El falso abogado Marcelo D’Alessio le aportó al menos tres informes al fiscal Juan Ignacio Bidone para involucrar falsamente al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández en la causa por tráfico de efedrina que derivó en el triple crimen de General Rodríguez en 2008.

Bidone creyó que esos informes se los aportaba un investigador que le había enviado la AFI. Y que tenía línea directa con la agencia antidrogas estadounidense DEA.

¿Supuso mal? La explosión de la causa por espionaje ilegal en los tribunales federales de Lomas de Zamora, con su demostración empírica de la existencia de “orgánicos” e “inorgánicos”, parece obligar a revisar una vez más quién era y qué hacía D’Alessio.

Los supuestos responsables del triple crimen ya habían sido condenados e incluso tres de ellos se habían fugado entre diciembre de 2015 y enero de 2016. Pero D’Alessio seguía buscando afanosamente implicar a Aníbal Fernández en esos episodios. Los informes que suministró D’Alessio entre abril de 2017 y mayo de 2018.

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El 18 de abril de 2017, Bidone incorporó un documento elaborado por D’Alessio en el que afirmó que “según información de la DEA”, el triple crimen fue ordenado por el empresario mexicano Juan Jesús Martínez Espinosa. Y tras una descripción de la mecánica de cómo habrían ocurrido los hechos (“iban a pasarlos por una máquina en un aserradero pero no pudieron hacerlo”), embistió: “alguien desde el gobierno dio la orden que no se joda más con la efedrina”.

El 22 de noviembre de 2017, D’Alessio introdujo por la ventana a Aníbal Fernández en sus “informes”. Y lo mezcló con otros personajes relacionados con la política y con negocios cuestionados incluso judicialmente. “Eduardo ‘Chispa’ Menchi participó en el año 2009 en una reunión de negocios con Aníbal Fernández y Roberto Romero, director del diario El Tribuno de Salta y hermano del gobernador. El negocio era comprar el diario. Además de los contactos con Martín Lanatta y Pérez Corradi, estuvo muy vinculado a Damián Barros y Martín Shutz (compra y venta de autos de alta gama, presunto lavador de dinero)”.

El 10 de mayo de 2018, D’Alessio forzó aún más la relación de hechos para vincular a Aníbal Fernández con la efedrina y el triple crimen: “Los teléfonos de Aycacip (Asociación de Industriales de Caza y Pesca) eran utilizados por la gente del RENAR. Ahí puede encontrarse la vinculación con Aníbal Fernández. Esos teléfonos se comunicaban con Martín Lanatta».

Bidone firmó cada uno de esos documentos. Y los tenía identificados porque al principio de cada documento figuraban las iniciales “MD” y, al pie, su sello y su rúbrica.

La documentación le fue exhibida el martes pasado al propio Bidone durante una ampliación de indagatoria a la que lo convocó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

“En cuanto a los inicios de su participación en la asociación delictiva, el imputado, luego del cambio de administración de la Agencia Federal de Inteligencia a fines de 2015, y en forma concomitante con la intervención de dicha agencia de inteligencia estatal en el legajo de investigación que tramitaba a su cargo vinculado con la búsqueda y captura de Ibar Pérez Corradi, luego de reunirse con las máximas autoridades de la AFI postuló la declaración de incompetencia de dicho legajo, que se materializó”.

La imputación sostiene que Bidone se reunió con “las  máximas autoridades de la AFI” mientras simultáneamente D’Alessio le aportaba información para avanzar con una parte de la investigación que preservó para sí. “Mantuvo y continuó tramitando un legajo fiscal reservado”.

Bidone avanzó en esa parte de la causa que conservó gracias a que  “entabló una relación de intercambio continuo con otros miembros de la asociación, como Rolando Hugo Barreiro y Marcelo Sebastián D’Alessio, a quienes identificaba como agentes de inteligencia. Esto permitió la introducción de diversos informes de inteligencia ilegal en tal legajo de investigación -algunos de los cuales eran presentados como provenientes de la DEA y bajo las iniciales MD”.

De esa manera “Marcelo D´Alessio se identificaba en sus informes”, en los que “se introducían nombres y abonados telefónicos -entre otros datos privados- respecto de quienes se formulaban vinculaciones con el Triple Crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina, señalando entre otros al ex Jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández e indicando la participación de la gestión de gobierno anterior (se refiere al período 2003-2015, ndr) en el encubrimiento de Pérez Corradi suspendiendo su búsqueda o seguimiento”.