La denuncia penal de los dirigentes de la agrupación Puebla, el ex legislador José Cruz Campagnoli y del integrante del Foro contra la Violencia Institucional, Flavio Turné Camacho, sumaron visibilidad y repudio a las imágenes que se reprodujeron por las redes sociales en las que se advierte a fuerzas de seguridad maltratando a un joven y a personas en situación de calle. En el trabajo advierten que “son parte del mismo operativo, son de la misma jurisdicción comunal, dado que ambos ocurrieron en el barrio de San Nicolás, y los agentes pertenecen a la jurisdicción de la Comisaría Comunal 1”.

En función de la denuncia, intervino el Ministerio de Seguridad porteño y iniciaron sumarios administrativos » para identificar a los policías», lo que es considerado por los organismos de DDHH como una provocación porque los protagonistas son claramente identificables por los videos. En realidad, se trata de una política del gobierno porteño de mantener a los agentes en su cargo, sin tomar medidas sancionatorias. Campagnoli asegura que, de ese modo, “garantiza impunidad y alienta estas prácticas policiales.

Son varios los videos viralizados en las últimas horas, pero fueron dos los que le dan sustento a la denuncia penal que recayó en el juzgado 47, que depende de Mónica Berdión de Crudo, una jueza que muchas veces recibió críticas por su acción no siempre firme sobre las fuerzas de seguridad y en una ocasión por no haberse excusas en una causa que investigaba un supuesto fraude de la constructora Dimas, perteneciente a su esposo.

Los dos videos que integran la denuncia fueron tomados por otros ciudadanos indignados por el accionar policial. En uno de ellos se advierte a dos miembros de la policía porteña que en principio parecía que intentaban garantizar el cumplimiento de la cuarentena. Pero según la denuncia, “se acercan a dos indigentes que se encontraban durmiendo en la calle y uno de ellos, el hombre, golpea y empuja sin mediar palabra alguna a uno de los jóvenes. Luego, mientras lo insultaba, empieza a patear sus cosas con el objetivo de humillarlo y denigrarlo. Esto en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires y a la vista de una vecina que valientemente lo filmó». El procedimiento policial fue realizado en Esmeralda al 500, en pleno barrio porteño de San Nicolás.

En el otro, el episodio ocurrió el 24 de marzo en la esquina de Córdoba y Montevideo, pleno centro porteño: dos policías de la Ciudad detuvieron y redujeron a dos jóvenes que, supuestamente, infringían el decreto de confinamiento social obligatorio. Pero “uno de los policías le propina un rodillazo a uno de los jóvenes que se encontraba completamente reducido, lo que representa un trato denigratorio y humillante practicado con el exclusivo propósito de mortificar al destinatario», según se remarca en la denuncia.

Campagnoli reafirmó puntualmente que estas prácticas son “una pequeña muestra de la violencia institucional propinada de manera sistemática por la Policía de la Ciudad y cuyas víctimas parecen ser siempre las mismas: los jóvenes y los sectores más humildes».

En el mismo sentido, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) aseguró que «es enorme la cantidad de hechos represivos que se han documentado, protagonizados por fuerzas de seguridad federales, provinciales y de la Ciudad». Y detalla el caso de «un trabajador de prensa, mientras cubría la actividad en la avenida Cabildo, sacó una foto, a distancia, de policías que, en la puerta de una conocida pizzería hostigaban a unos repartidores de plataformas de delivery y fue luego amenaza por los agentes. O que hace unos días «en Loyola entre Thames y Serrano, un patrullero (patente ABS17VQ) interceptó y detuvo a un joven repartidor de Rappi, a pesar que el chico les exhibió el permiso para hacer entregas de alimentos y su DNI».