El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció el pasado martes el envío al Congreso de un proyecto de ley para darle sostenibilidad a la deuda pública.

En uno de los pasajes de la conferencia de prensa el funcionario afirmó: «La situación del país es crítica, el país enfrenta una profunda crisis de deuda, lo que se ha hecho con la deuda es un desastre, en tan sólo dos años el país rifó completamente el acceso al mercado de créditos internacionales, aumentó brutalmente el endeudamiento, y el país no generó un aumento de su capacidad productiva con la cual generar los dólares para poder hacer frente a los compromisos que el país había tomado». Esta declaración enmarca la emergencia sobre la que debe actuar el gobierno actual, que en paralelo debe renegociar los términos de la deuda, reactivar la economía, y disponer de recursos para atender la problemática social.

A los problemas que suele generar el modelo neoliberal, el macrismo le sumó desidia y mala praxis. Como afirmó el ministro, «se está buscando dar una solución a un problema que se generó por un modelo económico absurdo, que nunca ha funcionado en ningún lugar del mundo». Una de las particularidades del caso argentino reciente es que la masa crítica para la crisis se gestó en tiempo récord. Ni en la convertibilidad se había llegado tan rápido. El anterior gobierno lo hizo partiendo de un nivel de deuda de las más bajas de la historia, que aprovechó para tomar empréstitos de manera irresponsable, por montos y condiciones de contrato insostenibles. El ritmo de crecimiento de la deuda fue tal que –incluso en una coyuntura de elevadísima liquidez global– los flujos de capitales privados dejaron de entrar al país.

En apenas cuatro años el ratio de deuda pasó del 52,6% del PBI (último trimestre 2015) al 91,6% (tercer trimestre de 2019). En montos, el incremento fue de 102 mil millones de dólares. Deuda que marchó a la par de la evolución de la formación de activos externos («fuga»), que en el mismo período llegó a la friolera de 88.371 millones de dólares, según información del BCRA.

En términos de lo que es la verdadera herencia, lo hemos dicho hasta el cansancio, la deuda parece haber cumplido con el objetivo de ser diseñada para que un gobierno con otra orientación política se encontrara seriamente condicionado. La magnitud de los vencimientos privados que hay que pagar en el corto plazo (los del FMI comienzan a operar con fuerza en 2022) dan una idea de los recursos que se precisan, pero que el país no dispone. Con datos a fin de diciembre, en 2020 vencen capital e intereses por 67.200 millones de dólares, de los cuales 52.500 son en dólares y 14.700 nominados en pesos, que incluyen la deuda con privados, el sector público y los organismos. El gobierno anterior dejó una situación de pinzas de deuda y recesión que hay que desarticular lo antes posible. Sin una renegociación de los términos de la deuda la situación no es viable. Hay que generar recursos poniendo en marcha la capacidad productiva del país. Y para ello una condición necesaria es reducir la carga de los servicios financieros. Porque sin reactivar tampoco se pagan las deudas, incluyendo la social.

Los datos fiscales son elocuentes respecto de la carga que implica la deuda para el presupuesto público. Los intereses netos como porcentaje del gasto primario, que en 2016 eran del 6,7%, llegaron al 18% en 2019. Casi se triplicaron. En el último año el aumento fue de unos 6 puntos porcentuales. Es importante compararlo con la evolución de los demás rubros. Según los últimos datos fiscales, las variaciones reales del gasto de 2019 indican fuertes caídas en las prestaciones sociales (7,0%), en los salarios pagados por el Estado (13,3%), en los gastos en infraestructura para educación (57,2%), y para vivienda (36,6 por ciento).

En la semana, los datos preocupantes no pararon de llegar. El reciente Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) indicaba el declive productivo que dejó el anterior gobierno. En noviembre volvió a reducirse, acumulando una contracción de 2,3% en 11 meses. Según el Indec, la producción industrial registró 19 meses consecutivos de variaciones interanuales negativas. También se publicó información sobre la actividad de la construcción, que tras más de un año de caídas interanuales acumuló una contracción del 8% en los primeros once meses del año, respecto de un año atrás. Toda esta información no hace más que confirmar el complejo desafío que se tiene por delante.

Modelo para pocos

Los últimos datos de OXFAM dan cuenta de que el modelo neoliberal no funciona, y que sólo se benefician unas pocas personas.

Algunos números que confirman esta afirmación: existen en el mundo 2153 personas con más riqueza que 4600 millones de personas. De aquel grupo, los 22 hombres más ricos tienen más riqueza que todas las mujeres de África, que no son pocas. Todo un reflejo de las desigualdades, de riqueza, pero también de género.

Otro dato que impacta es que el 1% más rico de la población mundial cuenta con más del doble de riqueza que el 90% de los habitantes. Esta realidad no es producto de la naturaleza sino de un sistema perverso que apunta hacia ello. Bill Gates, por ejemplo, tiene un patrimonio de 100 mil millones de dólares, el doble que cuando dejó de estar al frente de Microsoft (2008). Esto a pesar de que en 2010, junto con otros millonarios norteamericanos, había declarado que donaría la mitad de su fortuna.

Entre 2011 y 2017, los salarios promedio en los países del G7 crecieron un 3%, mientras que los dividendos de los accionistas ricos, un 31%. Yendo más atrás en el tiempo podemos observar dinámicas similares. Entre 1980 y 2016 el 1% más rico captó el 27% del crecimiento de los ingresos mundiales. El 50% de la población más pobre sólo dispuso del 12% de ese aumento.

Volviendo a los parámetros de riqueza, una tercera parte del patrimonio de los mil millonarios proviene de herencias. Esto se contrapone de lleno con la idea de tipo meritocrática que presentan los defensores del modelo.

Las políticas públicas se encargan de reproducir estas lógicas. Apenas un 4% de la recaudación fiscal mundial procede de impuestos a la riqueza. La elusión mundial alcanzaría en el caso de las grandes fortunas hasta el 30% de sus obligaciones tributarias.

Por último, en el informe se sostiene que la enorme brecha «es consecuencia de un sistema económico fallido y sexista. Se trata de un modelo económico defectuoso que ha acumulado enormes cantidades de riqueza y poder en manos de una élite rica, cuyos beneficios se deben en parte a la explotación del trabajo de mujeres y niñas y a la vulnerabilidad sistemática de sus derechos».  

¿Qué se puede hacer ante este escenario? Muchas cosas. Según OXFAM, un incremento de tan sólo el 0,5% adicional en el tipo de impuesto que grava la riqueza del 1% más rico de la población permitiría disponer en los próximos diez años de recursos para crear 117 millones de puestos de trabajo en salud, educación y sectores del cuidado de las personas. Es un cálculo que sirve, teniendo en cuenta que en el mundo hay 188 millones de personas desempleadas, según información de la OIT. Queda claro que los recursos para solucionar las principales urgencias de la población están disponibles. Por eso, es imperioso cambiar cuanto antes la forma en que se organiza la economía y la sociedad.  «