, comentó que muchos dejaron de ser «billonarios». El modelo actual, sesgado hacia la deuda, la apertura, y la primarización de la estructura productiva, también está generando cambios al interior de la cúpula, por la distribución de la riqueza. En esto no hay ningún misterio. Sin embargo, aquí no están los grandes perdedores.
Nada derrama sobre los trabajadores, los jubilados, o las pymes. Estos son los sectores que verdaderamente salen perjudicados. La pérdida de empleo y la erosión de los ingresos están quebrando en muchos casos los mínimos para la subsistencia.
Grecia es, lamentablemente, un espejo en el que habrá que mirarse cada vez más, de continuar estas políticas. En un reciente informe del centro de estudios Transnational Institute y FIAN International se evalúa el impacto de las medidas de austeridad sobre la nutrición de la población del país heleno. La caída de los ingresos (por baja de salario y suba de impuestos) ha llevado a que las familias destinen una parte mayor de su presupuesto para la comida. Adicionalmente, el número de hogares sin recursos para consumir carne, pollo o pescado cada dos días se dobló del 7% al 14% entre 2008 y 2016. Ante ello concluyó que los masivos recortes asociados a cambio de los rescates financieros supusieron «una violación del derecho a la alimentación». A las cúpulas, nada de esto parece preocuparles. La democracia y los derechos sociales básicos, cada vez más amenazados. «
