La administración Macri intentó mostrarse como «austera y sobria» al presentar una «baja» en el presupuesto destinado a la organización del G20. Sin embargo, a partir de la asunción de Hernán Lombardi al frente de la organización, los gastos fueron creciendo. Se calcula que el Estado argentino terminará pagando 200 millones de dólares por un evento en el que no se cerrarán acuerdos comerciales, tratados de paz ni ningún pacto diplomático entre las naciones participantes. Más allá de las formalidades, la única expectativa política está puesta en el encuentro fugaz de los líderes que posarán para la foto de familia más cara de la historia para el país.

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) Oymyakon-Fyn, que resultó ganadora de la adjudicación de la organización del evento, había presentado una oferta original de $ 749.820.419,54. Esta UTE, integrada por la firma argentina Fyn SA, la mexicana Creatividad y Espectáculos y la alemana Brähler ICS, ganó porque ofreció cobrar un 30% menos de lo presupuestado. Desde el gobierno comunicaron el contrato como un signo de «austeridad».

Sin embargo, en septiembre, cuando Natalia Zang dejó de coordinar la Unidad Técnica del G20 y fue reemplazada por el jefe del Sistema de Medios, Hernán Lombardi, el gasto pasó de los 750 millones a más de 1000 millones. Pero desde Attac, una de las organizaciones miembro de la Confluencia Fuera G20-FMI, aseguran que el gasto final será de 200 millones de dólares, unos 7700 millones de pesos. El aumento del gasto, por $ 262,4 millones, se oficializó a través de la Decisión Administrativa 1651 publicada en el Boletín Oficial el 8 de octubre y que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

El gasto aumentó pero los objetivos de la cumbre, no. Más allá de una reunión bilateral entre Macri y la británica Teresa May (ver página 3), o una eventual foto entre los líderes de Estados Unidos, Donald Trump y de China, Xi Jinping, el evento no tiene funcionalidad específica. Se especula con que la declaración final será un catálogo de generalidades. Así lo confesó Lombardi cuando destacó que el objetivo del evento es «mostrar la enorme confianza que el mundo deposita en la Argentina y en el liderazgo del presidente (Mauricio) Macri».

«Argentina, país devaluado, financia la reunión de estos tipos. Sólo hubo declaraciones concretas entre 2008 y 2010, cuando los países del G20 se propusieron tomar medidas heterodoxas tras la caída estrepitosa del crecimiento y comercio global. El año pasado, en Hamburgo, se incluyeron cláusulas de libre comercio y proteccionistas a la vez para contener a Trump y el texto perdió toda coherencia», recordó Luciana Ghiotto, de Attac.

La seguridad cuesta

Como la partida presupuestaria quedó desactualizada, desde el colectivo No al G20 sistematizaron la información que se iba drenando hacia algunos medios. La politóloga Bettina Müller, de Atacc, dijo que a partir de este registro pudieron constatar que, hasta el momento, el mayor gasto está destinado a la compra de material bélico y a cuestiones de seguridad, por unos 1100 millones de pesos, que incluye la compra, por 12,5 millones de euros que el gobierno le giró a Francia, de los aviones Super-Etendard pero que no llegaron a ser reparados a tiempo y no están aptos para volar.

Dentro de la órbita del ministro de Defensa, Oscar Aguad, también se adquirieron cuatro helicópteros Bell 412 y 20 helicópteros Bell 412 bimotor, un sistema de defensa misilístico RBS70 de la empresa sueca Bofors, instalado en un buque de guerra situado en la costa de la ciudad de Buenos Aires. Estos misiles cuentan con el apoyo de dos fragatas misilísticas. Asimismo, se compraron radares y un sistema especial de defensa ante un ataque radioactivo o bioquímico.

En tanto, para cuestiones de seguridad en las calles, con el mando de la ministra Patricia Bullrich, se realizaron compras a través de licitaciones públicas de 180 escopetas, y 15 millones de municiones de goma anti-disturbio; 2000 proyectiles de gases lacrimógenos, 9100 chalecos policiales multiamenaza; 6000 vallas de contención; 2 millones de cartuchos de bala 9 milímetros; 3150 juegos de cascos; escudos; máscaras antigás y bastones para policías y gendarmes; 4900 precintos plásticos de seguridad que se utilizan a modo de esposas para detenidos. Se consiguió además un sistema para garantizar la seguridad informática.

Todo este material bélico y de confrontación contra las manifestaciones populares quedará luego disponible para su uso dentro del país. «