Donald Trump se salió con la suya. A una semana de las elecciones presidenciales logró nominar a una jueza de la Corte Suprema que le garantiza a los republicanos varias décadas de supremacía conservadora en el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos. A corto plazo, le cuidará las espaldas en caso de que el conteo de votos venga ajustado, mientras que a mediano término, es la figura que podría terminar con el plan de salud de su antecesor, el Obamacare, y con el fallo que permite el aborto legal en el país.
Fue un nombramiento controvertido ya que los demócratas no terminan de digerir que en un año electoral el primer mandatario haya colocado a una “cortesana” superconservadora, cuando a Barack Obama en 2016 le rechazaron a uno -liberal- argumentando que esa designación le correspondía al que ganara el comicio.
Tan malheridos quedaron que ya circulan proyectos de ley para que en caso de ganar Joe Biden el 3 de noviembre, se aumente el número de integrantes de la Corte, cosa de equilibrar tanto desbalance hacia una interpretación de las leyes estadounidenses por demás retrógrada, como promete ser la camada que se inicia este martes.
Sobre las necesidades de Trump, conviene recordar que el actual inquilino de la Casa Blanca viene denunciando fraude para impedirle la reelección. Centralizó sus denuncias -más bien sospechas, por ahora sin fundamento- en que con la pandemia era de esperarse que muchos ciudadanos adelantaran el voto por correo y que ese sistema no le daba garantías de transparencia. Hasta ahora cerca de 60 millones ya emitieron el sufragio, cuando aun falta una semana para el voto presencial.
Sobre la transparencia electoral hay que remontarse al año 2000. La votación del 7 de noviembre de ese año fue muy pareja en casi todos los distritos entre el republicano George W.Bush y el demócrata Al Gore, que era vicepresidente de Bill Clinton. Venían con 246 electores para Bush y 255 para Gore, lo que reflejaba la diferencia de apoyos en las urnas, más de medio millón de sufragios a favor del demócrata. Erean necesarios 270 apoyos y faltaban sumar los 25 electores de Florida, uno de los estados donde el que gana, aunque sea por un voto, se lleva todos los delegados para el colegio electoral nacional.
Ahí sí que hubo fraude. Contabilizaron votos de personas fallecidas, urnas desaparecidas y todas las artimañas usuales en muchos lugares del mundo. La controversia fue mayúscula y los demócratas pidieron un conteo manual. Ante la imposibilidad de resolver la cuestión forma pacífica, el caso terminó en la Corte Suprema. Que le dio la razón a los republicanos en un fallo muy disputado recién el 13 de diciembre. Gore aceptó de mala gana luego de que los popes del partido le dijeran que demorar mas de un mes un resultado en la principal potencia mundial sobrepasaba todo límite. La nueva jueza puede ser garantía de que los republicanos no tendrían que esperar tanto para aprobar o rechazar un resultado con el apoyo del supremo tribunal.
En cuanto a el otro desvelo de Trump, el aborto, si bien había logrado designar a otros dos jueces conservadores, tuvo un “desengaño” en julio pasado cuando el voto decisivo de Neil Gorsuch la Corte invalidó una ley de Luisiana que habría obligado a cerrar las clínicas de aborto. Trump había nombrado a Gorsuch y a Brett Kavanaugh.
En Estados Unidos no hay una ley que permita la interrupción del embarazo. Desde 1973 un fallo del tribunal de la época, el caso conocido como Roe v. Wade, impide penalizar el aborto amparado en el derecho a la mujer a la privacidad. Desde entonces hubo decenas de intentos de los sectores ligados a las iglesias católica y las distintas ramas evangélicas, de dictar un fallo en contrario. Pero siempre hubo un relativo equilibrio entre liberales y conservadores dentro de la Corte que dejó las cosas como están. Hasta que a la llegada de Trump al poder, murieron dos jueces y otro se retiró, con lo que quedaron tres bancas libres para torcer ese equilibrio histórico.
La muerte el mes pasado de la jueza Ruth Bader Ginsburg, a los 87 años, fue el momento esperado por Trump. Militante de los derechos de la mujer y de las libertades individuales, se sabía que estaba luchando contra un cáncer y el presidente ya tenía en mente a su reemplazante.
Podes ver acá:
El presidente quiere jueces para penalizar el aborto
Lealtad garantizada a la Casa Blanca
Nacida en Nueva Orleans en 1972, Amy Coney Barrett había sido designada jueza de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito por el mismo Trump en 2017. Católica militante, miembro de grupos más conservadores dentro de la iglesia de Roma, se graduó en la Universidad de Notre Dame con todos los honores. Así, logró ingresar en la selecta Sociedad Phi Beta Kappa.
Fundada en 1776 en el Colegio de William y Mary, de Virginia, como una sociedad secreta bajo las iniciales de Φιλοσοφία Βίου Κυβερνήτης (Philosophía Biou Kubernetes, la filosofía gobierna la vida), tiene como objetivo expreso la defensa de los grandes valores liberales de la humanidad a través de las ciencias y las artes.
La institución se jacta de haber tenido entre sus miembros a 17 presidentes, 42 jueces supremos y más de 150 premios Nobel. Para ingresar hay que tener promedios universitarios equiparables a un 10 para nuestros parámetros. Bill Clinton, George Bush padre, Jimmy Carter, Franklin Roosevelt figuran en ese listado. De la actual Corte, solo dos integrantes no son Phu Beta Kappa: Brett Kavanaugh y Clarence Thomas. Pero también hay empresarios como Jeff Bezos, dueño de Amazon y del Washington Post, la actriz Glenn Close y la escritora Susan Sontag. No están los últimos tres presidentes ni el actual desafiante al cargo.
Coney Barrett trabajó desde muy joven con jueces de renombre, como el camarista Laurence Silberman y el cortesano Antony Scalia, el ultraconservador que murió en febrero de 2016. Obama intentó entonces nombrar a un liberal, Merrick Garland. Pero los republicanos, con mayoría en el Senado, adujeron que debía designarlo el futuro presidente. De más está decir que ahora los demócratas están indignados porque en año electoral y a una semana del comicio, los republicanos dan un giro de 180 grados en sus argumentos.
La nueva ministra del máximo tribunal se presenta con un “fuerte compromiso con la posición de la Iglesia Católica sobre temas de vida” y es partidaria de una interpretación originalista de la Constitución. Es una tesis a la que adscribía Scalia -para cuyo estudio la jueza obtuvo una beca de investigación universitaria- y que sostiene que la Carta Magna debe interpretarse en el sentido que le dieron los redactores, fijo e inamovible. Nada de interpretaciones modernosas.
La jueza suprema tiene 7 hijos, dos de ellos adoptados, con Jesse Barrett, a quien conoció en la universidad. Barrett fue secretario del fiscal del Distrito Norte de Indiana hasta 2019, cuando regresó a la actividad privada en un estudio de abogados de ese mismo estado, donde representa a compañías e individuos particulares en controversias comerciales y financieras.
