Después de la pausa por las fiestas de fin de año, el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional reanudaron las conversaciones para la formulación de un nuevo programa que reemplace al stand by de 2018. En la última semana hubo teleconferencias entre Sergio Chodos, director ante el FMI en representación del Cono Sur (en los hechos, negociador argentino en Washington) y el staff técnico de la entidad.
«En estos días habrá encuentros virtuales no definitorios. Vamos de a poco», dijeron fuentes del Ministerio de Economía a Tiempo sobre el ritmo de las negociaciones. «Para marzo o abril habrá novedades», pronosticaron.
La demora se entiende tanto por la complejidad de temas a abordar como por cuestiones políticas; en especial, la transición presidencial en Estados Unidos, país que nombrará un nuevo representante ante el organismo. Su peso en el Fondo es tal que ningún nuevo acuerdo se tomará sin su visto bueno. Menos si el trato a cerrar es por U$S 44 mil millones, como los que debe abonar Argentina.
Déficit y emisión
El eje de las discusiones pasa por el monto del déficit fiscal y la manera de financiarlo. Esto desemboca de manera inmediata en una segunda cuestión: cuál será el límite de la emisión monetaria, que será una de las principales vías para cubrir el agujero en las cuentas públicas. Desde el Palacio de Hacienda ya avisaron que la receta será la emisión de deuda, mayoritariamente en pesos, más los adelantos transitorios que otorgue el BCRA. Ahora bien, ¿cuánto habrá de cada uno?
El interrogante se potenció a la vista del recalentamiento inflacionario. Muchos economistas del establishment están convencidos de que el 4% de diciembre es una consecuencia directa de la avalancha de pesos que el Banco Central puso en la calle en el momento álgido de la pandemia y cuyos efectos, sostienen, se manifiestan con un rezago de entre seis y ocho meses. Desde la calle Reconquista contestaron con un paper publicado en el blog del organismo donde se postula que la inflación responde más a cuestiones inerciales y puja distributiva antes que a la cantidad de dinero en plaza.
Más allá de cuestiones doctrinarias, hay consenso en que ya se consumió el margen de maniobra que había quedado luego de que el macrismo, en un vano intento de contener los precios, secara la plaza de dinero. «El ratio de monetización en manos de privados en relación al PBI trepó al 15%, seis puntos porcentuales por encima del año anterior, ubicándose en el nivel máximo en los últimos 9 años», detalla un informe de la consultora LCG. Allí se señala que si bien la base monetaria creció sólo 30% en el último año, cuando se le agregan otros medios de pago como los depósitos en caja de ahorro y cuentas corrientes, la cuenta se dispara a 83%.
Para elaborar el Presupuesto, el gobierno estimó que en 2021 el déficit primario será de $ 1,7 billones (4,5% del PBI), suma que se estira a $ 2,2 billones si se incluyen los intereses de la deuda. En el texto se prevé que el Tesoro Nacional reciba $ 800 mil millones en concepto de utilidades del Banco Central, mientras que podría acceder a una suma similar por adelantos transitorios, el otro camino por el que la entidad puede girar dinero al gobierno.
El ministro Martín Guzmán cuenta con dos ases en la manga. Uno es que el déficit sea menor que el anunciado. De hecho, a la espera del dato oficial que se conocerá la semana próxima, FIEL anticipó en su último boletín un saldo negativo en torno al 6,5% del PBI. Otro es que en las cuentas no está incluido el impuesto a las grandes fortunas que el Congreso sancionó en diciembre y que deparará ingresos extraordinarios por unos $ 300 mil millones. Pero en el mazo también hay una sota que puede aparecer en cualquier momento: el riesgo de que un rebrote de la pandemia haga necesaria otra tanda de IFE, ATP y estímulos similares que, pese a la voluntad oficial, parece prematuro dar por caídos. «
Intereses: USD 8.043 millones
Los pagos realizados por el Tesoro nacional en concepto de intereses sumaron el equivalente a U$S 8043 millones durante 2020, según el cálculo realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). De esa suma, el 46% fue realizada en moneda extranjera y el resto en pesos.
De ese total, U$S 5706 millones correspondieron a títulos públicos. La suma podría haber sido mayor de no haberse producido la reestructuración de bonos en dólares, tanto bajo legislación extranjera como local, que permitió diferir los pagos previstos para este año.
El resto correspondió a desembolsos destinados a solventar los vencimientos de intereses por deudas con organismos multilaterales y préstamos bilaterales. En ese rubro se destaca el Fondo Monetario Internacional; a pesar de haber suspendido los desembolsos previstos y de la negociación abierta para sellar un nuevo programa entre las partes, el organismo cobró el equivalente a U$S 1306 millones. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con U$S 371 millones, y el Banco Mundial, con U$S 178 millones, también están en el listado.
