El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que «genera mucha bronca en la sociedad» la decisión de la Corte Suprema de someter a revisión el expediente por el direccionamiento de la obra pública, donde está acusada la senadora y ex presidente Cristina Fernández, y que demorará el inicio del juicio oral, previsto para el 21 de mayo.

Peña sostuvo que cuando la Justicia «tarda mucho tiempo y se empieza a empantanar», el efecto es que «debilita el proceso judicial y todo el sistema». “Genera la impresión de que la impunidad se puede consagrar”, agregó.

«El kirchnerismo cree que la justicia tiene que ser militante, una cuestión que sea parte de un esquema de poder, y nosotros creemos que hay que defender a los jueces que se rigen por los códigos y no por las encuestas», manifestó.

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, aseguró que es «inusual» el pedido de la Corte. «La verdad que es un fallo muy inusual con un condimento político muy grande, preocupa. Esto lo que hace es impedir la realización de un juicio oral, que es el momento donde los fiscales acusan y las partes acusadas se defiendan», dijo el funcionario en declaraciones formuladas esta mañana a radio Mitre.

Agregó que el hecho de que «la Corte tome una decisión así, que en principio parece impedir la realización de un juicio oral a una semana de ser realizado, es una decisión extraña, por lo menos».

«La revisión de la Corte o de las Cámaras son después de hecho el juicio y dictada la sentencia, en ningún lugar del mundo se producen antes de la decisión de los casos, eso también es muy peculiar de nuestro sistema que ha servido para generar impunidad o demoras de entre 10 y 13 años», analizó.

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«Cuando se convocó al presidente por los Panamá Papers se presentó en la Justicia, dio explicaciones públicas. En este caso no explicaron qué pasaba con los hoteles, con los proveedores de la obra pública, de dónde salía la plata que estaba en las cajas de seguridad. Lo importante sería dar explicaciones en la Justicia», analizó.

En sintonía con el ministro, la Oficina Anticorrupción (OA) pidió por escrito que se inicie el juicio donde está acusada la ex presidenta.

La titular de la OA, Laura Alonso, afirmó además que «es una vergüenza republicana» la decisión de la Corte que busca determinar si hay errores procesales.

«El fallo de la Corte es escandaloso e inédito. Busca claramente dilatar el inicio del juicio. Es una decisión a favor de la impunidad de Cristina Kirchner, (Julio) De Vido, (José) López, (Lázaro) Báez y otros», declaró la funcionaria a Télam.

«Hay una clara mayoría politizada en la Corte y es lamentable. Estos años se hicieron muchas cosas para ayudar a la Justicia a mejorar su imagen y estas son las decisiones que la vuelven a hundir en el pantano de las sospechas», apuntó.

Sostuvo que el TOF2 «puede y debe iniciar el juicio el 21 de mayo». Recordó en este sentido que «la causa completa está escaneada y no hay impedimento jurídico para comenzar», por lo que ya se pidió «a través de un escrito».

«Esta querella acude a solicitar que se adopten los recaudos necesarios para que la remisión al máximo tribunal no comprometa el inicio del debate oral y público, tantas veces postergado», señala el documento entregado por la OA al TOF 2.

En otro tramo del documento, de menos de 3 carillas, se argumenta que «una nueva postergación del inicio del juicio de un gravísimo caso de corrupción administrativa como el que aquí se ventila rayaría con un injustificado incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino de proceder al efectivo juzgamiento y dictado de fallo en casos de corrupción».

También sostiene que «la celebración del juicio oral, rodeado de todas las garantías para que los justiciables ejerzan sus defensas, lejos de generarles un perjuicio, no hará más que redundar en beneficio» de los acusados.

Finalmente recuerda que «el escollo puede ser fácilmente superado» ya que «la causa principal se encuentra escaneada íntegramente».

Por eso la OA «deja expresamente solicitado al tribunal que arbitre los medios para que la elevación de las actuaciones a la Corte no suponga una nueva postergación del debate, y que éste se inicie el próximo 21 de mayo de 2019, tal como está previsto», concluye el escrito.