Mientras la marea verde inundaba el país con el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, el gobierno decretaba por lo bajo el 25% de aumento al Salario Mínimo, Vital y Móvil, en cuatro cómodas cuotas. En julio de 2019, su monto llegará a $ 12.500. «Si se establece un nivel demasiado bajo, el Salario Mínimo tendrá poco efecto en la protección de los trabajadores y sus familias, contra el pago de salarios indebidamente bajos o la pobreza». La advertencia pertenece a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y aplica a la perfección a la situación argentina.
El salario mínimo no es sólo un piso de referencia para que cualquier trabajador –formal o informal– pueda negociar una remuneración digna, sino que determina concretamente el monto a percibir por los trabajadores de la economía popular, en concepto de Salario Social Complementario (SSC). Esta prestación es percibida por trabajadores de la economía informal, desempleados o cooperativistas, a través de planes de los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social (ver recuadro). Se trata de unos 250 mil trabajadores que cobran exactamente la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil; es decir, serán $ 6250 en julio de 2019.
Gildo Onorato, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que agrupa a 40 organizaciones sociales, explicó a Tiempo: «Es de una absoluta hipocresía. Estamos hablando de 250 mil trabajadores por debajo de la línea de la indigencia, si no tienen otro ingreso. Y aun si lo tienen, el Estado no puede sostener ningún tipo de programa que esté por debajo de la línea de la indigencia».
Según el Indec, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesita $ 7840 para no ser indigente y $ 19.601 para no ser pobre. A nivel individual, se necesitan $ 2537 para no ser indigente y $ 6343 para no ser pobre. «Esta prestación dineraria (por el SSC) tendrá por objetivo solventar, apoyar y promover los esfuerzos individuales y colectivos de los sectores sociales más postergados, dirigidos a concretar su fuerza laboral en un trabajo formal y de calidad», dice la Resolución 201-E/2017. En la práctica, el Salario Social Complementario alcanza apenas para que un solo individuo no sea indigente.
Tanto la Confederación General del Trabajo (CGT) como las dos versiones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) firmaron el aumento en disconformidad. Las centrales obreras pedían una suba del 100%, que hubiera llevado al salario mínimo a los $ 19.600 que exige hoy la canasta de pobreza. Los empresarios, por su parte, ofrecían apenas un 20%.
El laudo del Ministerio de Trabajo, que dirige Jorge Triaca, estuvo escudado en la proyección inflacionaria para julio del año próximo, que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central colocó en 24%. Las predicciones del REM no fueron muy atinadas en los últimos tiempos. Aun si lo fueran, la CGT advirtió que la inflación no establece el impacto de los precios relativos «sobre la vida de la población más vulnerable». Por ejemplo, los aumentos en alimentos y servicios públicos (combustibles y tarifas, principalmente) «no guardan ningún tipo de relación» con el promedio inflacionario medido por el Indec. Por lo tanto, las canastas básicas alimentarias y totales (que sirven para medir la indigencia y la pobreza, respectivamente) resultan «una referencia obligada a la hora de ponderar ingresos mínimos». En rigor, en los últimos 12 meses, la inflación creció un 29,5%; la canasta de indigencia lo hizo en un 29,7%; la canasta de pobreza, un 32,3%. O sea, ambas canastas crecieron por encima de la inflación general.
Onorato aseguró que con este panorama, «crecerá el nivel de conflictividad social porque crecen el hambre, la desigualdad y la pobreza». El dirigente social apuntó: «Es un gobierno que se ha centrado en favorecer a los exportadores de granos, los mineros, la banca, la especulación financiera. Generó muchas oportunidades de negocios y ninguna oportunidad de trabajo y de producción. Vemos que es un gobierno de ricos para ricos y que su modelo económico es una fábrica de pobres».
Según la Ley de Emergencia Social (27.345), «se entiende por Economía Popular toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar».
La CTEP entiende que estos objetivos están lejos de cumplirse y por esto hará la próxima semana una manifestación en provincia de Buenos Aires, mientras que la primera semana de septiembre se movilizará al Ministerio de Trabajo de Nación. «
Quiénes los reciben
Perciben el Salario Social Complementario los trabajadores incluidos en los siguientes programas del Ministerio de Trabajo: Trabajo Autogestionado (PTA, asociados a cooperativas), Construir Empleo (empleos temporarios en el rubro construcción) y Programa Jóvenes (para mayores de 18 y menores de 24 años que no tienen trabajo). Del Ministerio de Desarrollo Social: Hacemos Futuro (programa de formación y de estudio), Proyectos Productivos Comunitarios (para la generación de nuevas unidades productivas).
