El mismo día que se conoció el dato de inflación de abril, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmaba: «Ya desde hace varios meses la pérdida de poder adquisitivo se ha detenido (…). Este mes empezamos a ver una desaceleración, especialmente en el precio de los alimentos». No obstante, el análisis de las estadísticas oficiales da cuenta a simple vista de que la posverdad continúa estando en el centro de la escena.

Si bien la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de abril fue algo más moderada que en meses anteriores, en el acumulado de los primeros cuatro meses del año llegó al 15,6 por ciento. Y si tomamos sólo el subrubro Alimentos y Bebidas, el incremento fue aún mayor: 18,7 por ciento. De esta forma, el valor real de los ingresos de la mayoría de la población continúa cayendo. Una realidad que se encuentra muy lejos de la que se trata de instalar.

En particular, los haberes jubilatorios mínimos, que perciben más de la mitad de los mayores, estuvieron 3,8 puntos por debajo del nivel general de precios en el cuatrimestre, brecha que llega a 6,9 puntos si se compara con la variación de Alimentos. Algo similar ocurre al analizar el salario mínimo. Esta dinámica de ingresos por detrás de la inflación no es una novedad, se extiende incluso a los asalariados registrados.

En este marco, y tan sólo dos días después del anuncio del Indec, el propio Dujovne afirmó: «No hay nada para festejar con una inflación del 3,4 por ciento». El ministro señaló como un valor positivo que el país tiene «una política monetaria muy sólida, muy restrictiva» y los equilibrios logrados. ¿Acaso piensa que las altísimas tasas de interés que soportan los usuarios de servicios financieros son de equilibrio?

Según Dujovne, cuando se «disipe la incertidumbre política vamos a tener una tasa de inflación mucho más baja», una frase que apunta de lleno a influir en el proceso electoral. Y que además desconoce factores relevantes que explican la dinámica inflacionaria, entre ellos la política tarifaria y el comportamiento de los formadores de precios. Al respecto, resultó interesante el comentario de Jesko Hentschel, director para Argentina, Uruguay y Paraguay del Banco Mundial (BM): «no puede ser que los alimentos estén entre 35% y 50% más caros que en otros países a raíz de la falta de competencia, y no sólo internacional. Existen fuertes oligopolios, especialmente a nivel mayorista (El Cronista, 17/05/19). Interesante la frase, más aún viniendo de boca de un funcionario del BM.

El enfoque monetarista del gobierno no deja de golpear a los sectores productivos, en particular a las pymes. Los últimos datos de utilización de capacidad instalada de la industria (UCII) del Indec reflejan la realidad con contundencia. La UCII cayó un 10,6% en el primer trimestre de 2019, comparada con un año atrás. Son los impactos lógicos de las políticas que se instrumentaron desde la llegada de Macri a la Presidencia. Políticas que dejan en evidencia que la austeridad conspira contra la expansión del mercado interno. Esta realidad impacta en el empleo de estas empresas, y esto hace que caiga aún más el consumo, agravándose así la espiral recesiva.

Frente fiscal

Funcionarios del gobierno y medios afines están festejando que se alcanzó un superávit fiscal primario de $ 10.846 millones en el primer cuatrimestre de este año. Lo que no se detalla es que en el mismo período los intereses netos pagados crecieron hasta $ 192 mil millones, duplicando los pagos del mismo período del año anterior. De esa forma, el déficit financiero se ubicó en los $ 181 mil millones, un monto que necesariamente debe financiarse y que se suma a la ya elevada deuda pública. No obstante, tanto el gobierno como el FMI no prestan atención a este gran problema de las cuentas públicas: están muy contentos porque mejoró el resultado primario.

Más aún, en la reciente comunicación del resultado fiscal de abril, el Ministerio de Hacienda se ufana de que «esta mejora (el déficit primario recién comentado) se produjo a partir de que los ingresos crecieron 9 puntos porcentuales más que los gastos primarios (40,8% vs. 32,2% interanual)». Pero si lo vemos en términos reales, es decir, quitándole el efecto de la inflación, el escenario es más grave: los gastos cayeron un 13,5%, mucho más que la merma de los recursos que fue del 8 por ciento. Lo que indica que cada vez se necesita mayor ajuste para llegar cerquita del equilibrio primario como se prometió al FMI.

Resulta interesante continuar analizando el comportamiento en el primer cuatrimestre, que evita el resultado específico de un mes y da una idea más de película que de foto. Los gastos sociales se han derrumbado. En términos reales, lo pagado en jubilaciones es 14% menos que lo gastado en igual período del 2018, lo que denota por dónde pasa gran parte del ajuste. Cayeron un 21% los gastos por asignaciones familiares, un 10% las pensiones no contributivas y un 19% las prestaciones del INSSJP (principalmente Pami). El único rubro que ha crecido es la prestación de la AUH, y no demasiado (2,6% en términos reales). De todas formas, este último concepto sólo ocupa el 6% del gasto social total.

A contramano de la política de ajuste aplicada a otros rubros, los subsidios a la energía aumentaron un 91% en términos reales. Pero para el gobierno la culpa de esto la tiene «el impacto del tipo de cambio». El comunicado del ministerio da por supuesto que los ingresos recibidos por las prestadoras energéticas deben ajustarse estrictamente por el aumento del tipo de cambio, y en algunos casos, por el índice de precios al consumidor. En tiempos electorales, se han propuesto posponer los aumentos de tarifas para las familias y demorar otros que erosionarían aún más el bolsillo de los usuarios. Estas decisiones generan un fuerte aumento en los subsidios y las prestadoras, más que beneficiadas. Así luce la situación actual. Después de las elecciones, si este gobierno continúa, se esperan nuevas rondas de fuertes aumentos tarifarios.

Sin duda el sector energético es uno de los privilegiados por las políticas del gobierno. Además de la cuestión tarifaria, recibiría otro beneficio significativo: el gobierno suspendería el cobro del reciente aumento a la tasa sobre las importaciones, entre otros, a los bienes de capital destinados a la producción de petróleo no convencional de Vaca Muerta.

Los datos fiscales no dejan espacio a segundas lecturas: se gasta menos en cloacas, salarios, educación, salud, jubilaciones, y más en intereses.

En definitiva, el gobierno no tiene nada bueno para mostrar. Y no lo habrá mientras haya una fuerte recesión y caigan la actividad económica, el empleo, la inversión, y el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones. Ni siquiera aunque haya alguna mejora en un mes puntual.

Es preciso dejar de lado el objetivo de esta política económica, que es obtener un cada vez mayor superávit fiscal primario, en línea con los pedidos del FMI. Y el objetivo de alistar todos los cañones, ante las elecciones, para evitar la volatilidad del tipo de cambio, cueste lo que cueste.

Este orden de prioridades requiere modificaciones urgentes, lo cual para nada implica renegar del equilibrio fiscal. Las políticas públicas deben estar al servicio del crecimiento, un objetivo a alcanzar por vía de la expansión de los ingresos y del mercado interno. Sólo así se podrá poner en funcionamiento el principal motor de la economía y luego, no antes, aumentar la recaudación y la solidez fiscal. Volvemos a decirlo: lo que hay que hacer es abandonar este modelo de exclusión y ajuste. «