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Sin embargo, a lo largo de las 33 páginas del memorándum la palabra «compromete» (en alusión al gobierno) aparece en diez ocasiones. Y la palabra «consulta» unas 14 veces. Un vocabulario que refleja una total subordinación al organismo de crédito internacional. También al Banco Mundial, el BID o la CAF, que harán su aporte, por unos 6000 millones de dólares. Así podrán opinar sobre temas más estructurales, como el futuro del sistema de salud o de la educación.
Si bien esta semana aparecieron los primeros 15 mil millones de dólares del FMI, para acceder a los 35 mil millones restantes se deberá cumplir con las estrictas pautas y aprobar las revisiones trimestrales. Con la llegada del FMI no sólo se implementa un doloroso ajuste; también se agrega una fuerte dosis de tensión mediática e incertidumbre de corto plazo. Recordemos lo que ocurría en los noventa ante cada desembarco de los auditores del Fondo Monetario Internacional. El calendario marca ahora el mes de septiembre de 2018, momento en que se realizará la primera revisión del programa.
Las condicionalidades contenidas en el memorándum abarcan fundamentalmente los planos fiscal y monetario. En cuanto al primero, el compromiso es alcanzar un «déficit cero» del Estado Nacional en 2020. Se espera que las provincias pasen de un déficit del 0,4% en 2017 a un superávit del 0,25% hacia mediados de 2021. Además, el documento precisa que «si las circunstancias cambiaran y los resultados económicos fueran peores a los anticipados, estamos preparados para identificar medidas adicionales que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de déficit primario para 2018 y 2019». El ajuste se hará a como dé lugar.
Como ya he mencionado, los cambios de nombres no modificarán los objetivos de un modelo que arrancó a fines de 2015. Por eso, más allá de los cambios en el área de Energía, en materia de subsidios se respetará el compromiso con el FMI de «continuar avanzando en su reducción de modo de llegar a que los usuarios afronten el 90% del costo de producción de los servicios de gas y electricidad en 2020». La suba de tarifas continuará sin pausa, algo que ratificó el flamante ministro Javier Iguacel.
Otro objetivo impuesto es el achicamiento del Estado. Entre otros ítems, se apunta a reducir el gasto en personal desde el 3,2% del PIB en 2017 al 2,7% (mediados de 2021, cuando finalice el programa). Se logrará a partir de la no renovación de cargos en puestos «no prioritarios» y del congelamiento de nuevas contrataciones por dos años. Son sólo algunas de las tantas medidas fiscales que aparecen en el texto, que también incluyen la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
En lo monetario, se elimina el financiamiento del BCRA al Tesoro, lo que augura una menor liquidez en la economía y altas tasas de interés, todo en línea –supuestamente- con la idea de tener la inflación bajo control. Las autoridades argentinas se comprometen a reformar la Carta Orgánica, satisfaciendo la máxima neoliberal de la independencia del BCRA. Además, el tipo de cambio flotará según lo determine el mercado, una postura que parece entrar en contradicción con el objetivo de tener una baja inflación.
Estar bajo el yugo del FMI constituye una pérdida absoluta de soberanía para el país. Pero esto es lo que el gobierno parece haber ido a buscar. Lo dio a entender Luis Caputo, presidente del BCRA: «No hay mal que por bien no venga. Es lo mejor que nos pudo haber pasado (la crisis cambiaria). Esto nos obligó a ir a pedir el crédito al Fondo Monetario».
La columna de Carlos Pagni aporta una mirada interesante (21 de junio de 2018): «La situación actual es muy distinta de la que se había previsto el año pasado, cuando Cambiemos arrasó en las elecciones. También difiere de la que imaginó el gobierno en diciembre, al modificar las metas de inflación. Ni siquiera es la que se pronosticaba cuando se recurrió al FMI. El dólar cotiza a $ 28 y la tasa de interés es del 47 por ciento. Al Fondo se fue para evitar este resultado.» No obstante, desde mi perspectiva, al FMI se fue para aplicar un brutal ajuste que el gobierno no se animaba por sí solo a realizar. Ahora ya ni siquiera se trata de una gestión de CEOs sino que es de los burócratas del Fondo Monetario Internacional. No obstante, la responsabilidad política de haber dado este paso atrás pertenece íntegramente al gobierno de Cambiemos.
Los efectos económicos y sociales negativos del programa no tardarán en llegar. Entre los que afirman esto se encuentra el representante del FMI, Roberto Cardarelli, presentado en su momento por La Nación como «el italiano amante del buen vino que ya revisa las cuentas de la Argentina» (11/5/2018), tratando de generar alguna imagen de sensibilidad.
Según el funcionario: «Las políticas que forman parte del programa contienen aceleración en la reducción del déficit fiscal; y la política monetaria deberá ser coherente. Obviamente esto va a tener efecto en el crecimiento (que según el FMI será del 0,4%)». «La volatilidad va a tener un efecto; la estabilización tendrá efecto sobre el crecimiento, pero pensamos que esto sentará base para el del año próximo y los siguientes (…). No se puede tener estabilización macro sin pagar un costo».
La experiencia de Grecia
Un país que bien sabe de la abultada factura que se le termina pagando a los organismos internacionales es Grecia, un espejo al que mirar.
El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, manifestó el viernes pasado que «Grecia ha completado con éxito su programa». Pasaron ya ocho años y tres tramos de asistencia financiera de la troika de acreedores (FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea). Ahora los ministros de finanzas del Eurogrupo consideran –textual— que los esfuerzos del país son suficientes y que Grecia «está lista para independizarse», tras haber aprobado una reestructuración de su deuda (sin quita) que logra extender una década los vencimientos.
Sin embargo, a pesar de las eufóricas palabras de Centeno, Grecia seguirá aplicando la misma dieta. Los acreedores continuarán efectuando revisiones trimestrales a su economía para asegurarse que se mantenga el superávit presupuestario durante los próximos 40 años y que se utilicen los fondos acordados en el último rescate para saldar los vencimientos de deuda hasta 2022. Es decir, como viene ocurriendo hasta ahora, se toma deuda para pagar deuda.
Cuesta creer que los ciudadanos griegos puedan calificar el fin de la era de rescates como una situación «exitosa». Desde 2010, momento en el cual comenzaron los programas, el déficit primario pasó del –15% en 2009 al 0,8% en la actualidad. La contrapartida de ese aparente logro fue un desplome del 26% en la actividad económica, una reducción del 20% de los salarios, un recorte del 70% en las pensiones y otras transferencias sociales, una tasa de desempleo de más del 20% (si se toma el desempleo entre los jóvenes este guarismo asciende al 43%) y una deuda externa que equivale al 180% del PIB heleno. Eso sí, a partir de agosto Grecia podrá «acceder a los mercados» nuevamente. «
