La suerte de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que falta desde que se subió a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich, hace más de dos meses, comenzó a estropearse antes, el 20 de marzo, con la entrada en vigencia del DNU 297/2020, que instaló el aislamiento social preventivo y obligatorio. Con el pretexto de asegurar su cumplimiento, las fuerzas de seguridad han generado detenciones en la calle que derivaron en casos de brutalidad policial, gatillo fácil o, como lo marca la investigación de la Justicia federal en el hecho de Facundo, la desaparición forzada de una persona en democracia.
En las últimas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que el Estado argentino informe “las acciones que estaría llevando a cabo para dar con el paradero o localización del joven Facundo Astudillo Castro y el avance en las investigaciones por los hechos alegados”.
Hasta el momento se sabe que Facundo salió de su casa en Pedro Luro la mañana del 30 de abril con la intención de llegar haciendo dedo hasta lo de su exnovia, en Bahía Blanca. También que ese mismo día fue demorado por efectivos policiales en Mayor Buratovich y que le labraron un acta por incumplimiento de la cuarentena. Lo que sucedió después aún es un misterio: mientras los agentes aseguran que lo dejaron ir, al menos tres testigos afirman que vieron cómo lo subían al asiento trasero de una camioneta Toyota Hilux de la Bonaerense.
“Lo de Facundo es algo que debe encender todas las alarmas, pero hace tiempo que venimos señalando las graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la cuarentena. Cuestionamos que la actual política de seguridad bonaerense tiene muchos rasgos de continuidad con la de los últimos años. Hay discursos de parte del ministro Sergio Berni que son habilitadores de esa violencia”, opina el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García. “Muchos de los casos de gatillo fácil o torturas que denunciamos –continúa– son de personas que violaron la cuarentena, jóvenes que salieron a comprar algo. En ese sentido, hay un retroceso en lo que se venía haciendo, porque con la pandemia hubo una serie de decretos o resoluciones que le otorgaron a la policía más atribuciones de las que tenía”.
Reaccionarios
Hace algunas semanas, Tiempo advertía sobre la escalada represiva en cuarentena al publicar que, desde el comienzo de la actual gestión en diciembre de 2019 hasta fines de mayo, hubo 380 intervenciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en casos de violencia institucional y que, de ese total, el 70% se produjo durante el período de aislamiento obligatorio. “Venimos de un piso muy bajo”, explicaba a este diario el secretario Horacio Pietragalla Corti, en referencia a los cuatro años de Cambiemos y su aval para la desmesura.
María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), cree que se trata menos de una herencia que de una voluntad política. “Es la consecuencia –explica– de una decisión fatal que se tomó el 20 de marzo de dejar en manos de las fuerzas de seguridad el cumplimiento de las medidas sanitarias”.
Verdú destaca que no habrían matado a Luis Espinoza en Tucumán y a tantos otros en el resto del país “si no se hubieran visto obligados a violar la cuarentena para sobrevivir” y también hace responsables a “gobiernos locales ultrarreaccionarios”. Verdú incluye a la provincia de Buenos Aires. “Lo de Berni es una situación paradojal, francamente tiene más perfil de ser ministro de Cambiemos”, afirma.
En el mismo sentido opina Carla Lacorte, dirigente del PTS, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y víctima de un agente bonaerense que la dejó en silla de ruedas: “Cuando asumió la ministra de Seguridad Sabina Frederic, anuló algunas resoluciones de la anterior gestión, pero continuó con la política de saturación de las distintas fuerzas de seguridad en los barrios, lo que se profundizó en la cuarentena. Lo único que trajo esa medida fueron más casos de gatillo fácil y brutalidad policial contra nuestros pibes”. Y agrega: “Lamentablemente, en cada uno de los gobiernos posdictadura vemos una continuidad en lo que yo llamo ‘la disciplina de las balas’”.Dos nuevas víctimas
Según un relevamiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), solo durante el mes de junio, en pleno aislamiento por la pandemia, la Policía Bonaerense provocó la muerte por uso de la fuerza de 18 personas, es decir, una cada 40 horas. La mayoría, varones, jóvenes y pobres. Esa estadística criminal sumó en las últimas horas dos nuevas víctimas.
Lucas Verón festejaba su cumpleaños 18 en la madrugada del viernes, cuando con un amigo salieron en moto a comprar bebidas a un maxikiosco de Villa Scaso, en La Matanza. Al regreso, un patrullero comenzó a seguirlos y dispararles. Uno de los plomos atravesó el pecho de Lucas y lo mató. El móvil huyó del lugar sin siquiera ofrecer asistencia.
Raúl Dávila también murió el viernes. Tenía 22 años y estaba detenido en la comisaría de Chascomús desde el 27 de junio, luego de una discusión con el padre de su novia. Raúl terminó preso por “resistencia a la autoridad”. Pese a que se trataba de un hecho menor, la justicia rechazó su excarcelación y le dictó la prisión preventiva. El jueves a la noche, luego de un incendio en el calabozo donde se encontraba alojado, el joven fue trasladado al hospital municipal con el 50% de su cuerpo quemado. Pese a los esfuerzos de los médicos, no logró sobrevivir.
“Las muertes de Lucas y Raúl se producen en un contexto marcado por la extrema gravedad que reviste la desaparición de Facundo”, señalo la CPM.
