El mundo atraviesa una recesión de la que no hay registros y no existe fundamento alguno para echarle la culpa a la cuarentena: el problema es la pandemia. Existen, sí, distintas formas de encarar la cuestión sanitaria y tratar de que se contagie la menor cantidad de gente posible. Pero el nivel de actividad económica está cayendo en todos lados.
Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el PIB de ese país se redujo un 5% interanual en el primer trimestre del año, y analistas ya proyectan una baja cercana al 30% para el segundo trimestre. Este jueves se conoció el dato de los pedidos de subsidio de desempleo en Estados Unidos, que acumula más de 40 millones de personas desde el comienzo de la pandemia. Pero no hay que perder de vista que existe todo un segmento de la población que no está en condiciones de recibir este subsidio, por no estar en el sector formal de la economía, o por no tener documentación migratoria. Así que es mucho mayor el número real de los que perdieron el empleo y los que necesitarían el seguro. Es un tema de enorme gravedad que también refleja la exclusión que genera el sistema.
En cuanto a la Eurozona, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, acaba de indicar que la caída de 2020 estaría en el orden de entre el 8% y el 12%. Seguramente no esté en la misma situación Alemania respecto a Italia o España. El Consejo Europeo aprobó esta semana un plan de apoyo, basado en la emisión de deuda a nivel del bloque por unos 750 mil millones de euros. Aún debe pasar por los parlamentos de los países. El auxilio a los países se daría bajo la forma de subsidios (500 mil millones) y el resto como préstamos. Una de las cuestiones novedosas al interior de Europa radica en la aparición del concepto de subsidio directo. La otra es la idea de que la devolución de los intereses pueda ser afrontada con un conjunto de impuestos propios. Entre ellos, la tasa al carbono en frontera, la tasa digital, o un impuesto a las grandes corporaciones. Fortalece la idea de un tributo extraordinario a las grandes fortunas, como el que se está planteando en nuestro país.
Si todos estos impactos ocurren en los países desarrollados, no hace falta exigir mucho la imaginación para intuir con bastante certeza lo que puede pasar en los países pobres y en desarrollo. Más aún por la contracción del comercio global y la baja de precios, que impacta directamente en el ingreso por exportaciones.
Respecto de nuestra región, los analistas ya estiman una caída del PIB de Brasil del 12,7% en el segundo trimestre, y una baja del 6% para todo 2020. El desempleo ya se encuentra en el 12,6%, con una baja de 4,9 millones de empleos entre febrero y abril (mes en el que se perdieron 860.000 empleos formales, la mayor caída desde que hay registros).Para Chile se proyecta una caída de un -4,5%, la peor desde la crisis de 1982-1983; de hecho, el país trasandino solicitó al FMI un crédito de U$S 23.800 millones por la crisis de la pandemia.
En nuestro país, el INDEC acaba de informar que el valor de las exportaciones argentinas cayó un 10,1% interanual en el primer cuatrimestre y que las importaciones lo hicieron en un 21,5%. En cuanto al indicador de producción industrial de FIEL, la caída interanual de abril fue del 25,6 por ciento%. En este contexto se verificó una fuerte reducción en términos reales de los ingresos fiscales en abril (-23%), con relación al mismo mes de 2019. En tanto, el aumento del gasto primario fue del 35%, explicado principalmente por las medidas del gobierno para hacerle frente a la coyuntura actual.
Hay grandes empresarios que argumentan que no podrán pagar los salarios o los aguinaldos, piden créditos subsidiados y luego figuran en la cúspide de quienes giraron dólares al exterior. En la misma tónica están los que piden que se arregle el tema de la deuda como sea.
En una nota del diario Clarín se dijo esta semana: “los bonistas insisten en que las reuniones con el ministro «son frustrantes» porque no se le entiende qué busca. Dicen que manifiesta su intención de acordar, pero que no lleva adelante las medidas para cerrar el acuerdo”. Parece expresar entre líneas que el gobierno debe tener mayor voluntad y ser más flexible en la negociación.
En cambio, Joseph Stiglitz acaba de tratar a los acreedores, entre ellos los de Argentina, como “miopes e inhumanos”, ya que “el pronóstico es que varios países incluyendo al Congo, Zambia y posiblemente El Salvador, Iraq, Sri Lanka y Brasil podrían no tener la capacidad de pago de lo que deben a medida que la pandemia se traduce en una crisis económica: los capitales se están yendo de los países, las exportaciones colapsan y los precios caen”. Mientras el gobierno continúa dando señales de buena fe para arribar a un acuerdo, sin perder de vista la sostenibilidad. El ministro de Economía señaló este jueves que hubo “un acercamiento importante, pero aún resta un camino importante por recorrer”.
La sustentabilidad del país también está vinculada con la estructura impositiva. Es habitual escuchar de parte del establishment que lo que hay que hacer es reducir el gasto, lo que supone un mayor ajuste, pero nada se dice de los ingresos. Si uno asume que Argentina necesita gastar más en sanidad, en resolver los problemas de infraestructura de los barrios, cloacas, agua corriente o viviendas, se precisa disponer de recursos. Por eso es muy importante la referencia al sistema tributario que hizo el presidente Alberto Fernández. Señaló que “cuando vemos la recaudación impositiva y vemos que la mayor parte son impuestos al consumo, que pagan por igual el más pobre y el más rico, uno dice: ¡qué injusticia!”. También hizo alusión a la necesidad de conseguir una mejor distribución de la riqueza. Son cuestiones que comparto y que vengo sosteniendo desde siempre. Implican también una definición sobre el tipo de sociedad donde queremos vivir, con qué tipo de valores, con qué rol del Estado.
Por eso no hay que dejar de hacer un comentario a ciertas críticas que motivaron las últimas medidas del BCRA, con frases del estilo: “se restringe el acceso a dólares para el comercio exterior”. El Banco Central sólo adoptó una resolución atinada: que aquellos que tienen inversiones financieras en el exterior, antes de ir al mercado de cambios oficial en la búsqueda de moneda extranjera, a un valor de 67 pesos, tienen que usar los fondos propios. Y tampoco tendrían que haber realizado operaciones especulativas con bonos (MEP y Contado con liqui, como las llama el mercado) 90 días antes de la operación de comercio exterior, y no podrán hacerlo 90 días después. No es lógico que se vaya a una ventanilla del banco a pedir crédito subsidiado por el Estado, y por la otra girar divisas para al exterior. La ayuda estatal imprescindible debe ser para quienes la necesitan.
Son regulaciones necesarias para preservar las reservas y no presionar innecesariamente sobre el tipo de cambio. Los dólares de las Reservas Internacionales no deben facilitar ningún tipo de especulación, sino utilizarse para las compras que el país necesita. No hay dudas: estamos en presencia de un Estado que está dando respuestas a una situación compleja, y para ello requiere, entre otras cuestiones, revertir la brutal desregulación que se llevó a cabo en los anteriores cuatro años.
