El Ministerio de Salud de la Nación denunció penalmente a Adolfo Rubinstein, titular de la cartera sanitaria durante la gestión de Mauricio Macri, por renegociaciones irregulares de contratos con laboratorios privados que podrían haber causado un perjuicio de casi 1400 millones de pesos. La actual gestión frenó los pagos, pero ya se habían transferido 145,7 millones que ahora buscarán recuperar.
En las seis denuncias presentadas en la justicia se describe la metodología: los laboratorios ganaban licitaciones ofertando un precio que apenas firmado el contrato incrementaban en promedio un 40% con el aval de la entonces Secretaría de Salud. Rubinstein aprobaba los aumentos sin cumplir los requisitos establecidos por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, sancionado por el macrismo en 2016.
“Esto fue claramente parte de un proceso institucional de corrupción”, explica a Tiempo Lisandro Bonelli, actual jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. “Lo descubrimos cuando apareció el primer proveedor con una factura que hablaba de redeterminación de precios”, añade. “Ahí frenamos todo y nos pusimos a revisar uno por uno los expedientes. Nos comunicamos con la Oficina Anticorrupción y avanzamos con las acciones legales”, precisa Bonelli, que además es abogado y ya estuvo en el Ministerio de Salud durante la anterior gestión de Ginés González García (2002-2007)
En la Unidad Ministro aseguran que no tienen registro de renegociaciones de contratos antes de la gestión de Rubinstein. “Las empresas que contratan con el Estado tienen la envergadura, la experiencia y las herramientas necesarias para calcular sus costos y prever las variaciones que podrían llegar a ocurrir durante todo el tiempo que dure un contrato. De hecho, lo tienen en cuenta para fijar el precio en sus ofertas”, señalan las denuncias.
Son seis causas distintas, según los laboratorios involucrados: Bagó, Novartis Argentina, Pharmos, Ferraval, Klonal, y Dr Lazar y Cia. El sorteo las distribuyó en cinco juzgados criminales y correccionales distintos: el 1, el 5, el 6, el 12 y el 19.
El modus operandi
“Está claro que habían establecido un modus operandi”, señala Morelli. Desde septiembre de 2018 y hasta días antes de renunciar a su cargo en noviembre de 2019, Rubinstein impulsó al menos 27 renegociaciones amparándose en el decreto 1030/2016 sobre contrataciones de la Administración Nacional. El artículo 96 de ese decreto establece que “en los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual”.
Claro que, para que las empresas puedan pedirlo “deben probar la real existencia de un suceso extraordinario e imprevisible, el impacto que este causa en la estructura de costos del producto y la alteración que produce sobre las condiciones iniciales del contrato”, explica el equipo de legales del Ministerio en la demanda. Elementos que no se demostraban en los expedientes.
“Los pedidos de renegociación de los laboratorios se hacían entre el tercer día posterior a la firma del contrato y el día 15. En muchos casos se trataba de una entrega única de medicamentos, cuando el decreto establecía que era aplicable para suministros sucesivos”, explica Bonelli. Incluso algunos laboratorios justificaban el pedido de aumentos proyectando impactos inflacionarios futuros.
En todos los casos, además, las aprobaciones salían directamente de Rubinstein, cuando la autoridad que había aprobado la licitación original era el Jefe de Gabinete de la Nación, un cargo jerárquico superior. Incluso antes se encontraba la ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.
Tiempo de justicia
Una vez detectado el procedimiento, Ginés González García ordenó revocar todas las resoluciones de renegociación firmadas por Rubinstein; interrumpir el avance de expedientes que habían dejado de la gestión anterior y suspender las órdenes de pago ya emitidas. Ordenó la instrucción de sumarios internos e hizo parte a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Ahora le toca a la justicia continuar la investigación sobre la posible comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público que se le imputan a Rubinstein. El ministerio también interpuso una acción de lesividad para declarar la nulidad de las resoluciones aprobatorias y recuperar las sumas abonadas. «
Recorte a la salud pública y aumento a laboratorios
En la licitación pública 80-0027-LPU1 de 2017, realizada para adquirir medicamentos esenciales del primer nivel de atención, el Ministerio de Salud halló que se adjudicó la compra de ibuprofeno jarabe a precios un 150% por encima del precio testigo suministrado por la Sindicatura General de la Nación. A pesar de ello, “se le otorgó un aumento adicional del 40% en la renegociación”.
El caso es emblemático. Los medicamentos para el primer nivel de atención eran distribuidos gratuitamente por el Estado en el marco del programa Remediar. En febrero de 2017, Tiempo denunció que los botiquines ya no tenían de 27 de los 68 remedios que requerían las provincias. Mientras se reducía la entrega de remedios, aumentaba el pago irregular a los laboratorios.
