El 1 de marzo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández había anticipado que este gobierno iba a tomar como política de Estado la erradicación de las violencias por motivo de género. En esa semana también se conocía que durante 2021 se produjo un femicidio cada 22 horas. Siete días después, en un acto con todos los gobernadores de las provincias, presentó junto a la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta el Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la Violencia de Género”.
-¿Qué implica esta acta acuerdo que se firmó el 8 de marzo?
– Implica un compromiso muy fuerte de los tres poderes del estado nacional pero también de los estados provinciales y municipales. Cuando vemos los déficits que todos vemos vinculados a las intervenciones de las policías con las tomas de denuncias, o de los poderes en muchos de los casos, o las ausencias o carencias de aquellos que acompañen a quienes están en esa situación, todo eso depende de las provincias. Hay 24 policías y poderes judiciales en nuestro país que dependen de cada una de las provincias. Lo que se resolvió fue crear un Consejo Federal para la prevención del abordaje de femicidios y travesticidios, que implicó que adhieran (de cada provincia tenía que participar la máxima autoridad) para que se lleven adelante las políticas de seguridad, de justica y de género.
Son tres patas que tienen que articular en cada provincia y en el Estado Nacional. Este acuerdo federal pone en palabras lo que sociedad demandó a los estados y es que eran insostenibles los niveles de violencia con que se vive, que son históricos pero eso no modifica que en algún momento la sociedad tenga una conciencia muy grande de ellos, y que los estados sean los responsables. Sin el compromiso de cada provincia y de cada municipio es muy difícil comenzar a andar en este camino de prevención.
-¿Cuáles son los puntos programáticos del acuerdo?
-El acuerdo tiene a la vez unos puntos programáticos. Ellos son la adhesión a un sistema de único de casos en todo el país, la adhesión a un sistema único de denuncias policiales el primero depende del Ministerio de Mujeres y el segundo del Ministerio de Seguridad; el compromiso de revisar en todas las provincias cómo se gestionan las causas judiciales, los modos ver cómo trabajar en las fuerzas de seguridad, de cada provincia tengan procedimientos ágiles cuando hay situaciones de violencia de género que tiene involucradas las fuerzas de seguridad. Se comprometieron las provincias en revisar y evaluar cómo los sistemas de salud puedan tener vasos comunicantes con las áreas de género, seguridad y justicia.
-Del 8 de marzo hasta acá ¿cómo se avanzó?
–Estamos recorriendo jurisdicciones en todo el país. Estuvimos en Tucumán, La Rioja, Misiones y el lunes voy a Neuquén firmando la adhesión de cada provincia al sistema integrado de casos de violencia de género, algo que para nosotros es central. Lo propio tiene que ir haciendo el Ministerio de Seguridad con las provincias para el sistema de denuncias de casos. Apenas asuma Martín Soria realizaremos la primera reunión para el Consejo Federal de Prevención de femicidios para trabajar coordinadamente con todas las áreas de las provincias, para que no quede en la fantasía de que las áreas de género tienen capacidad para transformar algo que es estructural porque muchas de las competencias dependen de otras áreas.
-¿Cómo se supervisa lo que sucede en las provincias?
-El acto del 8 de marzo la convocatoria buscaba un compromiso real, y eso habla de que cada provincia va a destinar varios recursos humanos y materiales porque sin eso es muy difícil. Ahora nosotras por convenio podemos avanzar en lo que promovemos, como este Consejo de Prevención que busca articular y volvernos a juntar. Pero está claro que en un país federal con un sistema federal como el nuestro hay competencias que son de las provincias y que el Estado nacional puede promover, fijar lineamientos pero no podemos intervenir. Entonces como Estado colocamos en agenda la responsabilidad compartida para tender a fijar una política de Estado, es decir que necesitamos que los poderes judiciales se comprometan, que los poderes legislativo se comprometan a modificar las cuestiones que deban modificar en términos legislativos. Que los municipios del país creen las áreas de género. Cuando asumimos la base de datos del Instituto Nacional de las Mujeres indicaba que el 30% de las municipalidades tenían áreas de género. Sabemos que en 2020 muchos municipios han creado las áreas de género pero necesitamos que todos los municipios tengan área de género y que también tengan recursos porque es el lugar a donde van las mujeres cuando necesitan ayuda del Estado. O termina recalando en las organizaciones sociales o civiles que cumplen esa tarea que centralmente la debería cumplir el Estado. Necesitamos que las provincias jerarquicen el área de género, muchas provincias estos años a las secretarías le dieron rasgo ministerial y eso implica más presupuesto, más lugar en la agenda política, más recursos y más posibilidad de articulación.
