Entre la batería de comunicados que se conocieron en estos días no hay que dejar de mencionar uno en particular: el de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Allí se habla de preocupación porque “frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”, una aseveración que generosamente se podría calificar como errada. También se usan expresiones como “fracaso del plan vacunatorio”, cuando, se sabe, hay a nivel global una problemática de insuficiencia de vacunas que es generalizada. No se trata de una declaración puntual sino de un discurso elaborado y con carácter institucional. El actual contexto sanitario demanda responsabilidad de todas las partes involucradas, y el comunicado en cuestión no parece reunir ese requisito.

En el plano económico, las cámaras empresariales que nuclean al capital concentrado hicieron sus propios comunicados en contra de las políticas de precios. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) afirmó que “el sector ha tenido que convivir desde marzo del 2020 con el congelamiento de todos sus precios”. Pura posverdad, ya que en su conjunto el segmento de Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un aumento de la inflación en febrero de 2021 del 43,9% interanual. Es el rubro que más incidencia tiene en la canasta de los hogares y el que, en un contexto de pérdida de ingresos laborales, define por ejemplo los niveles de indigencia. Al respecto, los últimos datos muestran que en el segundo semestre de 2020 no cubría la ingesta mínima necesaria el 10,5% de las personas (+2,5 puntos porcentuales respecto de un año atrás). Ni pensar en qué ocurriría de no existir las regulaciones que estos empresarios rechazan.

Según la Copal, este tipo de políticas de precios representan un riesgo para la “sustentabilidad de las empresas, debido a los persistentes incrementos de costos que han dejado a los distintos sectores en una situación crítica”. También se rechaza la creación del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE), por medio del cual las empresas de mayor tamaño deben informar mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos sus productos.

La Copal requirió la suspensión de los efectos de la norma hasta tanto se evalúe su derogación, basándose en una presunta “ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de dicha resolución”. “Asimismo —continúa el documento—, considerando los inconvenientes técnicos lejos está de ser una medida que atienda a la real situación que atraviesan las industrias de alimentos y bebidas, intensifica la carga burocrática de las empresas demandando mayores recursos para atender la normativa establecida, lo que atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria”. Hay que decir que es información que las empresas manejan cotidianamente, por lo que no debiera ser una tarea ardua ni costosa brindársela al Estado.

Las políticas de precios están plenamente justificadas y son más que necesarias. El propio FMI reconoce que la inflación es un fenómeno multicausal, lo que significa que no es exclusivamente monetario ni fiscal, como se solía argumentar. Hoy en Argentina se observa una mejora de las cuentas públicas, el tipo de cambio no tracciona a la inflación y tampoco lo hacen las tarifas, por lo que es en la puja distributiva donde hay que ver qué está ocurriendo. En este marco, poder ingresar a las cadenas de valor sería una buena forma de conocer las problemáticas del sector. ¿Qué mejor manera de hacerlo que abrir la información y analizar dónde están las distorsiones?

Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), que representa a las empresas de ese país, señaló en otro comunicado que “la disposición sobre precios máximos ha sido una decisión unilateral del gobierno, que desoye la predisposición de las empresas, conscientes de la situación social de nuestro país, al verse imposibilitados de orientar su oferta o portafolio hacia audiencias con distintos niveles de poder adquisitivo”. El poder económico real está jugando su partido, presiona y condiciona en pos de un Estado canchero, para seguir maximizando sus ganancias, en Argentina y en el mundo.

Recientemente se conoció el ranking 2020 de los milmillonarios de la revista Forbes. Los datos muestran que a nivel global hay 660 personas en el mundo que han ingresado al selecto club de los milmillonarios, que llega a las 2.755. En el otro extremo, según el Banco Mundial, unas 100 millones de personas habrían ingresado en condición de pobreza extrema. Nada de que alegrarse.

Según Forbes, las fortunas en conjunto de esas 2.755 suman a fines de 2020 unos 13,1 billones de dólares, frente a los 8 billones de hace un año, un aumento de los patrimonios del 63,8% medidos en dólares, que además ocurrió a ritmo récord. Una oscura postal de un mundo injusto e inviable, que se nubló aún más con la irrupción de la pandemia. Por eso es preciso generar los mecanismos fiscales para que la riqueza empiece a “derramar” hacia abajo, ya que no se puede confiar en que lo haga el crecimiento, según sostiene el pensamiento neoliberal.

Una de las esferas a modificar es la impositiva ya que las personas más ricas se siguen enriqueciendo aprovechando los “huecos” de las normativas vigentes, que facilitan la elusión y el pago de menos impuestos, facturando desde los lugares de baja tributación, operando con paraísos fiscales, etc. En materia de tributación corporativa global, si bien las medidas deben ser encaradas de forma coordinada entre los principales países, Estados Unidos acaba de dar un puntapié importante.

El presidente Joe Biden anunció su plan para recaudar 2,5 billones de dólares durante los próximos 15 años, que ahora deberá tratar el Congreso. Se establece, entre otras cuestiones, que las empresas que actualmente pagan impuestos en el exterior no podrán evitar los tributos estadounidenses sobre los pagos que realicen a subsidiarias extranjeras. Como señaló Biden, “no es aceptable que 91 de las 500 mayores corporaciones del país pagaran cero en impuestos federales en 2019”. Por otro lado, se buscará aumentar el impuesto que pagan las sociedades, del 21% vigente al 28%, un aumento porcentual de siete puntos, que queda sin embargo por debajo del 35% que regía antes de la reforma fiscal del anterior presidente, en 2017.

El cambio de postura de Estados Unidos se ve reflejado con fuerza en lo que plantean los propios organismos internacionales y está tomando forma la idea de establecer impuestos progresivos sobre el patrimonio, las herencias, o las grandes ganancias.

Por ejemplo, según el último Monitor Fiscal del FMI, “a fin de ayudar a atender las necesidades de financiamiento relacionadas con la pandemia, las autoridades podrían considerar una contribución temporal a la recuperación tras la Covid-19, impuesta a los ingresos o patrimonios elevados”. Argentina ha sido pionera en este punto con la implementación del Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas. Una herramienta legal, constitucional y absolutamente legítima.

Para ponerle un límite al crecimiento de la pobreza, el hambre, y la falta de atención sanitaria, hay que implementar políticas que reviertan la escandalosa concentración de la riqueza y los ingresos.