En octubre de 2016, la entonces ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, firmó la adhesión de la Provincia al protocolo para la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) que había elaborado un año antes el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable de la cartera sanitaria nacional. Su decisión implicaba dejar atrás los obstáculos que planteaba la normativa anterior, de 2012, e imponía que los abortos no punibles fueran de aplicación obligatoria en el sistema de salud pública provincial. Sin embargo, en el mismo Boletín Oficial en que se publicó la medida, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió anularla, en atención a las presiones de la Iglesia y de prominentes miembros de su gabinete y –a juzgar por el «alivio» que le generó el rechazo del Senado al aborto legal– a sus propias convicciones. Ortiz renunció poco después. El protocolo bonaerense sigue siendo restrictivo. Las mujeres bonaerenses mueren: dos, por lo menos, desde que 38 senadores votaron por la continuidad de los abortos clandestinos.
De acuerdo al informe de gestión del primer semestre de 2017, el proyecto «Te acompañamos» (cuyo objetivo era fortalecer las redes de salud para personas en situación de aborto) realizó diversas capacitaciones para abordar estos casos. En mayo de ese año, por ejemplo, las hubo en seis establecimientos identificados como «Centros de Buenas Prácticas»: la Maternidad Carlotto (de Moreno) y los hospitales Penna (Bahía Blanca), Evita (Lanús), Cestino (Ensenada), Simplemente Evita (González Catán) y Belgrano, en San Martín, donde el fin de semana pasado se internó Elizabeth, condenada a la clandestinidad, desesperada, muerta tras intentar practicarse un aborto casero con un tallo de perejil. Hoy el programa no está funcionando en ningún centro de salud de la provincia.
«El de la ILE es un panorama muy heterogéneo en la Provincia. Cuando estuvo Zulma Ortiz había un plan de salud sexual y reproductiva que había avanzado en la capacitación de equipos y en la licitación de misoprostol para los centros de salud, y la cantidad de ILE aumentó», explica Sebastián Crespo, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de la zona norte del Conurbano. La situación cambió. A diferencia de lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires o en Santa Fe, el protocolo vigente en la Provincia dispone que los abortos no punibles deben realizarse en el segundo nivel de atención, es decir, en los hospitales, lo que deja afuera a pequeños hospitales municipales y centros de atención primaria de la salud. «Que la provincia no pueda garantizar la ILE en los lugares más accesibles a las mujeres, eso es un verdadero problema. Las mujeres de los barrios van ahí y no tanto a los hospitales. Lo primero que hace este protocolo es poner una barrera geográfica», expresa Gisela Stablun, médica de la Red que monitorea los distritos del sur bonaerense. Pero ni siquiera todos los hospitales cumplen la norma. Según admitió el propio ministro de Salud provincial, Andrés Scarsi –que reemplazó a Ortiz–, en una nota que brindó al diario Clarín, la ILE está «garantizada» sólo en 19 de los 80 hospitales del distrito.
«No se distribuye el misoprostol. Y el equipo interdisciplinario del que habla el protocolo, en los hospitales no hay esa cantidad de profesionales», afirma Stablun. Crespo agrega: «Tenés municipios donde se compra misoprostol y se distribuye y otros donde ni siquiera hay una consejería». En los hospitales, coinciden, «pasa lo que cada director quiere que pase». Cuando se niega a realizar una ILE, anula la derivación a otro establecimiento, y las mujeres, aun con causales, quedan obligadas a continuar con sus embarazos. «Lo que termina pasando –cierra Crespo– es que los equipos terminan siendo autónomos. Si están capacitados y tienen una perspectiva de género, el derecho se cumple. Y si no, no se hace nada». «
Dos muertes evitables
Dos mujeres murieron el fin de semana dos mujeres por abortos clandestinos en la provincia de Buenos Aires. En ambos casos llegaron al hospital con un avanzado cuadro séptico y no pudieron salvarlas. Elizabeth, de 34 años, estuvo internada casi 20 horas en una sala de guardia del hospital Belgrano, de San Martín, sin poder ingresar en terapia intensiva porque no había lugar. Se intentó derivarla a otros centros que tenían el mismo problema. Murió a poco de llegar al hospital Villegas de Martínez, de Pacheco. Se había provocado un aborto con un tallo de perejil.
También el lunes, en el Sanguinetti, de Pilar, falleció una mujer de 30 años, madre de cuatro hijos, que llegó con un aborto incompleto provocado por ella misma.
Proyecto
La diputada Lucía Portos pidió que el jueves 16 se trate en la Legislatura provincial un proyecto de protocolo para la interrupción legal del embarazo, dadas las dos muertes de mujeres, conocidas el fin de semana. El texto de su autoría establece el cumplimiento obligatorio en todos los centros de salud bonaerenses.
También prevé el resguardo de la intimidad de la persona solicitante y obliga al Estado provincial a informar sobre este derecho. Y obliga a cubrirlo a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga.
El texto hace hincapié en la capacitación que deben recibir todos los profesionales de la salud. El plazo para realizar la intervención tiene un tope de cinco días corridos. Los legisladores oficialistas impidieron tratar el proyecto.
