Difícilmente, se aceptaría como democrático un país donde el que más votos tiene no gane; o que sólo dos partidos puedan fiscalizar; lo mismo que no tenga un padrón universal o lugares neutros de votación; incluso que no fije fecha única de sufragio y exista traslado de votos con elección indirecta.
Paradójicamente, así es la democracia norteamericana, nación que impulsa la intervención militar por la «democratización» en Venezuela.
Y cabe señalar que los cuestionamientos a la elección presidencial de Nicolás Maduro de mayo 2018 no son a los procedimientos electorales sino a la legitimidad de la convocatoria, realizada por una Asamblea Constituyente, a la que la oposición se negó a participar y volvió con su estrategia política de deslegitimar al gobierno chavista, como ya lo hizo en 2002, hasta el punto de desconocerlo.
En un contexto de petróleo barato, que desgasta las arcas del chavismo, convergen los intereses norteamericanos con la oposición venezolana al gobierno de Maduro, para sacarlo antes que una posible suba lo fortalezca en el poder nuevamente. Por eso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump apoya la aventura de Juan Guaidó, de Voluntad Popular –ala radical del antimadurismo–, ungido presidente de la Asamblea Nacional por acuerdo de rotación de la oposición, quien se autoproclamó presidente interino ante un Cabildo popular, porque se especula que no lo lograría en el mismo Parlamento por división de la oposición.
Si bien los otros «veto players» (jugadores de peso) del escenario internacional, China y Rusia, manifiestan el respaldo a Maduro, gran parte de América reconoce a Guaidó, e incluso la Unión Europea llamó al mandatario venezolano, que si bien lo reconoce, a convocar a nuevas elecciones, so pena de apoyar a Guaidó.
Incluso acompañan sanciones que aplica Estados Unidos, que refuerza el planteo de derrocamiento a Maduro por rechazar ayuda humanitaria de una crisis que sus medidas profundizan.
Quedan claros los bandos, pero independientemente del que se forme parte, si se quiere evitar una intervención militar, como el que promueve vehementemente el vicepresidente Mike Pence y que Guaidó pone como alternativa si no logra quebrar a los militares venezolanos, resulta necesario propiciar un marco que evite un baño de sangre.
Así, países como México y Uruguay alentaron a un diálogo para superar en paz el conflicto. En ese contexto, se produjo en Montevideo un encuentro del Grupo Internacional de Contacto, formado especialmente de Uruguay, México y países de la Unión Europea, a fin de impulsar un «Mecanismo» que permita una solución diferente a la aventura militar propuesta por Estados Unidos y la radicalizada oposición venezolana.
Bajo la hegemonía europea, la idea que se impuso fue la convocatoria a nuevas elecciones en Venezuela, aunque se abrió un debate sobre el alcance de las facultades para forzar a Nicolás Maduro a realizarlas, más aún, cuando tuvo la cintura de promover una nueva elección de la Asamblea Legislativa y siempre dijo querer dialogar con la oposición.
No obstante, el nudo central del objetivo lo sostuvo, Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), quien dijo que: «Es fundamental evitar la violencia interna y la intervención externa y abrir un camino para un proceso político creíble que conduzca a elecciones anticipadas». A la consulta de cómo sería ese proceso, Mogherini respondió: «que es vital abrir nuevos espacios en la búsqueda de una respuesta de paz que evite la guerra». «
