La aparición de la «letra chica» del acuerdo con el Fondo Monetario ha abierto un abanico de interrogantes, especialmente entre los empresarios, quienes se preguntan hasta qué punto el gobierno mantendrá la quita de impuestos, sea a las exportaciones de soja o al sinnúmero de situaciones exentas: Ganancias para todas las empresas; específicos para las pymes; reducción de contribuciones a la Seguridad Social; y subsidios a la producción de gas natural, entre tantos otros.
Pero lo que más llamó la atención fue la posición que adopta el FMI ante el plan de ajuste de la Argentina vinculado al préstamo stand by.
En primer lugar, varios observadores han puesto la mira en la demora en la que incurrió el FMI en dar a conocer este texto, cuando ya pasó más de un mes desde el anuncio del acuerdo con el gobierno. Diversos informes aseguran que entre los directores y técnicos no existe unanimidad sobre la posibilidad de que el gobierno de Mauricio Macri pueda cumplir con los objetivos de l plan. En ese camino, un sector de ellos estaría dudando de la sustentabilidad de todo el plan al observar que el socorro anunciado por el FMI no pudo impedir la corrida cambiaria y la caída de todos los activos argentinos, desde las acciones hasta los títulos públicos.
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El informe del Fondo aclara que se trata de un «programa de ajuste de las autoridades» argentinas, y mantiene distancia permanente respecto de este programa.
Así, el informe señala que «persisten riesgos considerables para la sustentabilidad de la deuda» a causa de «la gran participación de la deuda en moneda extranjera y las grandes necesidades de financiamiento externo que, según la experiencia internacional, ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda».
Es decir, el FMI promueve un ajuste en toda la línea en la Argentina pero acepta la posibilidad de que el país caiga en una cesación de pagos.
Es por ello que, ante esa posibilidad, se cura en salud al advertir que «la liquidez (del FMI) podría quedar comprometida» por el elevado monto del programa argentino puesto en juego.
Las revisiones trimestrales que realizará el FMI tendrán este carácter, de preservar los recursos del Fondo. En ese terreno, la posibilidad real de que la inflación supere al 32% anual y, por lo tanto, ponga en discusión todo el programa de préstamo y ajuste, es una amenaza cierta sobre las autoridades económicas argentinas. Esta es la base por la cual algunos analistas prevén que el Fondo endurecerá las condiciones para los próximos desembolsos.
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Quienes no pueden tener dudas acerca de lo que significa la letra chica del acuerdo con el FMI son los trabajadores, los jubilados y la población en general, sobre la que recaerá el peso del ajuste.
Los compromisos asumidos por el gobierno en el marco del «programa de ajuste de las autoridades» incluye:
-Seguir con la reducción de los subsidios a la energía y el transporte.
-Ajuste del gasto en bienes y servicios, con un recorte del 15% real este año.
-Reducir la masa salarial estatal por medio del despido de trabajadores «no prioritarios» y un congelamiento de la contratación en 2019 y 2020.
-Limitar el crecimiento de la masa salarial estatal.
-Reducir las transferencias a las empresas estatales.
-Ajustar a las provincias en un 1,2% del PIB con recortes en el gasto provincial en salarios y bienes y servicios.
-Vender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. «