En la Ciudad de Buenos Aires hay 211.079 hogares (el 16,3% del total) donde habita, al menos, una persona con discapacidad. La mitad de esas personas necesita rehabilitación o algún tipo de tratamiento, pero una de cada cuatro no la recibe. Viven en el distrito más rico del país, pero su acceso a la salud y a una vida digna se ve restringido. Su tasa de actividad laboral es lógicamente baja (sólo el 29,3% trabaja) y por eso dependen más del Estado. Sin embargo, la deficiente gestión porteña en sus políticas sobre discapacidad termina convirtiéndola en un agravante de las desigualdades estructurales.
De acuerdo a un detallado apartado sobre discapacidad en la Ciudad realizado por la Dirección General de Estadística y Censos porteña a partir de la Encuesta Nacional de Hogares 2018, el porcentaje de hogares con personas con alguna discapacidad, que es del 13,4% en las comunas del Norte (2, 13 y 14), crece significativamente hasta el 20,1% en las del sur (4, 8, 9 y 10), y llega al 22,8% si sólo se toma en cuenta la población de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios.
En ese contexto –seguramente profundizado por los recortes de pensiones que implementó la gestión macrista a nivel nacional– seis de cada diez porteños con discapacidad (el 59,5%) no tienen certificado vigente. Ahora bien, el 79,9% de quienes no acceden a beneficio vive fuera de las comunas 2,13 y 14, las del norte próspero de la Ciudad. El cuadro de situación empeora si se tiene en cuenta que en los barrios del sur, la dependencia exclusiva del sistema público de salud en la atención a personas con discapacidad asciende al 29,7%, duplicando la tasa general de la Ciudad (15,2 por ciento).
«Estos datos repiten el cuadro general de desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires, dividida en un eje norte-sur en el acceso a la educación y la salud, el empleo y la vivienda, pero en la población con discapacidad esto se agrava, porque necesitan tratamientos específicos, más apoyos, y entonces el acceso a prestaciones de salud o a vacantes escolares resulta aun más difícil», explica Andrea Grassia, miembro de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y de la Biblioteca Argentina para Ciegos.
Un dato incluso más preocupante da cuenta de la escasa vocación territorial del Estado porteño a la hora de salir a buscar a las poblaciones vulnerables que lo necesitan, e informarlas sobre sus derechos: el 22,5% de las personas con discapacidad que no tienen certificado no sabe cómo tramitarlo o dicen que «es complicado». En 2011, eran el 15,3 por ciento. Respecto de la utilidad del certificado, la encuesta revela que el 70,8% lo usa para subsidiar sus necesidades de transporte; el 56%, para la cobertura de prestaciones de salud y medicamentos; el 21,4%, para acceder a la tarifa social en servicios y ABL; y el 14,1%, para adquirir elementos ortopédicos.
«No existe una campaña que explique cómo tramitarlo –dice Grassia–. Yo estoy esperanzada con el cambio de gestión a nivel nacional. Queremos tener más presencia como colectivo en los discursos. Pero casi no hay campañas masivas sobre discapacidad. Y en la Ciudad, la publicidad oficial te muestra cómo levantar la caca de tu perro, pero no cómo obtener un certificado de discapacidad».
Según la encuesta, el 12,3% de las personas con discapacidad que necesitan acceder a tratamientos, estimulación o rehabilitación, no los recibe. De este grupo, al 22% no se lo cubren, el 18,6% no sabe que tiene ese derecho y el 14,5% cobra un beneficio que le resulta insuficiente para acceder a la prestación de salud adecuada a su discapacidad.Más mujeres sin certificado ni tratamiento
La foto de la discapacidad en la Ciudad también muestra una fuerte disparidad de género. Son muchas más las mujeres que tienen alguna discapacidad: el 59% del total. Y sin embargo, entre aquellos que no tienen un certificado de discapacidad, son el 67% y duplican a los hombres (33%) que no tienen acceso al beneficio. Esta iniquidad se prolonga en el tiempo, porque repite las cifras de una encuesta similar del año 2011, y alcanza, en idéntica proporción, a las mujeres que no reciben los tratamientos que necesitan.
«Todo es aun más difícil para las mujeres. Un solo ejemplo: para las mujeres con discapacidad que tienen que hacerse chequeos ginecológicos, hay un solo hospital en la Ciudad con camillas regulables. Y si no, alguien tiene que levantarla. Entonces, muchas no van a los controles porque tienen que exponerse a eso», describe Andrea Grassia, de REDI. En efecto, más de la mitad (54,8%) de las porteñas con discapacidad no se había realizado controles médicos generales en el último año, de acuerdo a la encuesta de 2018.
Trámites en el Borda
Las oficinas del Centro Integral de Evaluación y Orientación de la Discapacidad en la calle Ingeniero Huergo al 1100, donde se tramitaban los certificados, fueron clausuradas en diciembre del año pasado por riesgo de derrumbe, y ahora se otorgan en un pabellón del Hospital Borda, adecuado a tal fin, lo que genera, por ejemplo, que niños con discapacidad motrices deban acudir a un lugar por donde circulan pacientes del neuropsiquiátrico.
Código polémico
El polémico Código de Edificación aprobado en diciembre de 2018 recibió críticas de las organizaciones que trabajan con discapacidad: se aprobaron dimensiones para ascensores donde no entran las sillas de ruedas, y no se incorporó al Código la Ley de Accesibilidad N° 962, que regula las características constructivas de rampas y veredas para personas con movilidad reducida. Se prometió incluirlas en un reglamento técnico. Un año después, aún no fue publicado.
