Las audiencias públicas previas a determinar la revisión tarifaria de transición a 2023 ya finalizaron. Ahora, resta la espera para la definición del gobierno nacional.

La luz aumentará entre un 7 y un 9 por ciento

Para el caso de la tarifa eléctrica, fuentes del gobierno adelantaron a Tiempo que lo más “lógico” y “razonable” es que el aumento oscile “entre un 7 y un 9%”, y que “no será lo que piden las empresas”, ya que “el aumento de tarifas acompañará la recuperación de los ingresos”.

En el mismo sentido, otra fuente oficial explicó: “Los ingresos que se garantizan a las distribuidoras serán únicamente aquellos necesarios para cubrir los costos de operación, mantenimiento e inversión. En ningún caso, el impacto de estos ingresos podrá arrojar aumentos que vayan en detrimento del crecimiento económico que busca el Ejecutivo”.

“La sociedad sobrevivió al ajuste realizado por la gestión anterior, que puso en riesgo muchas empresas”, por lo tanto, “los ajustes tarifarios serán por debajo de la pauta inflacionaria que se fijó en el Presupuesto”. En este sentido, “suena lógico que sea del 7 al 9 por ciento”.

En la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Edenor y Edesur pidieron aumentos de entre el 28 y el 45% para todos los usuarios. Al parecer, deberán conformarse con menos.

Fernanda Lacey, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores, que a su vez coordina la Comisión de Usuarios Residenciales del ENRE, explicó a este diario: “Tenemos la esperanza de que los aumentos sean lo menores posible. Salvo los directivos de las distribuidoras, todo el resto de las exposiciones giraron en torno a que las condiciones no están dadas para grandes aumentos”.

La incógnita del gas

Por el lado del gas, la cuestión es más compleja. El valor de su producción ya fue establecido por el Plan Gas.Ar en U$S 3,53 por millón de BTU (unidad de medida), para la producción interna, y de U$S 3,91 si se tiene en cuenta la importación.

El Estado subsidia el 60% de la producción total. Con los nuevos precios asumiría un costo de U$S 1235 millones, sobre un total de U$S 2059 millones, mientras que los usuarios pagarían U$S 824 millones. De esta forma, el Estado tendría una necesidad adicional de fondos de U$S 521 millones que busca evitar.

Si la parte subsidiada fuese del 35%, el Estado pagaría U$S 714 millones –sin necesidad de adicionales– y los restantes U$S 1345 millones quedarían a cargo de los usuarios. En la boleta, este enroque de aportes implicaría subas del 26 al 35 por ciento.

La citada fuente explicó al respecto: “La segmentación es una política que se está impulsando desde la Secretaría de Energía, en conjunto con los entes y el Ministerio de Economía. No se va a aplicar en bloque, sino en forma gradual, en el marco de una mejora de la administración de los fondos públicos destinados a los subsidios energéticos y en función de los ingresos de los usuarios”.

A esto, habría que sumar los aumentos pedidos por las empresas de transporte y distribución, del 40 al 58%. En la tarifa que llega a los hogares, significaría subas entre el 13 y el 20%. Si se sumara la quita de subsidios a la producción y los aumentos que piden las empresas de transporte y de distribución, los incrementos no serían menores al 60 por ciento. «