El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Gabriel David Marino a prisión perpetua por el crimen a la activista travesti de derechos humanos Amancay Diana Sacayán. En su veredicto, el tribunal consideró que se trató de un crimen de odio y que medió la violencia de género. Es un fallo inédito e histórico.

Este juicio significó la primera vez que la Justicia pronunció la palabra “travesticidio” en los expedientes.

En este juicio, que empezó el 12 de marzo, quedó probado que Diana Sacayán fue asesinada a puñaladas en la madrugada del 11 de octubre de 2015 en el departamento del barrio porteño de Flores. Su cuerpo tenía más de veinte cortes dos días después y según el perito Roberto Cohen – que realizó su autopsia- fue asesinada “con ferocidad”.

La escena del crimen fue descrita por lxs primerxs testigos como “una película de terror”. A Diana la habían maniatado y después de asesinada la taparon con su colchón.

Diana tenía 39 años: había sobrevivido cuatro años al promedio de vida de travestis y trans en América Latina: 35. Y durante la mitad de su vida había trabajado en la conquista de derechos para el colectivo, de los más violentados y criminalizados. Fue una de las impulsoras de la ley de identidad de género, la creadora del cupo laboral travesti-trans en la provincia de Buenos Aires, integrante del Programa de Diversidad Sexual del INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, secretaria de Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales para América Latina (ILGA-LAC) y líder del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L).

Gabriel David Marino, de 25 años, llegó al juicio acusado por “homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediando violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía, en concurso ideal por robo”. Les investigadores creen que hubo una segunda persona que participó del asesinato de Diana, pero aún no ha sido identificada. Ese tramo sigue en etapa de instrucción y continúa siendo una incógnita.

Las querellas y las fiscalías: prisión perpetua

La querella encabezada por Luciana Sánchez -en representación de Say Sacayán, hermano de Diana y coordinador de MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, fundado por Sacayán)- había pedido condenar a prisión perpetua a Marino como autor penalmente responsable del delito de travesticidio. Esto es, el homicidio agravado por odio a la identidad de género travesti de Amancay Diana Sacayán (artículo 80, inciso 4 del Código Penal), en concurso ideal con el artículo 80 inciso 11, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio), en concurso ideal por haber sido cometido con alevosía y en concurso real con robo simple, por haber sido apropiados 20 mil pesos de Diana.

La abogada resaltó que ‘contar con un enfoque de género desde el inicio -gracias al trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en violencias contra Mujeres y personas LGBTIQ+ (UFEM) y la Comisión de Justicia por Diana- hizo posible colectar evidencia de los motivos porque la mató. “A diferencia de otros procesos, no es común contar con la calidad y cantidad de pruebas con que llegamos a este juicio, para poder identificar los elementos del odio. En general los escenarios de crímenes de odio quedan mancillados, no son abordados con protocolos rigurosos y quedan impunes”, dijo Sánchez en su alegato.

La querella del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), a cargo de Juan Kassargian, también había pedido prisión perpetua para Marino. Kassargian urgió al Tribunal a que tomara en cuenta los agravantes por odio, violencia de género y ensañamiento y alevosía.

“Enmarcamos su homicidio en un crimen de odio, también llamado por la academia “por discriminación o prejuicio”, porque el perpetrador selecciona a la víctima por pertenecer a una minoría y además envía un mensaje de amenaza al grupo al que pertenece”.

El Ministerio Público Fiscal -Ariel Yapur por la fiscalía nro. 9 y Mariela Labozzetta de la UFEM- había pedido condenar a Marino prisión perpetua por homicidio triplemente agravado: por haber sido cometido por prejuicio de género, mediando violencia de género y por el vínculo con la víctima. En su alegato, les fiscales enfatizaron la importancia de que el homicidio fuera enmarcado en una “calificación correcta”: que “se llame al crimen por su nombre: un crimen por prejuicio y travesticidio, para comenzar a desandar el camino de invisibilidad e impunidad de este colectivo”. La fiscalía dijo que en el juicio el robo no había podido probarse y desistió de esa acusación.

12 audiencias, 30 testigxs, un acontecimiento histórico

La abogada y la fiscalía también solicitaron al tribunal una serie de medidas reparatorias para el colectivo de mujeres trans y travestis. A lo largo de 12 audiencias, el tribunal –integrado por Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio César Báez- escuchó a casi 30 testigxs. Entre ellos peritxs, forenses, científicxs y una gran cantidad de travestis y trans. Por primera vez, la Justicia escuchó los relatos de este colectivo, ya no del lado de las acusaciones sino desde su lugar de víctimas de una comunidad estigmatizada y violentada en sus derechos más básicos.

A lo largo de las audiencias las voces de travestis y trans que dejaron constancia no sólo de la pérdida que significó el asesinato de Diana para el colectivo sino también de la violencia estructural con la que conviven a diario. Esta ha sido posible a partir del trabajo realizado por la querella, las fiscalías y la Comisión de Justicia por Diana Sacayán.

La Comisión -integrada por activistas y organizaciones de la diversidad- fue una de las principales impulsoras del juicio. En su alegato, la fiscalía valoró la participación que tuvo en el avance del debate oral y público.

El rol del activismo

Cada una de las audiencias se desplegó en una sala repleta de público. El activismo también acompañó fuerte afuera de los Tribunales. En cada audiencia, convocó a participar y a visibilizar el juicio desde la Plaza Lavalle. Sacudió las rutinas de la zona, de los trajes y los modos de les abogades y funcionarios judiciales, con radio abierta, actividades culturales y un festival de música.

Amaranta Gómez Regalado –activista muxe y antropóloga, de trayectoria internacional- viajó especialmente desde México, para declarar como testiga experta. Sus palabras ante el tribunal fueron una clase magistral, dirigida a un público amplio, sobre identidad de género, política, cultura y violencia, enmarcada en la situación regional. Lo suyo fue una especie de traducción cultural de la realidad que viven las personas trans en América Latina, con puntos en común y diferencias, explicada a la Justicia.

“Llegamos hasta acá con la certeza de haber logrado visibilizar en gran parte de la sociedad y conmover a muchxs de lxs actores políticxs, sociales y judiciales que participan de este proceso. Esperamos que el Poder Judicial esté a la altura de la historia y dicte un fallo ejemplificador y diga que el asesinato de Diana fue un crimen de odio y por prejuicio a su identidad de género travesti, que este Poder Judicial se exprese por primera vez en la historia sobre la muerte de las travestis y trans y reconozca que esto fue un travesticidio”, expresó la Comisión en su último comunicado.