Al expulsar a Julian Assange de su asilo en la embajada ecuatoriana en Londres, el presidente de Ecuador -Lenin Moreno- se coloca en una posición aún más condenable que la asumida por el dictador argentino Jorge Rafael Videla, cuando impidió que el ex presidente Héctor Cámpora obtuviera el obligatorio salvoconducto y pudiera viajar a México para asilarse.
Para América Latina el derecho de asilo es uno de los institutos jurídicos más importantes, desde que fue consagrado en 1954, después de que el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre permaneciera cuatro años en la embajada de Colombia en Lima, sin que el general Odría, el dictador peruano de aquella época, lo dejara salir. Se coloca a la altura del general Quaranta y otros gorilas desaforados que, en junio de 1956, entraron violentamente a la embajada de Haití para secuestrar a un militar peronista allí asilado. Pero aún en aquel episodio bestial, la opinión mundial los obligó a devolverlo, en defensa de la soberanía haitiana y el derecho de asilo.
Hasta ahora no se había dado el caso, repugnante por cierto, de que el presidente de un país asilante, cortara el refugio ya concedido y entregara el asilado al peligro emergente de esa entrega. Si Assange, el creador de Wikileaks, termina finalmente en Estados Unidos no sería raro que ese país terrorista lo condene a la pena de muerte, como ya hizo en el pasado con el matrimonio Rosenberg. Si eso llegara a ocurrir, la responsabilidad recaerá sobre alguien que ensucia con su nombre de pila el del genial conductor de la primera revolución socialista de la historia.
