Luis Almagro sigue demostrando su capacidad para generar rechazos en la comunidad latinoamericana y en su derrotero provocó una crisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de difícil pronóstico. De manera fuertemente cuestionada desde el interior de ese organismo, el secretario de la OEA rechazó la designación de Paulo Abrao apelando a denuncias secretas de maltrato al personal del organismo que el brasileño ocupa desde agosto de 2016.
Con esa medida que anunció cuando vencía el primer mandato de Abrao, Almagro logró encolumnar en su contra a gobiernos actuales, como el argentino, expresidentes, ex cancilleres, a la propia CIDH y hasta la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet.
En su defensa, el uruguayo dijo que había una campaña de desinformación en su contra, que no iba a aceptar la continuidad de una persona con más de 60 denuncias -que no mostró- y que no pensaba dar el brazo a torcer.
En esta pulseada, Almagro desconoce el mandato de Abrao y la CIDH desconoce el desconocimiento de Almagro con un simple dato: Abrao fue reelecto en enero pasado con el voto unánime de la CIDH como es de uso y práctica desde hace décadas. O sea, Abrao para la CIDH sigue siendo el secretario General del organismo.
El rechazo a la intromisión irregular de Almagro se fue generalizando y a lo largo de los días se sumaron los expresidentes Lula da Silva, Ernesto Samper, Rafael Correa, Fernando Lugo, Dilma Rousseff, más el resto del Grupo de Puebla.
Ese grupo de líderes latinoamericanos señaló que “no descarta que la intromisión del Secretario sea una respuesta a las recientes decisiones adoptadas por la CIDH en relación con la persecución de dirigentes políticos progresistas por parte de los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia”.Y agrega que Abrao tiene “una distinguida hoja de servicios en la defensa de los derechos humanos”. Destaca luego que formó parte de organizaciones de DDHH en su país y también en Mercosur y otras entidades regionales.
Ya se habían mostrado críticos contra Almagro los excancilleres Jorge Taiana, el boliviano David Choquehuanca, el brasileño Celso Amorín, los ecuatorianos Guillaume Long y Ricardo Patiño, el salvadoreño Hugo Martínez, el guatemalteco Fernando Carrera, la hodureña Patricia Rodas, el paraguayo Jorge Lara Castro y el uruguayo Rodolfo Nin Novoa.
Los exministros de Relaciones Exteriores abominan de los “informes privados, reservados y confidenciales para atacar la integridad moral, independencia y autonomía de la CIDH” y le exigen a Almagro que “se abstenga de intervenir en el proceso de selección de su Secretario Ejecutivo, respete las normas interamericanas en su conjunto y, en lo fundamental, respete la decisión unánime que adoptó la CIDH el 9 de enero del 2020 de prorrogar el mandato de su Secretario Ejecutivo”.
A la numerosa lista de personalidades que objetan a Almagro se sumaron decenas de organizaciones de todo el mundo y ex titulares y directivos de la CIDH, que consideran que la intervención de Almagro, a la que califican de sin precedentes, “desconoce y vacía de contenido la autonomía e independencia de la Comisión”.
La situación en la OEA es de franco deterioro desde hace años y se potenció a partir del triunfo electoral de mandatarios de derecha como Mauricio Macri en Argentina, en 2015; el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil en 2016; y el giro copernicano de Lenin Moreno en Ecuador en 2017, tras haber sucedido a su antiguo compañero de gestión Rafael Correa.
Almagro acompañó este retroceso contradiciendo sus orígenes. Había llegado a su cargo con el apoyo de los gobiernos progresistas de principio de siglo, siendo el miembro del Frente Amplio de Uruguay y tras su paso como jefe de la cartera de exteriores durante gran parte de la presidencia de José Pepe Mujica.
Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Almagro se convirtió en un ladero acrítico de cada una de las embestidas del departamento de Estado contra gobiernos progresistas. El caso de Venezuela es sintomático, ya que desde su despacho en Washington no hizo sino torpedear cualquier posibilidad de negociaciones para una salida democrática a la crisis en ese país.
La frutilla del postre fue el golpe contra Evo Morales en noviembre del año pasado. No se podría haber justificado si no fuera por un informe sesgado que presentó sobre las elecciones de octubre, en el que dejaba traslucir que había fraude. Algo que sucesivos estudios de instituciones privadas y públicas desmintieron con pruebas contundentes. Pero el daño ya estaba hecho.
Abrao había sido elegido en 2016, 15 días antes de la destitución de Rousseff, y había instaurado cambios en la CIDH que le generaron respeto en colectivos de Derechos Humanos de todo el mundo. Pero a medida que fue cambiando el panorama regional, sus informes resultaron irritativos para gobiernos obedientes con la Casa Blanca.
El brasileño emitió documentos críticos sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y mantuvo un enfrentamiento con Nicolás Maduro, que rechazó una visita a Venezuela para analizar denuncias sobre violaciones a los DDHH.
Pero al mismo tiempo, la postura de la CIDH sobre la brutal represión del gobierno de Sebastián Piñera en Chile, Moreno en Ecuador y la presidenta de facto Jeanine Añez en Bolivia no fueron del agrado de Almagro y sus sponsors en la OEA.
Para colmo, en mayo pasado se le vencía el mandato a Almagro y no tenía la menor intención de volver a su “paisito”. Un poco quizás porque la alianza de centroizquierda lo expulsó de sus filas luego de lo que hizo desde la OEA, y otro porque para la derecha siempre será un traidor. Conveniente en determinados momentos, pero alguien en el que no se puede confiar. No son pocos los que afirman que negoció votos a su favor a cambio de sacarse de encima a Abrao. Las fechas dan para esta interpretación.
El 9 de enero los miembros del organismo de Derechos Humanos prorrogaron el mandato del Secretario Ejecutivo, a pesar de que la gestión culminaba el 15 de agosto. El 10 de agosto, Almagro sacó a relucir un informe sobre unas 60 denuncias por maltrato laboral que hasta ese momento no se había dado a conocer.
Se trata de quejas presuntamente planteadas por personal de la CIDH a la que no se identificó -Almagro dijo que para resguardarlos- de 2019. Las denuncias se canalizaron a través de la Ombudsperson del organismo, Neida Pérez,
Sucede que la CIDH es un órgano autónomo y Almagro no tiene -o no debería- tener ningún tipo de injerencia para denegar la nominación de la persona que le organismo designe. Más allá de que toda denuncia debe ser investigada como corresponde, también llama la atención la oportuna aparición de denunciantes no identificados contra un personaje que no se adecuó a los cánones de Washington.
Es así que la CIDH mostró su rechazo a “la caracterización pública que se ha dado al contenido del informe confidencial de la Ombudsperson, respecto de la información y las denuncias sobre supuestos hechos ocurridos en el año 2019. Asimismo, la CIDH rechaza la caracterización que el Secretario General hace de la actuación de la Comisión, dando a entender que fue omisa en asumir su responsabilidad”.
Y puntualiza que “seleccionó a Paulo Abrao para el cargo de Secretario Ejecutivo el 27 de julio de 2016, luego de un largo proceso de selección. En el desempeño de las mismas funciones, la CIDH decidió por unanimidad en reunión celebrada en México los días 8 y 9 de enero de 2020 renovar el mandato del actual Secretario Ejecutivo para el período 2020-2024”.
Las cartas están echadas y es difícil pronosticar como sigue esta historia, cuando además los gobiernos regionales menos sometidos a los designios de la Casa Blanca rechazan la designación de un estadounidense al frente del Bando Interamericano de Desarrollo (BID) cargo para el que Donald Trump quiere poner a Mauricio Claver-Carone.
