Por estas horas, en el Parlamento se analiza cómo será el nuevo escenario de trabajo legislativo –que desde marzo se realiza en gran parte de manera remota– en el período de aislamiento que va del 1 al 17 de julio, teniendo en cuenta las nuevas medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández en un momento preocupante por el aumento de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Durante la semana pasada, en los pasillos legislativos circuló el rumor de que el Congreso podía tener un “parate” por 15 días y hasta que podrían adelantarse las vacaciones de invierno de aquellos trabajadores legislativos que se encuentran en actividad desde el comienzo de la cuarentena a través de guardias mínimas que con el correr de las semanas se fueron ampliando, hasta alcanzar un ritmo semipresencial, sobre todo en los días de sesiones. Fuentes de ambas cámaras comentaron a Tiempo que por ahora “no hay nada concreto”, pero en el Senado podría salir el lunes un nuevo decreto firmado por la presidenta de esa Cámara, Cristina Fernández de Kirchner, con definiciones de cómo será el funcionamiento para los días que vienen.
Por lo pronto, en la semana que comienza continuarán las reuniones de comisiones de carácter informativo a través del sistema de videoconferencias, pero la convocatoria a sesiones se pone más difícil. Las dos cámaras hicieron acuerdos distintos para trabajar de manera “virtual”. Mientras en el Senado se resolvió la modalidad por decreto presidencial, en Diputados la Comisión Especial de Modernización realizó un Protocolo de Trabajo Remoto que fue votado en el recinto el 13 de mayo en la primera sesión “mixta” para funcionar por 30 días y que debe ser renovado en acuerdo del presidente de la Cámara, Sergio Massa, y los jefes de bloques.
Los tironeos entre los dos espacios políticos mayoritarios –el Frente de Todos y Juntos por el Cambio– por los temas y proyectos a tratar dificultan la posibilidad de continuidad del protocolo que venció y no fue renovado en la última sesión del jueves, por lo que el plenario no podrá volver a reunirse ni tampoco se podrán emitir dictámenes en comisiones. Los diputados de Juntos por el Cambio plantearon en el recinto que no estaban dispuestos a trabajar con temas no consensuados a través del sistema virtual.
La otra diferencia entre ambas cámaras es el poder político que posee el oficialismo. Mientras que en el Senado cuenta con la mayoría de representantes para poder avanzar en cualquier proyecto que pueda aprobarse sin tener que contar con consensos para reunir los dos tercios del cuerpo, en Diputados no se cuenta con la misma suerte y el FdT necesita encontrar equilibrios con los bloques opositores por ser la primera minoría.
Proyectos pendientes
En medio de quejas constantes por parte de la oposición sobre cómo se está desarrollando la actividad parlamentaria, el oficialismo decidió enfriar el ingreso de proyectos que dividen posturas, no sólo dentro del Parlamento sino también en las provincias –cuyos gobernadores se encuentran pivoteando entre evitar el crecimiento de contagios por coronavirus y el pedido de dinero al gobierno nacional para sostener la economía de sus territorios–. Son los casos de los proyectos como el que crea el impuesto a las grandes riquezas, la interrupción voluntaria del embarazo, el nombramiento del juez federal Daniel Rafecas como procurador general de la Nación y la reforma judicial. Sin embargo, después de su aprobación sin el apoyo de la oposición, el Senado giró la semana pasada a Diputados la iniciativa del senador Oscar Parrilli que propone la creación de una Comisión Bicameral investigadora de la deuda que contrajo Vicentin con el Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. Otro proyecto que le queda pendiente a la Cámara Baja es la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de violencia de género y acoso laboral, enviado por el Ejecutivo Nacional.
El Senado deberá avanzar en tres iniciativas que aprobó Diputados: teletrabajo, régimen de promoción de economía del conocimiento y la campaña nacional de donación de plasma de pacientes recuperados de Covid-19, iniciativa presentada por Máximo Kirchner, que fue la única aprobada por unanimidad. Los dos primeros giraron con disidencias que tendrá que resolver la cámara revisora. «