La medida busca subir de 62 a 64 años la edad para retirarse, además de exigir 43 años de aportes. Miles de personas en París y otras ciudades del país galo ganaron las calles en repudio.
Los grandes sindicatos de Francia unieron sus voces en todo el país y las dos medidas que cristalizan el descontento son el retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación de 62 a 64 años y el adelanto a 2027 de la exigencia de aportar durante 43 años -y no 42 como ahora- para cobrar una pensión completa.
La marcha en París registró algunos choques con las fuerzas de seguridad, que terminaron con 18 detenidos, según la policía.
Las autoridades desplegaron 11.000 agentes en el país, de los cuales 4.000 se concentraron en la capital.
Ya desde la mañana, la huelga contaba con fuerte acatamiento en los transportes, particularmente en el subte de París, los trenes de cercanías de la región parisina y los ferrocarriles de provincia, donde la circulación era cercana a cero.
La incógnita de la jornada era si los sindicatos iban a movilizar más gente que el 19 de enero, cuando 1,12 millones de personas se manifestaron, según las autoridades (el doble para los sindicatos).
Hay «más gente» en la calle, dijo Laurent Berger, líder del principal sindicato, CFDT, al inicio de la marcha en París.
«Según las informaciones que recibí, hay más gente que el 19», abundó Philippe Martinez, de la Confederación General del Trabajo (CGT).
La central CGT anunció medio millón de manifestantes en la capital. Doce días atrás, cifró 400.000 movilizados (80.000, según el Gobierno).
Los servicios de inteligencia interior y la policía proyectan 1,2 millones de manifestantes como máximo en Francia.
A la espera de los datos de París, las primeras cifras oficiales apuntan a una participación ligeramente al alza: 40.000 en Marsella, 28.000 en Nantes, 23.000 en Rennes, etc.
En cambio, los trabajadores públicos en huelga fueron menos en la educación -uno de cada cuatro docentes, según el Gobierno; el doble para los sindicatos-, así como en la empresa de ferrocarriles SNCF (36,5%), de acuerdo a una fuente sindical.
La punta de lanza vino en esta ocasión del sector energético. Las centrales nucleares registraron una caída de producción de unos 3.000 MWh, según la empresa EDF. Y entre un 75% y un 100% del personal de las refinerías y de los depósitos de TotalEnergies se unieron al paro, según la CGT.
Los manifestantes piden que el Gobierno dé marcha atrás a endurecer las condiciones para acceder a una pensión completa, pero la primera ministra Élisabeth Borne ya advirtió que el retraso a 64 años «no era negociable».
La oposición de izquierda pidió así una «moción de censura popular» en las calles.
«Estamos viviendo un día histórico. El señor Macron está seguro de perder», dijo su líder Jean-Luc Mélenchon, que reclamó un «referéndum» sobre el proyecto.
Con el rechazo ya anunciado del frente de izquierdas Nupes y de la extrema derecha, el Gobierno espera lograr el apoyo clave en el Parlamento del partido de derecha Los Republicanos (LR), favorable a una reforma pero dividido sobre si sostener la actual.
El rechazo popular, actualmente alrededor del 70% según los sondeos, no ayuda. Además, según una encuesta de la consultora Odoxa, dos de cada tres franceses valoran negativamente al presidente y a su primera ministra.
Desde su llegada al poder en 2017, Macron defendió su voluntad de «sacudir» el sistema con sus reformas de corte liberal, que en ocasiones le valieron una imagen de «presidente de los ricos», como durante la protesta social de los chalecos amarillos.
La edad de jubilación en Francia es una de las más bajas de Europa y acercarla a la de sus vecinos busca garantizar el equilibrio futuro en la caja de las pensiones, según el oficialismo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó el lunes su apoyo a la reforma, que junto a la aprobada sobre el seguro por desempleo, permitiría que Francia reduzca su deuda pública, situada por encima del 110% del PBI.
Después que la pandemia obligara a retirar un primer intento, el Gobierno escogió un polémico procedimiento parlamentario que le permite aplicar el actual plan si las dos cámaras del Parlamento no se pronuncian para finales de marzo.
La Asamblea Nacional (Cámara baja) empezó esta semana a examinar en comisión las 7.000 enmiendas presentadas al texto, antes de que pase al pleno el lunes y, a continuación, al Senado.
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