Primero fue una carta a Kristalina Georgieva, pero nunca acusó recibo. Ahora, el kirchnerismo volvió a insistir con el pedido de llevar adelante una investigación exhaustiva de aquel acuerdo de 2018 con el FMI, esta vez ante la Oficina de Evaluación Independiente del organismo. Lejos de las hipótesis de entorpecimiento de las negociaciones que lleva adelante el equipo de Martín Guzmán, fuentes oficiales del Senado aseguraron a Tiempo que la misiva es una forma de volver a poner sobre la mesa los cuestionables términos de aquel ruinoso acuerdo que permitió que Argentina accediera al crédito más grande de la historia del FMI.
Exponer las evidentes irregularidades que hubo en el acuerdo que sellaron Mauricio Macri y Christine Lagarde por el otorgamiento de U$S 55 mil millones en medio de las negociaciones que mantiene el país con el FMI tiene como objetivo lograr mejores condiciones. En particular, el gobierno aspira a lograr cuatro puntos clave: quita de intereses, extensión de los plazos de pago a más de 30 años, la no injerencia en los asuntos económicos internos ni monitoreo de las políticas nacionales, y dejar atrás el reiterado pedido de ajuste fiscal, que siempre fue una imposición del organismo a todos los países a los que financió. Una de las claves que destacan desde el bloque de senadores del Frente de Todos es que con el acuerdo con Macri se iba a tener que comenzar a pagar durante el período de gobierno siguiente, en cambio, la propuesta actual de Argentina es que los pagos del millonario acuerdo se pateen para mucho más adelante.
Esta Oficina de Evaluación Independiente (OEI) a la cual el bloque oficialista del Senado envió la carta esta semana reporta directamente al directorio del organismo, y anunció que aquel programa que se llamó stand by será uno de sus principales objetos de estudio este año. Fue este mismo ente auditor el que planteó que uno de los temas a revisar serán los préstamos con «acceso excepcional» otorgados en los últimos tiempos. En particular, el de 2018 a Argentina y los del año pasado a Egipto y Ecuador.
La intervención del bloque oficialista del Senado con su carta en medio de las negociaciones tiene por objetivo marcar el carácter político y no técnico que tuvo ese acuerdo stand by. Fue el propio asesor del ya expresidente estadounidense Donald Trump, Mauricio Claver Carone –ahora titular del BID– quien insistió a pedido de su jefe para que el organismo internacional otorgara semejante crédito a un país que no cumplía con los requisitos necesarios, con el objetivo de sostener a un aliado en el poder al sur de América Latina. Si bien Trump presionó para que a Macri se le otorgara un crédito de «acceso excepcional», Argentina no cumplía tres de los cuatro criterios básicos para lograrlo. Estos criterios son: que el país solicitante tenga problemas graves de balanza de pagos, lo cual en el caso argentino era así; sostenibilidad en el mediano plazo, situación que era a la inversa; acceso al mercado de capitales que le permita devolver las obligaciones con el Fondo, otro criterio que tampoco tenía ninguna viabilidad de cumplirse ya que los mercados de capitales estaban cerrados para Argentina desde febrero de ese año 2018; y que el programa con el Fondo tenga probabilidades de éxito, objetivo improbable según la evidencia de las principales variables económicas del momento.
Violaciones y fugas
Pero la crítica más fuerte y evidente se centra en que fueron violadas las estipulaciones del estatuto interno del FMI, que prohíben otorgar créditos a países que propicien la fuga de capitales, tal como sucedía en Argentina a partir de la apertura de la cuenta capital, que permitía sacar divisas del país sin mayores controles. Después de los primeros desembolsos, esos fondos, en lugar de engrosar las reservas internacionales del Banco Central, financiaron la fuga de capitales mediante el aumento en la formación de activos externos, tal como lo reveló el informe publicado por esa entidad bancaria, que alcanzó los U$S 45.100 millones, casi lo mismo que el Fondo le prestó a Argentina.
Si bien un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional se encuentra elaborando una evaluación del acuerdo stand by, cuyas conclusiones técnicas servirán de base para la discusión del nuevo programa que negocia la Argentina, la carta de los senadores que exige una investigación exhaustiva fue dirigida a la Oficina de Evaluación Independiente.
El texto de los senadores argentinos asegura que el mayor préstamo de la historia del FMI fue otorgado a la administración Macri sin «sustento para determinar la sostenibilidad de la deuda, no cumple con los criterios de acceso extraordinario, vulnera el Estatuto del Fondo y no observa las normas jurídicas de Argentina».
«Es que entendemos que el SBA de 2018 fue un préstamo político y que, en consecuencia, debe ser exhaustivamente investigado», rubrican los legisladores conducidos por la presidenta de ese cuerpo, Cristina Fernández. De esta manera, el kirchnerismo vuelve a mostrarse como el ala dura dentro de la coalición de gobierno, en una estrategia acordada con la Casa Rosada e impulsada desde el Senado. «
LAS CLAVES
La carta que enviaron los senadores del Frente de Todos tiene varios detalles:
Está dirigida a la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), que actúa por fuera de las estructuras del Fondo Monetario y entrega sus evaluaciones diractamente al Directorio.
La OEI lleva adelante ese estudio antes de la carta de los miembros de la Cámara Alta. En su mira se encuentran tres créditos «extraordinarios», el otorgado a la Argentina en 2018 y dos más entregados en el contexto de la pandemia.
Además, los técnicos del FMI desarrollan una auditoría sobre el desempeño del crédito de 2018 a fin de que sus conclusiones se empleen como insumo en las actuales negociaciones.
No hay fecha de conclusión de ambos estudios.
