A pocos días del debate sobre el aborto en el Senado de la Nación, son muchos los motivos para celebrar y confiar en que Argentina se sumará al grupo de países que eligen proteger los derechos de las mujeres.
Durante los últimos meses el Congreso finalmente se dispuso a llevar al recinto un tema que había sido silenciado y excluido de la agenda legislativa por más de 30 años. Más de 800 oradores participaron de un intercambio que produjo conocimiento, estadísticas y expuso las obligaciones constitucionales e internacionales que el país debe honrar. Incluso cuando se abusó de ciertos conceptos, por ejemplo información incorrecta o datos falsos, la democracia deliberativa logró imponerse.
Pese al resultado al que se llegue en el recinto, la sociedad argentina despenalizó el aborto en los hechos. La mayoría no cree que las mujeres deban ir presas por acceder a un aborto en ningún supuesto. Entendió que las leyes penales que castigan y restringen la interrupción del embarazo son el ejemplo paradigmático de los obstáculos inadmisibles, que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud; y que por ello deben eliminarse.
Las calles, las veredas, las escuelas se tiñeron de verde como expresión de un movimiento social que está dispuesto a reclamar por sus derechos.
Las adolescentes y las jóvenes se trasformaron en actores relevantes en la demanda por el aborto legal, porque saben lo que está en juego, la autonomía para decidir sobre sus cuerpos de manera informada y el ejercicio libre de su sexualidad. Su futuro.
Por ello, los senadores y senadoras que tengan aspiraciones políticas para 2019 deberán tener especialmente en cuenta al sujeto sociopolítico conformado por jóvenes y adolescentes, ya que a través de su voto exigirán a los candidatos que tengan un compromiso con la agenda de género.
Otro de los aspectos positivos a los que ha dado lugar el debate por la legalización del aborto en el Congreso es haber generado un inusitado consenso sobre la necesidad de que niños, niñas y adolescentes reciban educación sexual integral (ESI) en las escuelas.
Llama la atención que los detractores de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que reclaman la necesidad de garantizar la ESI como medida para prevenir el aborto, sean los mismos que hasta hace poco tiempo oponían resistencias -cuando no obstáculos deliberados – para su implementación.
Quienes hace años defendemos que se garantice el aborto legal, venimos reclamando que se haga efectivo el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, confesionales o laicos.
Argentina cuenta con una ley de avanzada en materia de educación sexual, que además crea el Programa a cargo de su ejecución. Sin embargo su implementación en todo el país es errática; y la percepción de los jóvenes en relación con la información recibida insuficiente. En una evaluación llevada adelante por el Estado por el programa Aprender 2017, ocho de cada diez estudiantes reclamaron acceder a la educación sexual integral.
Los índices de embarazos no deseados también reflejan la necesidad de respuestas contundentes por parte del Estado. En Argentina, cada 4 horas una niña de entre 10 y 14 años es madre. Solo en 2015 se registraron 72.791 embarazos no deseados de adolescentes entre 15 y 19 años.
Países desarrollados, y otros más cercanos a nuestra realidad, como Uruguay, han sabido complementar sus políticas de aborto legal con educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos como fórmula para disminuir la muerte de mujeres gestantes y reducir el número de abortos.
Argentina está a un paso de sancionar una ley que sustraerá el aborto de la ilegalidad y la clandestinidad. Que garantizará el acceso de mujeres, niñas, jóvenes a la salud. Que reforzará la necesidad de que las generaciones que vienen accedan a educación sexual integral, a servicios de salud amigables y a métodos anticonceptivos.
Todo esto no habría sido posible sin el movimiento de mujeres, un colectivo intergeneracional que unió a mujeres de todas las edades con una causa común: luchar por su vida, su autonomía, su futuro, por su libertad. No hay lugar para excusas: el Congreso debe garantizar en la ley lo que ya es un derecho de las mujeres.
Por Paola García Rey directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos y Lucila Galkin, coordinadora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina
