A menos de dos meses de haber anunciado la intervención de la firma Vicentin para intentar la quiebra de la empresa que además es investigada por un crédito extraordinario otorgado por le Banco Nación durante la gestión macrista, el presidente Alberto Fernández debió dar un paso hacia atrás y responsabilizó a las maniobras judiciales de no permitirle al estado intentar solucionar la situación. 

«El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019», así anunció Fernández a través de Twitter la medida, en un hilo en el que asegura que «el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo».

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Además, aclaró que la intención de su gobierno «fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo», aunque aclaró que también que su «obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído».

Como no pudo conocer el verdadero estado patrimonial de la firma, el presidente afirmó que no están «dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores» y que por eso ha «dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado».

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El derrotero

El presidente había anunciado de repente y sin ninguna anticipación la intervención por decreto primero y la expropiación por ley después de la cerealera gigante que se declaró en concurso de acreedores el 5 de diciembre, días después de haber tomado préstamos por más de 18 millones de pesos ante el Banco Nación, que fueron otorgados por la administración macrista de Javier Fernández Fraga a pesar de que la capa gerencial del banco desaconsejaba la operación.

Ante la posibilidad del desfalco a la banca pública, pero también a los bancos extranjeros y a las cooperativas agrarias que proveían a la mega cerealera y oleaginosa, el gobierno había decidido poner a Gabriel Delgado como interventor. Sin embargo, el juez en lo comercial de primera instancia de la localidad santafesina de Reconquista, donde está ubicada la empresa, Fabián Lorenzini, falló en contra y repuso a los cuestionados directivos al frente de la empresa.

En tanto, en la justicia federal el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita investigan a los directivos del Banco Nación y de la cerealera en la causa de los préstamos otorgados de manera irregular.

También se los investiga por posible lavado de dinero y operaciones sospechosas con las sucursales de Paraguay, Uruguay y Europa. Además en Estados Unidos, los bancos extranjeros también abrieron una causa para investigar el destino de la plata que le prestaron.

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