El espionaje ilegal al Instituto Patria desnudó de qué manera dos jueces federales coincidieron –por acción o consentimiento– en sepultar rápidamente lo que pudo haber sido una especie de “Watergate criollo”, una la operación de inteligencia ilegal en línea con la que le costó la presidencia al estadounidense Richard Nixon en los tempranos años ‘70.

La diferencia es que naufragó en Tribunales gracias a una nueva operación de la que el presidente Mauricio Macri estuvo al tanto. El exespía Leandro Araque contó el viernes en la Comisión Bicameral de Inteligencia que su superior en la AFI, Alan Ruiz, le propuso a él y a otro agente vigilar al Patria y ellos se negaron porque imaginaron que podían terminar presos si algo salía mal.

“La operación la hizo otra gente de Alan Ruiz”, y la información llegaba habitualmente a la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, quien comentaba: “Esto le interesa” a Macri.

Cuando en agosto de 2018 militantes del Instituto Patria, donde tenía sus oficinas y trabajaba políticamente la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, detectaron automóviles sospechosos merodeando el lugar, muy cercano al Congreso, lo denunciaron a la Justicia.

Hubo dos denuncias y ambas recayeron en juzgados que estaban a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, en Comodoro Py. Una, en el juzgado cinco, en el que estaba como subrogante; la otra, en el ocho, del que es titular.En el cinco estaba como fiscal de turno Federico Delgado, y en el otro Guillermo Marijuan. Ambos impulsaron la causa pero Martínez de Giorgi unificó los dos expedientes en su propio juzgado, el ocho, y Delgado quedó excluido.

Martínez de Giorgi le pidió a la AFI que “informe si agentes del organismo fueron designados para desplegar actividades en los primeros días de agosto de 2018 en las inmediaciones del Instituto Patria y en caso positivo, en el marco de qué investigación”. La AFI respondió que “en cumplimiento de las tareas ordenadas en el marco de la Causa n° 82441/2017, a cargo del Dr. Federico Hernán Villena, en las fechas indicadas se llevaron adelante tareas de la especialidad en las inmediaciones del domicilio consultado en la referida demanda judicial”.

En el sistema informático de tribunales, en el rubro “denunciantes”, la causa 82.441 –invocada por la AFI– dice que “no se encontraron datos para mostrar” y la carátula es “NN”, con origen en el Poder Judicial. Es decir, una denuncia anónima que ni siquiera pasó por una comisaría.

¿De qué iba esa causa? Según documentación a la que accedió Tiempo, “posibles amenazas terroristas”. Hay alusiones a atentados en el marco de la Cumbre del G-20. Pero la causa es de 2017 y la reunión de líderes mundiales en Buenos Aires fue a finales de 2018.

El expediente parece más una de las habituales causas que se forman para amparar y blanquear tareas ilegales en operaciones judiciales-políticas-mediáticas que una investigación seria por presunto terrorismo contra Donald Trump o Angela Merkel. Pero otra vez aparece la excusa del G-20, la misma que permitió el espionaje ilegal sobre 403 periodistas.

En una escucha revelada por el periodista Rolando Graña, atribuida a la voz del espía Alan Ruiz, parece estar la explicación: “Nosotros tenemos a veces mucho quilombo porque las operaciones que hacemos las hacemos con la cobertura judicial de algún juzgado. Así metimos la del coche (NdR: en el Patria), la metimos en una causa. El juez Villena nos armó un ‘coso’ y metimos muchas tareas juntas, lo metimos en un escrito”.

Así, según la propia confesión, se blinda el espionaje ilegal con el ropaje de una investigación judicial por un delito de fantasía, como por ejemplo las supuestas acciones terroristas.

Esa grabación dice que Villena protegió actividades ilegales. ¿El juez se excusó, se autodenunció, denunció a Alan Ruiz por haber mentido en su contra? No, allanó las oficinas de Graña para secuestrar los originales de la grabación que podrían incriminarlo.

Entretanto, Martínez de Giorgi seguía con su “investigación” sobre el espionaje en el Patria. Como la AFI le dijo que estaba trabajando por orden de Villena, trató de confirmar que eso fuera cierto. Pero lo hizo mediante un llamado telefónico que ni siquiera respondió el juez de Lomas de Zamora. El 28 de noviembre de 2018, el secretario deAsuntos Aeroportuarios y Criminalidad Económica del juzgado de Villena, Sebastián Garber, informó que “efectivamente la causa tramita en dicha judicatura en el marco de la cual se le dio oportuna intervención a la AFI”. La certificación la hizo Rafael Ortea Escandon, secretario de Martínez de Giorgi.

Pero Villena niega la existencia de ese llamado. Y Martínez de Giorgi lo torea, desafiando a que se pidan los listados de llamados telefónicos entre ambos juzgados en esa fecha.

Cuando hay una denuncia de tamaña gravedad como el espionaje a un partido político opositor, los jueces piden “una amplia certificación” de los expedientes mencionados, incluso reclaman el envío de la causa completa “ad effectum videndi” (para verla ellos mismos) y cerciorarse de lo que allí tramita. Aquí bastó un simple llamado telefónico para dar por cierto lo que dijo la AFI, justamente el organismo bajo investigación.

Martínez de Giorgi confirmó que había espías merodeando el Patria, pero consideró que “bajo ningún concepto se ha consumado delito alguno reprochable a las personas imputadas”.

El sobreseimiento quedó firme. Y el espionaje, impune.