A través de la Resolución 268/2018, que se publicó recientemente en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Discapacidad busca la baja definitiva de aquellas pensiones que fueron unilateralmente suspendidas desde 2016 y que no fueron reclamadas por los ex beneficiarios. Los trabajadores de la ex Comisión Nacional de Pensiones estiman que se trata de unos 160.000 expedientes.

De acuerdo a los números que manejan desde ATE Pensiones, “en 2016 se dieron de baja unas 30.000 pensiones, de las cuáles 4.258 fueron repuestas; en 2017, cancelaron unas 170.000, de las cuáles devolvieron 39.340, por lo que falta restituir unas 160.000”, indicaron desde el organismo.

Es que el gobierno acaba de dar por aprobado “el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades con el Decreto 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez”, por lo que atendiendo a “los principios de eficiencia, eficacia y economía en el diligenciamiento de los trámites que persigue esta Administración Nacional, se considera adecuado establecer un plazo de diez días hábiles administrativos para que el administrado pueda ejercer su legítimo derecho de defensa y ofrecer la prueba de la que intentare valerse, como así también tomar vista de las actuaciones”.

La semana pasada, el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8, a cargo Adriana Cammarata, ordenó restituir todas las pensiones que fueron suspendidas o interrumpidas desde enero de 2017, incluso aquellas en la que el mismo beneficiario optó por dejar la prestación para poder continuar con otra.

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En el fallo, la jueza Cammarata había considerado el recorte como un hecho “lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas de los derechos y garantías contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales”. En noviembre, la Cámara de Seguridad Social ya le había ordenado a Carolina Stanley, ministra de Salud y Desarrollo Social, restituir las pensiones canceladas mientras la causa judicial avanzaba.

Uno de los puntos más importantes de esa sentencia es que daba un plazo de diez días para que el Estado restituyera las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en todo el territorio nacional, con excepción de Viedma (donde cursa otra causa por el mismo tema).

Por eso, la Resolución 268/2018 viene con trampa según analizaron desde ATE Pensiones. “En vez de devolver todas las pensiones, como lo estableció la justicia, buscan que quienes fueron dados de baja compulsivamente se presenten y cumplimenten esos requisitos que sacaron de la galera de un viejo decreto de la década del 90”, precisaron.

El decreto en cuestión establece que los beneficiarios no deben percibir –el cónyuge tampoco- jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Además, se debe acreditar una discapacidad de 76%; no tener bienes, ingresos ni recursos que permitan la subsistencia del solicitante. Una de las cuestiones más criticadas es que el beneficiario no puede poseer un vehículo menor a los 10 años de antigüedad. «La decisión del gobierno fue clara: quitar a mansalva el derecho con la excusa de que si lo necesitaban en serio lo van a volver a pedir. Pero, ¿cómo van a ir? Hay gente que no se puede mover por sí sola, son discapacitados y pobres», concluyeron las fuentes.

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