-Ante cada femicidio en los últimos meses, la pregunta fue, ¿qué hace el ministerio de las mujeres?
-Entre las consecuencias de la pandemia, generó mayores desigualdades hacia las mujeres y eso implica más violencia. Cuando tenés más niveles de desigualdad la consecuencia es más violencia, en todo el mundo. Estamos transitando esa parte de las consecuencias y hay que pensar que si no hubiésemos tenido algunas de las medidas de contención y asistencia hubiese sido peor.
Después hay una parte de los ataques que tienen que ver con sectores conservadores, sectores en el impacto que tuvo la conquista del aborto lo devuelve con ataques certeros y dirigidos al ministerio de las Mujeres. También hay mucho desconocimiento, suponer que si hay un femicidio la culpa es del ministerio de la Nación es porque hay desconocimiento o mala fe. Porque no se ataca a las áreas que tenían que estar asistiendo ahí, no se ataca al poder judicial que intervino con enormes déficits ahí, o al área de seguridad a la comisaría que no le tomaron la denuncia. Hay que decir que las violencias por motivo de género requieren transformaciones muy grandes para efectivamente reducirlas, son complejas y hay un entramado que no se modifica en dos o tres años. Eso es falso. Lo leemos también en clave de que es un ataque contra los avances de los feminismos de esos sectores que no quieren esas transformaciones.
-¿Cómo es el trabajo de las promotoras territoriales que forma parte del Plan de Acción contra la violencia por motivos de género?
-Todas las acciones están en marcha con distintos niveles, el más importante es el Acompañar que tiene asistencia económica directa. Cada mujer tiene derecho a acceder a este apoyo económico. Dentro del plan está el registro de promotoras y promotores que hoy tiene 29 mil inscriptos en todo el país, que ya recibieron 242 talleres. Hay contacto directo con todas ellas y este año se está entregando el material de publicaciones del Ministerio de las Mujeres junto a una guía para el trabajo territorial. También se vienen llevando adelante talleres virtuales y algunos presenciales. Para nosotras es clave el vínculo con el territorio pero recién este año estamos pudiendo viajar.
-Cómo se abordan todos los problemas que hoy tiene el poder judicial cuando se trata de fallos o denuncias vinculadas a las mujeres
-El ministerio sacó lineamientos para pensar lo que pasa en el Poder Judicial. Porque en la Argentina hay 25 poderes judiciales 23 de las provincias, el de la ciudad de Buenos Aires y el Federal, y más allá de las diferencias que tienen cada uno, efectivamente los poderes tienen déficits estructurales que impiden o obstaculizan la intervención con perspectiva de género. Pero también cuando se trata víctimas (por ejemplo, casos de abuso o de trata de personas) o de mujeres imputadas, un caso es el de María Ovando o el de Belén. O en los procesos de familia en los fallos por alimentos. Hay que tener una mirada más amplia, porque el déficit es muy grande y requiere pensar reformas estructurales, no de maquillaje, no que sólo tengan que rendir exámenes, ni tampoco con más mujeres y diversidades en los poderes judiciales. Hay otros lineamientos. En cada provincia intervienen sus justicias y son provinciales, hay que mirar ahí para que cada poder judicial de cada provincia lo tome. Nosotros, nuestra función es colaborar ahí, marcar la agenda, ponerlo en la agenda pública.<<
A tres meses de la aprobación del aborto legal: ¿cómo se está aplicando la ley IVE?
La ministra de las Mujeres fue una de las impulsoras del proyecto del aborto legal que se aprobó el 29 de diciembre en la Argentina. Esa cartera es una de las que supervisa la aplicación de la ley en las provincias. “Hubo muchos planteos legales, venimos haciendo el seguimiento con Salud y Legal y Técnica. Estuvo interrumpida la aplicación en Chaco con una resolución por demás carente de sustento normativo grave pero ahora la dejaron sin efecto. Es decir que en estos tres meses la ley no tuvo un obstáculo en el marco de lo legal y esto para nosotros es un buen comienzo”, afirmó la ministra y anticipó que en los próximas días saldrá el protocolo desde Nación.
“Preguntamos en cada provincia, y en algunas hay más facilidades y otras más dificultades porque son menos los servicios públicos donde se la puede realizar. Está la línea 0800-222-3344 para consultar y estamos el seguimiento de las denuncias administrativas o reclamos cuando hay impedimento tanto por Defensa del Consumidor como por la Superintendencia de Salud pero a los fines de destrabar los obstáculos. Y se destraban, ya sea por alguna obra social social que coloca requisitos que no existen o farmacias que no tienen el misoprostol”, detalló la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.
