Los trabajadores del Centro de Día y Noche La Boquita y del Centro de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia (CAINA) emitieron ayer un duro comunicado en el que indicaron que hoy hay 871 niños y adolescentes en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, según se desprende de los datos preliminares del Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle que también reveló que apenas hay entre 45 y 70 camas para esos niños.
“Durante todo el año desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat sólo se garantizan 45 camas para los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, viéndose aumentadas a 70 camas en el denominado Operativo Frío en el invierno, cifra que no cubre ni el 10% de los niños, niñas y adolescentes en calle”, señalaron los trabajadores en un comunicado titulado “Operativo Ajuste en CABA”, que se basó en la información aportada por el relevamiento llevado adelante por organismos como el Ministerio Público de la Defensa, el CELS, la Auditoría General de CABA, la Defensoría del Pueblo de CABA y diversas organizaciones sociales.
Los trabajadores también denunciaron que las instituciones que trabajan con este sector de la población vulnerable tienen carencias edilicias y de infraestructura “para satisfacer las condiciones de seguridad y abrigo requeridas para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, trabajadores y trabajadoras”.
Además, recordaron que en el año 2010 el llamado “Operativo Frío”, impulsado por el gobierno como modalidad de paliar la situación de las personas en calle, implicaba un refuerzo de personal durante los meses del invierno en los diferentes programas e instituciones que trabajan con la población afectada. Y se agregaba un plus salarial para los trabajadores de los diferentes dispositivos que representaba el %15 de la remuneración mensual. Sin embargo, de dos años a esta parte, esos beneficios se retiraron.
“La cifra de 871 niños no solamente es alarmante por la cantidad total sino porque se ha multiplicado casi en un 50% en estos últimos dos años en relación al Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, mientras las políticas públicas destinadas a asistir a esta población han sido recortadas drásticamente”, continuaron.
Quienes suscribieron al comunicado argumentaron que la situación actual se debe a que en los últimos cuatro años se implementó un modelo de ajuste que generó “la destrucción de miles de puestos de trabajo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y municipal” por lo que sumado a la reducción de políticas sociales y “la destrucción de las redes de contención social y asistencia en los contextos de mayor vulnerabilidad social ha influido directamente en el incremento de la cantidad de familias que pierden sus viviendas y medios de subsistencia, viéndose obligadas a habitar la calle”.
Toda esta problemática se pronuncia aún más ya que el “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires niega las cifras reales de la población en situación de calle y ha reducido de manera drástica los recursos destinados a asistir a la misma, siendo los más afectados los derechos básicos de los niños”, apuntaron los trabajadores que suelen asistir a diario a las personas que viven y subsisten en la calle, quienes también recalcaron que se trata de un colectivo que está expuesto a “las múltiples violencias, entre ellas la policial que cada día se recrudece más, las redes de explotación sexual y las redes de narcotráfico”.
En ese sentido, desde La Boquita y el CAINA destacaron que “se acrecentaron los casos de violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad, que no sólo los criminaliza, sino que también lleva adelante prácticas sistemáticas y vejatorias que atentan contra la integridad de los niños y adolescentes, violando Derechos Humanos básicos”.
¿Qué pasa con el BAP?
Los trabajadores denunciaron a su vez un desmantelamiento del programa Buenos Aires Presente (BAP), creado para dar un abordaje territorial a la problemática de personas en situación de calle. Según sostuvieron cada vez hay menos unidades móviles y recursos humanos, subrayando que faltan vacantes en espacios convivenciales. “Hay una precarización crónica y generalizada hacia los y las trabajadoras que se abocan a la difícil tarea de restituir, promover y garantizar derechos básicos a la población en situación de calle”, agregaron desde LA Boquita y el CAINA y precisaron: “se suma que más del 70% de los y las trabajadoras están con salarios muy por debajo de la línea de pobreza”.
“Como trabajadores no nos conformamos con una política pública de fachada, consideramos que no se puede tapar el sol con las manos. No nos conformamos con las carpas desplegadas para entregar un té a “pobres” e indigentes, en donde se convoca a voluntades individuales como política pública estatal”, concluyeron.
