Con lógicos altibajos, la economía sigue creciendo, a la vez que se impulsan nuevas medidas desde el Gobierno nacional para que esta tendencia continúe prevaleciendo, a pesar de las eventuales restricciones que exija la evolución de la pandemia.
La actividad industrial, estimada en base al consumo de energía que calcula el Ministerio de Desarrollo Productivo, se expandió un 27,4% interanual en marzo de este año. Dada la baja base de comparación, marzo 2020 fue un mes atípico por el comienzo de la pandemia y la consecuente paralización en algunas actividades, al efectuar la medición con respecto a marzo 2019 (sin pandemia sanitaria), la actividad industrial creció un 7,9% en marzo 2021. Además, de los 14 sectores relevados, 13 consumieron igual o más energía en marzo pasado que en el promedio de 2019. Los sectores con mejor desempeño fueron metalmecánica (16,7%, impulsada por maquinaria agrícola y electrodomésticos) y el automotriz (19,7%). En cuanto a este último, cabe destacar que, según Adefa, se produjeron 43.160 vehículos en marzo, el mayor valor desde agosto 2018. Estos datos compensan en parte la desaceleración en la actividad industrial que se había registrado en febrero pasado debido, principalmente, a paradas técnicas programadas en algunas plantas productivas. El valor del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de febrero reflejó en gran parte lo ocurrido en la industria. Registró una contracción interanual del 2,6% y del 1% con respecto a enero. La construcción, la actividad de comercios mayoristas y minoristas, intermediación financiera e industria manufacturera (en menor medida) fueron los que contribuyeron positivamente. En el otro extremo, evidenciaron caídas los sectores de hoteles y restaurantes, servicios sociales y personales y transporte y comunicaciones. Es decir, los más afectados por las restricciones que impuso la pandemia. Es esperable que la medición general del EMAE de marzo muestre un mejor desempeño, dada la mencionada reactivación de la industria durante ese mes.
Nuevas medidas
En línea con algunos anuncios del Gobierno nacional que mencioné en mi columna anterior, hubo otras novedades esta semana. Por un lado, se oficializó la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente. El mismo implica una suma de hasta $18.000 a trabajadores/as de ese rubro. En principio, el pago será por un mes, pero admite ser extendido toda vez que se prorroguen las medidas de prevención.
Al mismo tiempo, se encuentra en proceso un acuerdo de congelamiento de precios y de líneas de financiamiento con los productores y comercializadores de artículos electrónicos y electrodomésticos. “Una computadora y un celular son hoy un producto de primera necesidad y tienen que ver con estrategias educativas a distancia, por lo que esto es un tema central y forma parte del esquema que anunciamos la semana pasada”, remarcó el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Desde dicho ministerio también se está negociando con empresarios de la industria alimenticia el congelamiento del precio de 120 productos de consumo masivo a precios populares y por el plazo de seis meses, lo que servirá, además, para generar referencias en almacenes y autoservicios que aún no cuentan con Precios Cuidados.
Esta es una de las tantas iniciativas que se lleva a cabo desde el Gobierno para contener el alza en los precios cuya raíz es multicausal. La puja distributiva, en particular, es un tema que sigue siendo abordado desde el Estado a través de controles e informaciones solicitadas a las grandes empresas. Según las declaraciones de Kulfas: “Vemos que hay abusos sobre los consumidores, algunas prácticas que son casi una estafa al consumidor, como la de sumarle un gramo y cobrarlo un 50% más caro, eso es una estafa”.
En otro orden de cosas, se otorgará un bono de $6.500 mensuales para 740.000 trabajadores de la salud durante los próximos tres meses. En ese mismo marco (y con poca repercusión), también se anunció una inversión de $10.155 millones para ampliar la red de Emergencia Sanitaria Federal con 134 nuevas obras. Según destacó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis: “No se frenó nunca la inversión en el sistema sanitario (…) 262 obras se ejecutaron o se están ejecutando para pasar de 3.000 camas a las actuales 4.500”.
Continuando con el área de la salud, el Gobierno extendió hasta fin de año la eximición del pago de las contribuciones patronales a empleadores que pertenezcan a servicios e instituciones relacionadas con la salud. Esa es la forma de enfrentar los grandes desafíos que plantea la pandemia. Con respuestas. El Gobierno está haciendo esfuerzos diversos con recursos escasos. No olvidemos el deterioro de las cuentas públicas y el exorbitante endeudamiento con el que asumió Alberto Fernández en diciembre 2019 para luego, sin tiempo para una recuperación, lidiar con la pandemia.
Con relación a esto, es interesante mencionar algunos datos del último informe de la Cepal “Panorama fiscal de América Latina”. Según los cálculos del documento, Argentina fue uno de los países con elevado incremento real del gasto primario en 2020 con respecto a 2019: 20,1%. Un reflejo, en gran parte, de la importante batería de medidas que desplegó el Gobierno nacional desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, el resultado fiscal global fue exactamente el mismo que en 2019: -3,7% del PIB. Es decir, se incrementó fuertemente el gasto en 2020, pero esto no se tradujo en un mayor déficit. La explicación es que, al mismo tiempo, gracias a la reestructuración de la deuda con bonistas privados, la Argentina tuvo una baja en el pago de intereses equivalente a 2 puntos porcentuales del PIB con respecto a 2019. Gracias a esta disminución de intereses, entre otras, el Gobierno pudo realizar las necesarias erogaciones para paliar los efectos económicos de la pandemia. A modo de ejemplo, el IFE implicó 1 punto porcentual del PIB, mientras que el ATP un 0,6%..
Volviendo a la Cepal, lo ocurrido en la Argentina concuerda con lo expresado por su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena. Los dos grandes desafíos que enfrentan las políticas fiscales en los países de la región son: generar el financiamiento para mantener el gasto público frente a la pandemia, y fortalecer la sostenibilidad de una política fiscal expansiva. Para lograrlos, menciona entre otros, “valorar el alcance de los impuestos a la propiedad y al patrimonio en un contexto de bajos ingresos tributarios, baja progresividad de la estructura tributaria, creciente desigualdad y necesidad de hacer frente a los costos de la pandemia”.
En ese sentido señala que sólo tres países de América Latina aplicaban un impuesto al patrimonio antes de la pandemia: Argentina (impuesto sobre los bienes personales), Colombia y Uruguay. Aclara no obstante que la recaudación es pequeña en los tres países, y la mayor llega al 0,1% del PIB, en el caso de la Argentina. Es por ello que el organismo destaca como favorable la aplicación reciente del Aporte Solidario sobre los grandes patrimonios en nuestro país.
Por más que algunos sectores quieran transmitir lo contrario, la realidad es que la Argentina está encarando este especial momento que vivimos con una gran cantidad de herramientas, que poseen una orientación que los organismos internacionales están recomendando. De allí que podría decirse que muchos de los críticos de la política actual están colocados incluso a la derecha del FMI.
