El sistema de la energía eléctrica está al borde de la implosión. Las distribuidoras no pagan la electricidad que compran y acumulan deudas con Cammesa, el administrador semiestatal que les vende la electricidad, por cerca de $ 150.000 millones. En la otra punta del negocio, las generadoras pretenden una hoja de ruta muy beneficiosa en la desdolarización de la electricidad que venden. Mientras, las 500 cooperativas que operan en todo el país denuncian que pagan la energía pero que les retienen el dinero. En el medio, los usuarios penan con los tarifazos acumulados del macrismo y la pandemia de coronavirus.
En este contexto, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) lanzará la convocatoria de la audiencia pública en la que presentará la nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI).
En la última semana, el Enre movió algunas piezas. La última fue anular la designación de Andrés Chambouleyron, «el padre del tarifazo», quien estuvo a cargo del Directorio del ente entre enero de 2018 y enero de 2020. Aunque parezca una cuestión técnica, puede ser también la puerta que permita a la interventora Soledad Manin anular los tarifazos que decidió el Directorio a cargo de Chambouleyron.
Fernanda Lacey, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores, que a su vez coordina la Comisión de Usuarios Residenciales del Enre, explicó a Tiempo: «En el Enre son bastante críticos de la RTI anterior. Entienden que no se tuvieron en cuenta determinados criterios y las asociaciones compartimos esa mirada. Hacia adelante, creemos que no habría que aumentar la tarifa. Lo que sabemos es que la intención es rever todo lo actuado y reordenar el sistema». Una orientación posible es escalonar la tarifa según ingresos. «Sería una extensión y profundización de la tarifa social, con un criterio más razonable y equitativo», indicó Lacey.
El futuro de la tarifa eléctrica de distribución bajo jurisdicción del Enre, es decir lo que van a cobrar Edenor y Edesur, es materia de debate dentro del gobierno. Una parte se inclina hacia una suba alineada con la inflación del año, en torno del 30%. Otra parte cree que el alza debe ser menor ya que también hay que ver qué pasa con el valor de la electricidad al por mayor.
Distribuidoras endeudadas
Las deudas de las distribuidoras con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) ascienden a $ 144.000 millones.
Según pudo saber este medio, al 1 de enero pasado, el listado de las más grandes deudoras se componía de la siguiente forma: Edesur (más de $ 21.000 millones); Edenor (casi $ 19 mil millones); EPE Santa Fe ($ 14 mil millones); Emsa, de Misiones ($ 13.000 millones); Edemsa, de Mendoza ($ 10.000 millones); Secheep, de Chaco ($ 10 mil millones) y Edersa, de Río Negro ($ 7000 millones). Entre las siete deben $ 94.000 millones, es decir, el 65% del total de la deuda con Cammesa.
En relación con este tema, desde Edesur aseguraron que «el sistema eléctrico necesita un marco regulatorio claro que dé los recursos necesarios para seguir mejorando la calidad del servicio».
Cooperativas preocupadas
Las cooperativas que prestan el servicio eléctrico reclaman su lugar en la mesa que está dibujando el futuro del sector. «Vemos con preocupación que la discusión se da entre las grandes empresas y Cammesa. Nosotros quedamos afuera de las negociaciones. Somos muchas las que estamos al día. Muchas hemos tomado créditos para poder estar al día y pagar la energía», planteó José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (Face), que agrupa a 500 cooperativas de todo el país.
La gran mayoría de las cooperativas no está autorizada a comprar la energía en Cammesa y debe adquirirla a otras distribuidoras que sí le compran directamente a Cammesa. «Nosotros pagamos la energía, pero después esas empresas no pagan a Cammesa y terminan arreglando por otro lado. En ese camino, perdemos capital y capacidad de invertir», advirtió.
Sobre la posibilidad de un aumento bajo de la remuneración de la distribución de electricidad, Álvarez manifestó su preocupación por la situación del sector en Buenos Aires, aunque diferenció a las grandes privadas del AMBA de las cooperativas del interior provincial. «Entendemos la complejidad de un año electoral, pero con un aumento de un dígito las cooperativas del interior de Buenos Aires, que sí pagan la energía, no van a poder paliar los costos», subrayó.
A partir de esta situación, Face envió una carta al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en la que solicita una reunión para llegar a un acuerdo sobre estos temas. «Lo que planteamos al secretario es que nos tenga en cuenta en las negociaciones. Caso contrario, no vamos a avalar ningún acuerdo», advirtió el dirigente. «
