El PJ ultima los detalles de la impugnación judicial que presentará esta semana sobre el decreto 259 firmado por Mauricio Macri que eliminó el uso de las listas colectoras en las próximas elecciones. Para la oposición, la modificación en la reglamentación de las PASO es «inconstitucional» ya que es materia del Congreso y no del Ejecutivo.

La presentación que preparan intendentes, legisladores y abogados del PJ incluye dos frentes: uno en la Justicia Electoral y otro ante organismos internacionales –como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– por las «violaciones sistemáticas» del gobierno de Cambiemos al Código Electoral Nacional, entre las que incluyen otros cambios electorales realizados por decreto este año.

La desactivación de las listas colectoras o «espejo» que se oficializó el viernes fue una movida a pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal con el objetivo central de evitar la unidad de la oposición peronista en la provincia. El plan que analizaban el PJ y Alternativa Federal era llevar un candidato a gobernador de consenso colgado de las distintas fórmulas presidenciales. La jugada dejó en evidencia el miedo del oficialismo a perder el distrito más importante del país y puso en pie de guerra a la oposición por el cambio de reglas de juego a menos de 30 días del cierre del plazo para la conformación de las alianzas electorales.

«Vidal va a perder la provincia. Los números le están dando muy mal y están buscando todo tipo de artilugios para ver cómo pueden conservar el poder. Como no les da con la voluntad popular están viendo cómo tuercen el resultado a través de este tipo de trampas. Nunca pasó algo así, y lo digo como peronista, ni con el radicalismo ni con la Alianza», señaló a Tiempo Fernando Gray, titular del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría.

El decreto sobre las colectoras fue antecedido por otros tres dictados entre el 11 y el 16 de enero, que también deberían haber pasado por el Congreso y que ya habían generado el rechazo de la oposición. Por un lado, se dispuso que los argentinos residentes en el exterior pueden votar por correo y, por otro, que los procesados con prisión preventiva y los agentes de las Fuerzas Armadas y de seguridad que custodian los comicios deban votar entre 7 y 12 días antes de los comicios.

«En 2017 tardaron un mes en hacer el escrutinio definitivo en la provincia. A eso le siguió el intento de la gobernadora de adelantar y desdoblar las elecciones. Después hicieron tres modificaciones por decreto a la ley electoral», sostuvo Gray, y contó que esos antecedentes serán la base de la eventual denuncia ante los organismos internacionales. El cambio digitado por Cambiemos fue criticado también por el massismo, donde estudian realizar una presentación judicial.  «