«Si enganchamos a los autores materiales tendría que comenzar a develarse todo», dice Pablo Vicente, abogado junto con Elizabeth Gómez Alcorta, del Suteba y de Corina DeBonis, la maestra del CEC N° 801 de Moreno secuestrada y torturada hace 11 días. La investigación del fiscal Emiliano Buscaglia, de la UFI 5 –apoyada por la UFIN°1 de delitos complejos– avanza en intentar determinar los autores materiales. Y ese «todo» apunta al trasfondo de los comedores escolares y al Concejo Escolar intervenido por María Eugenia Vidal, una olla que destapó la explosión del 2 de agosto en la escuela N° 49 que causó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez.

Desde la denuncia de De Bonis, el fiscal Buscaglia se enfocó en la búsqueda de quienes interceptaron a la maestra, la introdujeron en un auto y le escribieron «Ollas No» con un punzón. Esta semana la causa incorporó la declaración de un testigo de identidad reservada que contó sobre el manejo de los comedores y que durante el conflicto mermó la cantidad de alimentos. También que hubo días que, directamente, no se entregaron.

Los comedores dependen del Servicio Alimentario Escolar (SAE) del Ministerio de Desarrollo Social y brinda asistencia a través del Consejo Escolar (CE). El secuestro de De Bonis y la catarata de amenazas llevaron todas las miradas hacia allí. La sospecha es que la causa que determinó la intervención persiste: la existencia de un sistema de retornos en los contratos con los proveedores del servicio.

En Moreno el Consejo está intervenido por provincia desde octubre de 2017, cuando asumió Sebastián Nasif, excandidato a consejero escolar por el massismo, junto con Aníbal Asseff y Sergio Pazos, ambos de Cambiemos. La explosión y las muertes eyectaron a Nasif y en su lugar asumió Karina Ana Politi, expresidenta del CE de Malvinas Argentinas, vinculada políticamente a Jesús Cariglino. El organismo depende del director provincial de Consejos Escolares, Marcelo di Mario, que a su vez reporta a Gabriel Sánchez Zimmy, el director general de Cultura y Educación de Vidal. Sobrepasada por el conflicto, el lunes la Provincia se comprometió a reactivar el SAE con una provisión de viandas para que los alumnos se lleven a sus casas: las cerca de 300 escuelas del distrito siguen sin clases desde la explosión.